46 ORGANIZACIONES PIDEN A LA UE PROTEGER LOS DERECHOS, NO EXTERNALIZARLOS
46 organizaciones de derechos humanos, humanitarias, de la sociedad civil y sindicales de 16 países, rechazan los planes para establecer los llamados «centros de retorno» fuera de la Unión Europea y piden a los gobiernos europeos que respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas
[tomado de Servicio Jesuita a Migrantes]
Comunicado conjunto
Nosotras, 46 organizaciones de derechos humanos, humanitarias, de la sociedad civil y sindicales de 16 países, rechazamos firmemente los planes para establecer los llamados «centros de retorno» fuera de la UE.

16 de noviembre de 2026. Hoy, Austria, Dinamarca, Alemania, Grecia y los Países Bajos han presentado formalmente sus planes para establecer un «centro de retorno» en Ruanda.
El anuncio de hoy abre una nueva fase de políticas perjudiciales de externalización, a las que nos oponemos firmemente las 46 organizaciones firmantes de 16 países. Amparados por el nuevo Reglamento de Retorno de la UE, estos planes permiten enviar a personas sin derecho a permanecer en la UE a países con los que no tienen vínculo alguno. Estas políticas sitúan a las personas, y la responsabilidad por su seguridad y sus derechos, fuera de la vista de la opinión pública y al margen del escrutinio. Ni la elección del país socio, ni las garantías jurídicas, ni la supervisión institucional pueden eliminar los riesgos fundamentales asociados a estos «centros de retorno».
Algunos Estados miembros están rebautizando estos «centros» como «centros de acogida» u «oportunidades» para las personas migrantes. Se trata de un eufemismo que encubre el traslado forzoso, como parte de una política basada en un profundo desprecio por la capacidad de decisión de las personas migrantes y en la idea de que el país que ejecuta el retorno puede disponer de sus vidas y de su futuro. Las personas serán trasladadas a estos centros de deportación contra su voluntad, a menudo después de años viviendo y trabajando en Europa, a un país en el que quizá nunca hayan vivido, sin familia, redes de apoyo ni perspectivas reales.
Esto demuestra que los Estados miembros aceptan el riesgo de graves violaciones de los derechos humanos contra uno de los grupos más marginados de la sociedad a cambio de un objetivo disuasorio que, como indican claramente las evidencias disponibles, no lograrán alcanzar. Estas medidas crueles agravan la inseguridad de las personas y pueden hacer más peligrosas las rutas migratorias. Cuando Israel deportó a personas a Ruanda y Uganda, se les prometió una situación jurídica regular y seguridad.
Sin embargo, las investigaciones indican que muchas se vieron empujadas a continuar su viaje por rutas peligrosas y acabaron en manos de redes de trata de personas. Cambiar el nombre de estos acuerdos no modifica su realidad: son traslados forzosos que expulsan a las personas fuera de la UE, difuminan los límites de la responsabilidad y la jurisdicción, y las envían a países que con frecuencia han mostrado desprecio por sus derechos.
Ruanda: sin protección ni supervisión independiente
El Reglamento de Retorno recientemente adoptado solo permite acuerdos con países que respeten las normas internacionales de derechos humanos y la prohibición de devolución. Ruanda no cumple estos requisitos. La propia autoridad de asilo de Austria, en su información sobre Ruanda como país de origen, da cuenta de torturas durante la detención, detenciones arbitrarias e impunidad en los servicios de seguridad. En 2023, el Tribunal Supremo del Reino Unido constató un riesgo real de devolución contraria al principio de no devolución y señaló que las personas enviadas a Ruanda en virtud del anterior acuerdo con Israel eran trasladadas habitualmente de forma encubierta a Uganda.
En Ruanda, los tribunales no son independientes del Gobierno; las fuerzas de seguridad han arrestado y detenido a personas arbitrariamente y sin las debidas garantías procesales; las denuncias de malos tratos son desatendidas de manera habitual; y el país no ha demostrado capacidad para garantizar procedimientos justos y una protección adecuada a las personas trasladadas por la fuerza desde otro país.
Sobre todo, sigue sin estar claro cómo podría funcionar la supervisión. El Reglamento de Retorno exige un mecanismo independiente de supervisión del propio acuerdo o disposición únicamente cuando se prevean traslados posteriores a otros países, pero esto no basta. La supervisión solo es eficaz si las vulneraciones pueden detenerse, y el Reglamento de Retorno no aclara qué ocurre cuando estas quedan fuera del ámbito del acuerdo o disposición. Incluso dentro de la UE, los mecanismos de supervisión no han conseguido detener la violencia en las fronteras. Allí donde la UE carece tanto de jurisdicción como de facultades para hacer cumplir las normas, un mecanismo de supervisión sobre el papel no cambia nada.
Al recurrir a terceros países para que asuman sus obligaciones de protección, la UE se hace dependiente de Estados ajenos a la Unión y les permite utilizar la migración en función de sus propias agendas políticas. Al mismo tiempo, estos acuerdos, negociados en un contexto de profundas asimetrías de poder, trasladan la responsabilidad a países que ya acogen a más personas refugiadas con muchos menos recursos. Reducen la capacidad de decisión de los países africanos y erosionan la promesa de una asociación entre la UE y África en pie de igualdad. Al anteponer su propia agenda de retorno a las prioridades que los países africanos han establecido recientemente, la UE socava su credibilidad como socio de confianza.
Frontex: falta de rendición de cuentas por las vulneraciones de derechos
La nueva propuesta de Reglamento de Frontex presentada por la Comisión permitiría a la agencia apoyar operaciones de retorno en terceros países, incluida una posible participación en la puesta en marcha de «centros de retorno», siempre que exista un acuerdo de la UE. En la actualidad, Frontex sigue operando con una falta de rendición de cuentas de facto: la indefinición de las responsabilidades de la agencia y de los Estados miembros ha impedido durante mucho tiempo que se exijan responsabilidades judiciales de manera efectiva. En lugar de abordar estas deficiencias, la nueva propuesta elimina la obligación vigente de asignar al menos una persona supervisora de derechos fundamentales a cada operación. Frontex tendría más poder, pero no estaría sujeta a una mayor rendición de cuentas.
Los riesgos asociados a los «centros de retorno» no son fallos de aplicación, sino que constituyen la propia finalidad del modelo. Como sociedad civil, pedimos a Austria, Dinamarca, Alemania, Grecia y los Países Bajos que abandonen los planes para establecer el llamado «centro de retorno» en Ruanda y que no trasladen a personas a países con los que no mantienen vínculos significativos.
En su lugar, los Estados miembros de la UE deberían cumplir sus obligaciones internacionales y ofrecer soluciones duraderas, dotadas de recursos suficientes, que brinden a las personas una oportunidad real de formar parte de pleno derecho de la sociedad. Estos son los valores sobre los que se funda la UE, y la animamos a actuar conforme a ellos.
Organizaciones firmantes
- NTERSOS HELLAS, Grecia.
- WeMove Europe, UE.
- Greek Council for Refugees (GCR), Grecia.
- Jesuit Refugee Service Serbia, Serbia.
- 11.11.11, Bélgica.
- JRS Switzerland, Suiza.
- European Network Against Racism (ENAR), Bélgica.
- CNCD-11.11.11, Bélgica.
- Fondation pour la promotion des droits, Argelia.
- Jesuit Refugee Service (JRS) Europe, UE.
- Jesuiten-Flüchtlingsdienst Deutschland, Alemania.
- Jesuit Refugee Service, Kosovo.
- Netherlands Refugee Foundation (Stichting Vluchteling), Países Bajos.
- ASKV, Países Bajos.
- Jesuit Refugee Service Poland, Polonia.
- Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans, España.
- Klikaktiv, Serbia.
- FEANTSA – European Federation of National Organisations Working with the Homeless, UE.
- Here to Support, Países Bajos.
- Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Bélgica.
- JRS France, Francia.
- Brot für die Welt, Alemania.
- Validity Foundation – Mental Disability Advocacy Centre, Hungría.
- HIAS Europe, Bélgica.
- medico international, Alemania.
- Dutch Council for Refugees, Países Bajos.
- PRO ASYL, Alemania.
- EuroMed Rights, Bélgica / ámbito regional.
- Statewatch, Reino Unido.
- Terre des Hommes, Alemania.
- Sea-Watch, Alemania.
- SOLIDAR, Bélgica.
- Equinox Initiative for Racial Justice, UE.
- Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), UE.
- ECCHR – European Center for Constitutional and Human Rights, Alemania.
- EPSU European Public Service Unions, UE.
- Red ACOGE, España.
- asylkoordination austria, Austria.
- Novact, España.
- Quaker Council for European Affairs, Bélgica.
- ILGA-Europe, Bélgica.
- IRC – International Rescue Committee, Bélgica.
- JRS Romania, Rumanía.
- Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME), Bélgica, UE.
- CIRÉ, Bélgica.
- SOS Balkanroute, Austria y Bosnia y Herzegovina.
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