PETICIÓN FORMAL DE REGULARIZACIÓN DE LAS PERSONAS INMIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR AFECTADAS POR LA DANA – 2 de dic. de 2024 –
(Entrada publicada el 6.12.24). ACTUALIZACIÓN 27.12.24. El Gobierno renovará y flexibilizará los permisos de residencia y trabajo de los inmigrantes afectados por la dana. El Consejo de Ministros aprobará instrucciones para prorrogar autorizaciones de las víctimas extranjeras que vivían o trabajaban en las zonas arrasadas. Inicialmente, se planteó regularizar también a los extranjeros sin papeles, pero la medida ha quedado en el aire. (Noticia completa en El País). ACTUALIZACIÓN 10.11.24. El Gobierno El Gobierno regularizará a 25.000 inmigrantes afectados por la dana. Migraciones concederá autorizaciones de residencia y trabajo de un año de duración a las víctimas en situación irregular, una medida excepcional que ya se aplicó en el 11-M. (Noticia completa de María Martín para El País).
Amparándose en el Derecho constitucional (art. 29) de Petición, la Clínica Jurídica de Acción Social de la Universidad de Salamanca invita a firmar una petición de regularización de las personas migrantes afectadas por la DANA por trabajar o residir en la zona afectada de Valencia.
La petición completa puede leerse y descargarse (PDF) en este enlace (o verse al final de esta entrada).
El arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Cobo, ha instado a los políticos a “sentarse a negociar” para dar una solución a la crisis migratoria. Pide a los diputados que saquen adelante la regularización extraordinaria de 500.000 trabajadores migrantes
“Los políticos tienen que hablar y se tienen que sentar a negociar”, ha señalado Cobo en una entrevista concedida a Europa Press, al tiempo que ha hecho un llamamiento a tomar dos posturas, una primera de “acogida” y otra de regularización y de lucha contra las mafias.
“Tenemos que tomar una postura primero de acoger a quien llega huyendo de infiernos. Huyendo de infiernos, no nos olvidemos que es de esto. Es una primera postura de dignidad humana, pero luego hay que tomar otra. Yo creo que, y es la que tendremos que apoyar como Estado, el Estado tiene que también apoyar para la regularización de esos flujos migratorios. No pueden estar en manos de mafias, no pueden estar al albur de otros intereses”, ha insistido el arzobispo.
A su juicio, es un tema “prioritario” en el que no se pueden “ir poniendo parches” ni tomar “decisiones totalmente parciales”. Por ello, ha defendido la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de más de 500.000 personas trabajadoras migrantes y ha asegurado que están instando “a los diputados para que, por favor, la saquen adelante”.
“Tenemos un montón de migrantes que están cuidando a nuestros ancianos, que están atendiendo a nuestros niños, que llevan mucho tiempo aquí y que todavía no tienen acceso a los papeles. Pedimos a los políticos que se sienten, porque es un problema real. No es un problema de partido político, es un problema de nuestra sociedad”, ha añadido Cobo.
Asimismo, el arzobispo ha abogado por un Pacto Global de Migraciones para que las políticas migratorias en Europa de cara a los próximos 20 años no queden a la voluntad de un partido político u otro. “¿Qué hace Europa con la migración? No podemos dejarla a la nota de un partido político, de otro partido político, sino sentarnos a hacer la política con mayúscula. Europa no puede vivir sin la migración porque no tenemos hijos”, ha advertido, apostando por “una migración racionalizada y legal”.
Para Cobo, la migración es “una bendición” en las parroquias, por todo lo que “aporta”. Por ello, ha hecho un llamamiento a apoyar “la globalización de la responsabilidad”. “Yo creo que es tiempo donde afrontemos una responsabilidad global. Y donde pidamos a políticos, a los poderes económicos y a la propia Iglesia también que ponga la mesa para todo ello, que pueda facilitar ese gran pacto mundial y global de las migraciones”, ha subrayado.
Viaje del Papa a Canarias
Preguntado por la posible visita del papa Francisco a Canarias, Cobo ha asegurado que “lo tiene encima de la mesa” y no descarta que “cualquier día dé una sorpresa” y acuda al archipiélago para “llamar la atención” sobre la situación que se vive allí.
Precisamente, Cobo ha indicado que últimamente cuando estuvieron con el Pontífice, le presentaron los proyectos de cohesión de toda la zona mediterránea y de la zona atlántica por lo que “está muy al día de la situación” y “la preocupación está”.
“Los viajes del Papa también están siendo como momentos para llamar la atención a periferias o a realidades que a veces nos olvidamos. Estamos preocupados de muchas cosas y el Papa va a esos lugares especialmente necesitados de una mirada de la dignidad y especialmente necesitados de una palabra especial de esperanza y yo creo que Canarias lo necesita”, ha subrayado.
La Federación Interfranciscana de España, constituida por todas las Congregaciones franciscanas masculinas y femeninas y por los franciscanos seglares de España, queremos expresar a toda la sociedad, pero especialmente a los partidos políticos, nuestro ferviente deseo de que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de aproximadamente 500.000 personas extranjeras que residen de forma irregular en España desde noviembre de 2021, que fue votada por todos los partidos (excepto uno) en el Congreso de los Diputados el 9 de abril de 2024 a favor de su tramitación parlamentaria, no se quede en un cajón como ha ocurrido con otras iniciativas parlamentarias, sino que, efectivamente, se debata en Comisión y se apruebe con agilidad.
Es necesario que los partidos agilicen la actual fase de debate y aprobación, dotando a la ILP de eficacia en su objetivo, actualizando la fecha de corte y velando porque los requisitos y reglamentación del procedimiento de regularización ordenen la vida de sus posibles beneficiarios con garantía y seguridad.
Queremos recordar que esta ILP, en la que nos volcamos muchas organizaciones de Iglesia, incluidas Cáritas, la CEE y CONFER, junto con otras muchas organizaciones sociales, recogió 700.000 firmas, bastantes más de las 500.000, que son las que se requieren para que se pueda llevar al Congreso cualquier iniciativa popular.
También recordamos que, en años pasados, tanto con los gobiernos del PP como del PSOE, ya se hicieron otras regularizaciones: Felipe González en 1986 regularizó a 150.000 personas; José María Aznar en 1996, 2000 y 2001 facilitó los papeles de trabajo y residencia a 524.621 inmigrantes no comunitarios; Zapatero promovió la última gran regularización extraordinaria en 2005 que afectó a 576.506 personas. Las regularizaciones extraordinarias son necesarias porque los trámites ordinarios pueden durar años y dejan a las personas en situación de desprotección, sin derechos básicos. Y, además, se hacen en todos los países.
Nosotros, como Familia Franciscana, estamos a favor de esa regularización por razones humanitarias y por convencimiento de fe (el Papa Francisco lleva años insistiendo, con sus gestos y sus palabras, en la frase del Evangelio “fue extranjero y me acogisteis”), pues significaría la normalización de la vida de varios cientos de miles de personas migrantes que ya llevan viviendo varios años en España en una situación precaria, cuando se sabe que nuestro país necesita y va a necesitar miles de inmigrantes para sostener el tejido productivo, el escudo social y el estado de bienestar.
Como también pensamos que, ante la crisis migratoria, es necesario que en España se llegue a un Pacto de Estado sobre migración. Por eso instamos con fuerza a todos los partidos, pero especialmente al PSOE y al PP, a que trabajen decididamente para llegar en esta legislatura a ese Pacto de Estado.
Iniciativa Legislativa Popular para una REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA DE MIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR
Este es un documento formativo para una decisión responsable sobre la petición de firmas para que se presente una Iniciativa Legislativa Popular para una Regularización Extraordinaria de Migrantes en Situación Irregular.
– Entrada publicada el 5.11.22; actualizada el 11.5.22 –
Nota de la Mesa sobre más materiales acerca de la ILP en nuestra web
Vídeo del debate de 12.3.24 en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso en este enlace. Pueden descargarse en video de forma separada las distintas intervenciones desde este enlace. [Fuente: Congreso de los Diputados 12.3.24].
Comunicado de entidades de Iglesia ante la llegada de la ILP al Parlamento en esta entrada.
ACTUALIZACIÓN DEL 11.5.22
Hoy se ha presentado la Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sólo es un paso más del trámite Su objetivo es que el pleno del Congreso tome en consideración y vote sobre la medida antes de que finalice la legislatura, aunque los tiempos dependen de que esta comisión valore y eleve su informe preceptivo al pleno, y nadie se atreve a hablar de plazos.
En cualquier caso, la sesión ha dejado entrever apoyos parlamentarios insuficientes. Los portavoces de Vox, PP y PSOE han expresado ante los ponentes sus discrepancias y dudas sobre la iniciativa con argumentos diferentes, incluso algunos que ni siquiera tienen que ver con el asunto en cuestión.
Aquí el vídeo de la intervención. La exposición de motivos está desde el 20:54 hasta el 52:18 (Lamine Sarr y Edith Espínola, por parte de Regularización Ya, y Gonzalo Fanjul, de Por Causa), es más que interesante. El resto es la intervención de los grupos políticos:
No es nuevo, tristemente, el problema que sufren los y las migrantes que se encuentran en una situación administrativa irregular. Y a lo largo del tiempo han sido y son constantes los esfuerzos personales y colectivos -tanto del mundo eclesial como de la ciudadanía- por paliar los daños que tal situación produce y, a la vez, instar a las Administraciones (locales, autonómica, nacionales, europeas) para que la legislación evitara que esa irregularidad se convirtiera en un dolor más añadido a los ya existentes en toda persona que migra.
El asunto está actualmente de especial actualidad desde que el partido Por Un Mundo Más Justo promovió en diciembre pasado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) aque solicite una regularización extraordinaria. Esta ILP la gestiona una Comisión Promotora a la que se han sumado diversos colectivos y ONG a través de esta web.
Puede verse información sobre este mecanismo político en, por ejemplo, este enlace (la ley orgánica a que se refiere está aquí). Muy en resumen, se trata de «obligar» a que el Parlamento estudie una proposición de ley que hace el pueblo a través de, al menos, 500.000 firmas.
Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de todo esto?
QUÉ SIGNIFICA «PERSONAS MIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR»
Migrar no es una concesión benevolente que hagan los Estados, o una acción que sólo pueda realizarse si se dan determinadas condiciones en el país de origen. Migrar es un derecho. O, si se quiere ser híper exactos, la legislación internacional reconoce que “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”, y que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”, y esto independientemente de sus causas o motivaciones. Así aparece en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Los Estados no pueden anular ese derecho. Lo que sí pueden es regularlo: dictar qué requisitos debe cumplir quien quiera entrar, en nuestro caso, en España, sea para pasar unas vacaciones, para hacer un trabajo, para estudiar, para quedarse aquí, o lo que sea. Pero, repetimos, tales requisitos administrativos tienen que favorecer el derecho de quienes vienen a España, no pueden ser tan rígidos o tan imposibles de cumplir que, en la práctica, la inmigración sea imposible o tan costosa que conculque el resto de derechos de todo ser humano (ampliaremos esto al hablar de nuestro ser y hacer cristiano).
Un o una migrante en situación administrativa (nótese: situación administrativa) irregular es alguien que no cumple alguno/s de los requisitos que marca España. Le falta tal papel, está pendiente de que le den cita para cumplir determinado requisito, ha incumplido una norma administrativa de la legislación europea, estaba en situación legal y con todo cumplido, pero sin culpa suya ha pasado algo (por ejemplo, perder el trabajo) que le devuelve a la situación irregular (la llamada «irregularidad sobrevenida»)… Y así una larga lista de situaciones. De ellas, las que se refieren a la comisión de algún delito (lo que ya es un tema legal, no meramente administrativo) son absolutamente mínimas: no hay mayor delincuencia en los inmigrantes que en los españoles autóctonos, al contrario.
Es importante resaltar que el estar en una situación administrativa irregular no convierte a nadie en delincuente. No se es delincuente por tener caducado el DNI, por no haber presentado en fecha la Declaración de la Renta, por haber recibido una multa de aparcamiento… Administrativamente, se trata de situaciones irregulares, no de delitos penales. Una persona migrante que no ha solicitado aún refugio porque no le han dado la cita, o que tiene caducado su visado, o que no tiene donde empadronarse, o que ha recibido una orden de que sea devuelto a su país de origen y se le ha ingresado en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), o cualquier otro tema administrativo, no es un delincuente.
No es éste el lugar donde desarrollar el largo y complicado camino administrativo que deben seguir los/as migrantes -en su variada tipología- para regular su estancia en España. Aun siendo complejo, puede consultarse la pedagógica explicación que va haciendo de todo el Prontuario de Acogida de Inmigrantes que va actualizando Cáritas Madrid y la Mesa por la Hospitalidad de nuestra Iglesia en Madrid.
El problema, como veremos ahora, es cuando los requisitos para regularizar la propia estancia en España, son tan complejos de conseguir -por culpa del funcionamiento de las administraciones y de la misma legislación, no por culpa de las personas migrantes- que el número de quienes se encuentran en situación administrativa irregular crece y crece, y se hace casi imposible en la práctica conseguir la deseada regularización.
Dicho sin mayores tecnicismos, es un procedo dirigido por el Gobierno español. El Gobierno, atendiendo a las circunstancias extraordinarias que se dan en las personas inmigrantes en ese momento, deja a un lado el camino habitual de regularización, y la concede -de forma extraordinaria- a los inmigrantes que están en España: a todos o a gran parte, a los que cumplan unas u otras condiciones, etc. Para entendernos, de forma extraordinaria se conceden «papeles» a las personas «sin papeles».
En España, con la actual Constitución, ha habido varias regularizaciones extraordinarias, cada una con distinto alcance y condiciones. Las han realizado gobiernos apoyados tanto por el PP como por el PSOE. Y en la Unión Europea se han realizado más de 40 en 17 de sus Estados miembros, las más recientes -en Portugal y en Italia- en plena pandemia. Sin olvidar que las regularizaciones extraordinarias encajan perfectamente en acuerdos internacionales firmados por España: la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (véase el objetivo 10), el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular auspiciado por la ONU y por el que tanto trabajo Francisco, o el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, firmado en 2008.
¿ES NECESARIA AHORA UNA REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA?
A fecha de hoy, en España, prácticamente todas las entidades que acompañan a migrantes de una u otra forma defendemos que sólo la regularización extraordinaria puede solucionar la muy grave situación de los y las migrantes que sufren la irregularidad. Y esto se afirma desde el contacto diario con las personas migrantes y desde el intento, desde hace ya demasiados años, de seguir los cauces existentes para esa regularización sin que ésta termine de darse.
Puede debatirse teóricamente lo adecuado o no del proceso de regularización que marca actualmente la Ley de Extranjería vigente [Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Su actual reglamento de desarrollo fue aprobado por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre]. Pero el problema está en la práctica. Las condiciones que se ponen para obtener la residencia cada quien decidirá si están bien o mal. Pero, de hecho, son tan restrictivas que abocan a los migrantes a, literalmente, tener que sobrevivir mucho tiempo (en el mejor de los casos, meses; habitualmente, años) gracias a lo que les puedan dar graciosamente personas o entidades o a lo que puedan conseguir trabajando ilegalmente, sin seguros, sin sanidad completa, expuestos a cualquier injusticia laboral… Por si esto fuera poco, las administraciones siguen un proceso burocrático lentísimo, y desde hace unos años -ya desde antes de la pandemia- prácticamente imposible de seguir (la conocida imposibilidad de «conseguir cita»). Para remate, con frecuencia se deniega la solicitud de asilo internacional o su renovación por motivos más que discrecionales y carentes de sentido.
Actualmente, la regularización extraordinaria es el único camino para deshacer el gigantesco atasco en que están atrapados cerca de 400.000 migrantes en España, incluyendo, aproximadamente, a un tercio de menores.
Y nótese que ese atasco burocrático va mucho más allá de tener o no «papeles». Porque ese no tenerlos, afecta directamente a sus derechos humanos, y provoca situaciones de injusticia y sufrimiento. Hablamos de la vida cotidiana de tal o cual migrante, de tal familia, de tal varón o mujer que tiene a miles de kilómetros a los suyos. Hablamos de tener algo de dinero para comprar alimento o comida, de intentar conseguir una habitación, de querer trabajar y tenerlo prohibido, de no poder acceder a una sanidad que sea digna de tal nombre, de pedirles requisitos (estar empadronados, tener unos ingresos, no trabajar «en negro»…), de encontrar problemas para escolarizar a los hijos, de acudir una y otra vez a los servicios sociales de las administraciones y no conseguir nada, a la vez que no se les permite cumplirlos… Hablamos de un problema en la vida, en lo cotidiano, en los derechos humanos básicos de todo varón o mujer independientemente de su origen o su raza. Hablamos de que el o la «irregular» quiere dejar de serlo, pero termina siendo «más irregular» por la dificultad casi insalvable de cumplir lo que se pide para ser «regular».
Es desde ahí donde no se ve otro camino de solución que una regularización extraordinaria. Regularización que, por supuesto, ha de encuadrarse bien en nuestro marco jurídico, como se ha hecho en las ocasiones anteriores. Y, a la vez, regularización que atienda a la realidad actual de nuestra sociedad y de las personas migrantes que, con todo derecho, migran a España.
El Evangelio del Señor Jesús -por el que dio la vida y por el que Señor de la nueva vida encabeza la marcha de la Iglesia al servicio del Reino- es una afirmación constante de que no hay nada que se pueda poner por encima de la dignidad y los derechos del ser humano concreto. Absolutamente nada: ninguna ley, ninguna tradición, ningún interés económico, ningún miedo a hipotéticos futuros… nada. Y es que cada ser humano -independientemente de su edad, sexo, nacionalidad, raza, capacidades, ideologías, lo que sea- tiene una dignidad inalienable que le viene precisamente de «ser un ser humano» que, además, es «hijo/a del Buen Abba Padre Dios». Lo que significa que no existe ninguna justificación para vulnerar sus derechos, y, así, tenemos la obligación de intervenir cuando se produce esa vulneración: sea quien sea el causante, sea cual sea el derecho que se vulnere, se aporten las razones que se aporten para provocar ese daño. Como bien recuerda la CONFER en un comunicado sobre este tema [Comunicado sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una regularización extraordinaria de personas extranjeras, 15.2.22], el Papa Francisco era muy claro en su mensaje por la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2019: “En cada actividad política, en cada programa, en cada acción pastoral, debemos poner siempre en el centro a la persona, en sus múltiples dimensiones, incluida la espiritual. Y esto se aplica a todas las personas, a quienes debemos reconocer la igualdad fundamental. Por lo tanto, «el desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico, debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre» (Populorum progressio, 14)”.
Toda ley debe encaminarse a ser garante de esa dignidad y derechos. Pero cuando no ocurre así, al menos en su aplicación práctica, la Iglesia y cada uno de los discípulos del Señor no podemos ni callar ni no actuar.
Es sugerente discernir como cristianos esta situación desde el antiguo precepto -compartido por todas las creencias- de «tratad a los demás como queréis que ellos os traten» (Mt 7, 12). Recuérdese lo dicho arriba, y medítese personal o comunitariamente si podemos admitir que se la haga a un migrante -¡sólo por ser migrante!- lo que no admitiríamos que se nos hiciera a los que tenemos la nacionalidad española. Súmese a ese discernir la constante apelación al cuidado del extranjero tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento (de los muchos materiales posibles, véase, por ejemplo, el vídeo de esta página web de nuestra Vicaría). Y, si faltara algo, véase qué hace Jesús cuando acecha la muerte, la injusticia y la noche: extremar el amor de palabra y de obra, asombrosa obra (ver Jn 13, 1-15).
La mayoría de los argumentos “políticos” a favor de la regularización son de carácter utilitarista: escasez de mano de obra, posible reducción de los flujos migratorios, imposibilidad de expulsar o repatriar a los migrantes en situación irregular. Desde la perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia, el llamamiento en apoyo de la regularización se basa en la convicción de que «El primer compromiso de cada uno hacia el otro y, sobre todo de estas mismas instituciones [políticas y sociales], se debe situar en la promoción del desarrollo integral de la persona» (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 131). Este principio no sólo se aplica a los ciudadanos de una determinada comunidad política, sino también a todas las personas que viven en su territorio. Se deben eliminar todos aquellos comportamientos o condiciones que comprometan la realización del desarrollo humano integral de toda persona. La condición de irregularidad constituye una de estas condiciones, a la que se puede poner fácil remedio mediante un acto administrativo.
¿Y esto no tendrá consecuencias negativas para el país? Nuevamente, el Dicasterio es muy claro sobre esto: «Quienes se oponen a la regularización argumentan que este tipo de medidas puede acarrear diferentes consecuencias negativas. Sin embargo, la mayoría de estas consecuencias dependen de la forma en que se lleva a cabo la regularización, mientras que el resto constituiría, en cualquier caso, el “menor de los males” si se compara con la situación actual«.
El Dicasterio añade algo que no se puede olvidar: «La regularización no debe entenderse ni comunicarse como “la solución”, sino como una medida extraordinaria a adoptar para restaurar prontamente la dignidad personal de muchos seres humanos, creando al mismo tiempo un entorno favorable para el desarrollo de políticas de inmigración e integración coherentes con el modelo de gobernanza compartida, preconizado por el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.».
Nuestra Conferencia Episcopal, a través del director de su Departamento de Migraciones, Xabier Gómez, tampoco deja dudas sobre su posición en esta reflexión pública del 25.1.22:
La situación administrativa irregular o la irregularidad sobrevenida en la que se encuentran tantas familias no contribuye ni a su inclusión ni a su desarrollo integral. El Papa Francisco aboga por “establecer en nuestra sociedad el concepto de plena ciudadanía” (Fratelli Tutti, 131). Regularizar a las personas migradas contribuye precisamente a eso; es una continua y prioritaria demanda de nuestra Iglesia de cara a poder acoger, proteger, promover e integrar dignamente. Como recordaban nuestros obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad Humana en su Mensaje con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2021: “Tenemos la tarea de ayudar a recrear el modelo de ciudadanía que propicie una cultura de la integración que, además, aprenda a globalizar la responsabilidad de vivir juntos en esta casa común. La salida es incorporar aquello a lo que Fratelli Tutti invita: “una mejor política, política puesta al servicio del verdadero bien común” (FT 154)».
El1.6.20, Cáritas Española presentó en el Congreso de los Diputados sus Propuestas para la (re)construcción. En ese profundo documento que atiende a la realidad española del momento y al futuro a reconstruir pero, sobre todo, construir, se habla de la regularización extraordinaria. Cáritas señala que, tras la crisis anterior, la recuperación del mercado de trabajo se nutrió de incorporar a cada vez más trabajadores “atrapados” en condiciones de inseguridad. Se corre el riesgo de que una vez que la crisis actual se contenga, la “recuperación” se construya sobre el mismo modelo de crear empleos a cambio de avanzar en más precariedad. Añade que, a la vez, los servicios sociales tienen recursos menguantes, con deficiencias críticas infradesarrollados ante los nuevos riesgos sociales. Y, en fin, confirma que, una vez más, han sido las personas vulnerables las que más han sufrido el impacto de esta crisis, por lo que la reconstrucción debe darles la máxima prioridad a corto plazo. En sus propuestas concretas sobre diversos temas sociales, sobre las personas migrantes dice (resumimos): “Permitir el empadronamiento de personas extranjeras sin documentación en vigor para que el Padrón municipal refleje la realidad estadística de población de un municipio; flexibilizar las condiciones y criterios de renovación, modificación y prórroga de las autorizaciones de residencia y/o trabajo de la vigente legislación de extranjería para impedir la irregularidad sobrevenida; evitar la reapertura de los CIE; habilitar más espacios de acogida humanitaria y erradicar las condiciones inhumanas del CETI de Melilla; implementar los estándares de derechos humanos y de detección de solicitantes de protección internacional y perfiles vulnerables tanto en los procedimientos de control de fronteras exteriores como de devolución y expulsión de personas extranjeras; y abordar una regularización extraordinaria para incorporar a los migrantes en situación irregular a la sociedad española” (el subrayado es nuestro).
Desde lo dicho del mensaje del Señor Jesús y desde el sentir y la doctrina social de la Iglesia, en nuestra Iglesia diocesana de Madrid compartimos nuestro apoyo a una regularización extraordinaria en España de personas migrantes la Vicaría episcopal para el Desarrollo humano integral y la Innovación, Cáritas Madrid, y la Delegación episcopal para la Pastoral de la movilidad humana.
El apoyo a que se dé una regularización extraordinaria está, pues, avalado por la Doctrina Social de la Iglesia en estos momentos de la sociedad española. Que tal regularización sea a través de la ILP propuesta responde, en casa caso, al discernimiento personal o comunitario.
Pero no se olvide que esa regularización es un elemento más de un proceso de Acoger – Proteger – Promover – Integrar que es más amplio. Como bien recuerda el documento citado del Dicasterio, hacen falta programas orientados a la inclusión laboral y social de los beneficiarios. Programas que deben prestar una adecuada atención a la integridad familiar de los migrantes, así como a la formación y a la activación de las comunidades locales con vistas a un proceso efectivo de integración bidireccional. Junto a la regularización hacen falta iniciativas que prevengan que vuelva a haber en el futuro el problema de la irregularidad. Y, por supuesto, hay que favorecer caminos para la migración regular, desincentivando el uso de canales irregulares.
A. UN DAÑO PERSONAL Y SOCIAL INADMISIBLE. Es muy grave el problema que sufren los y las migrantes que se encuentran en una situación administrativa irregular. Supone un daño real para esas personas y familias en muchos aspectos de la vida cotidiana. Un daño que se alarga sin que desde las administraciones se ofrezcan caminos viables de solución.
B. LA DENUNCIA Y EL APOYO DE ENTIDADES CIVILES Y CRISTIANAS para paliar esta situación han sido y son constantes. Recientemente, un partido político está promoviendo una Iniciativa Legislativa Popular que solicite una regularización administrativa extraordinaria.
C. MIGRAR ES UN DERECHO, y toda legislación de extranjería tiene que favorecerlo, no impedirlo o hacerlo irrealizable en la práctica.
D. UN/A MIGRANTE EN SITUACIÓN ADMINISTRATIVA IRREGULAR NO ES UN DELINCUENTE. No tener “papeles” no es un delito, Máxime cuando, como es el caso en España, la mayoría de las veces no se tienen porque los requisitos que impone el Estado son innecesariamente difíciles de cumplir, totalmente inadaptados a la realidad actual de la sociedad española y de la inmigración, y bloqueados por una burocracia administrativa que hace casi imposible en la práctica conseguir la regularización.
E. UNA REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA ES UNA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO Y EL PARLAMENTO. Es acorde con la Constitución y con diversos acuerdos mundiales y europeos. Busca dar solución a las personas “sin papeles” ante una circunstancia muy específica que vulnera sus derechos y no puede resolverse por el procedimiento habitual y legislado. En España ha habido varias regularizaciones extraordinarias a lo largo de nuestra historia democrática.
F. LA NECESIDAD DE QUE SE AFRONTE YA UNA REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA ES APOYADA POR LAS ENTIDADES CIVILES Y CREYENTES QUE ACOMPAÑAN A MIGRANTES. No hay otra salida pero el inmenso atasco que están viviendo cerca de 400.000 hombres, mujeres, y menores. Están atrapados en el callejón sin salida que provoca nuestra incapacidad como Estado de posibilitar lo que el Estado mismo ha legislado. Y ese callejón no es teórico: afecta a la vida del día a día, a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, a la posibilidad de trabajo y, en suma, a los derechos más básicos de todo ser humano independientemente de su situación administrativa o su origen nacional.
G. EL EVANGELIO DE JESUCRISTO ES TAJANTE EN DEFENDER LA DIGNIDAD Y LOS DERECHOS DE CADA PERSONA POR ENCIMA DE TODO. Ninguna norma, tradición, ideología, o justificación puede validar que eso se quiebre. Jesús dio la vida, literalmente, por defender la dignidad inalienable de cada ser humano por serlo y por ser hijo o hija del Buen Padre Dios, especialmente de quienes son más vulnerables y sufren más. Como recuerda Francisco, no hay nada por encima de “promover a todos los hombres y a todo el hombre”.
H. CUANDO ESO NO OCURRE, ES IMPERATIVA LA ACTUACIÓN DEL CRISTIANO Y LA COMUNIDAD ECLESIAL. Se trata de hacer vida hoy y aquí «tratad a los demás como queréis que ellos os traten» (Mt 7, 12), la constante apelación al cuidado del extranjero en la Palabra de Dios, y el ser y el hacer de Jesús cuando acecha la muerte, la injusticia y la noche: extremar el amor de palabra y de obra.
I. MUY IMPORTANTES ENTIDADES DE LA IGLESIA UNIVERSAL Y LA IGLESIA ESPAÑOLA SE HAN MANIFESTADO A FAVOR DE ESA REGULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA, Y RAZONAN POR QUÉ Y QUÉ DEBE ACOMPAÑARLA. Así, la Sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio vaticano para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Lo mismo el Departamento de Migraciones de nuestra Conferencia Episcopal Española, Cáritas Española, la CONFER, y otras entidades y asociaciones cristianas.
J. EN NUESTRA IGLESIA DIOCESANA DE MADRID, EL APOYO INSTITUCIONAL A ESTA REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA VIENE DE LAS PRINCIPALES ENTIDADES IMPLICADAS: Vicaría episcopal para el Desarrollo humano integral y la Innovación, Cáritas Madrid, y la Delegación episcopal para la Pastoral de la movilidad humana. También las demás entidades de esta Mesa por la Hospitalidad: Comunidad de Sant’Egidio Madrid, Justicia y Paz Madrid, Pueblos Unidos, SERCADE.
K. EL APOYO A QUE SE DÉ UNA REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA ESTÁ, PUES, AVALADO POR EL EVANGELIO Y LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA. Que tal regularización sea a través de la ILP propuesta responde, en casa caso, al discernimiento personal o comunitario.
COMUNICADO CONJUNTO DE ENTIDADES DE IGLESIA PIDIENDO DESBLOQUEAR LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PARA LA REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA DE PERSONAS EXTRANJERAS – 1 de octubre de 2025 –
Entidades de Iglesia piden la aprobación de una regularización extraordinaria que ponga en el centro la dignidad de las personas migrantes. Con motivo de la 111ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, consideran urgente y necesaria la ILP para promover una convivencia justa y solidaria.
Madrid.- 1 de octubre de 2025. La Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas Española y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española viene desde 2021 reclamando la aprobación de un procedimiento de regularización extraordinaria de personas extranjeras en España. Durante estos años, hemos liderado un diálogo político que permitiera la aprobación de la ILP regularización que cada vez es más urgente y necesaria.
Fundamento ético y social
En su mensaje con motivo de la 111ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, el Papa recuerda que “nadie debe ser excluido de la mesa común de la humanidad” y que la acogida y la inclusión de las personas migrantes son camino de paz y de bien común. Subraya, además, que, en un mundo oscurecido por guerras e injusticias, los migrantes y refugiados se erigen como mensajeros de esperanza. Y nos recuerda que “su presencia debe ser reconocida y apreciada como una verdadera bendición divina” para muestras comunidades.
Los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana señalan también con motivo de esta Jornada que “los migrantes están revitalizando con su juventud, sus valores, su trabajo, sus vidas, sus familias, su fe, sus ideales, la realidad social y eclesial de nuestro país… Tengamos esa mirada abierta para percibir así su riqueza y aportación».
Desde esta convicción cristiana y humanista, denunciamos la exclusión generada por la irregularidad administrativa y exigimos medidas que restituyan derechos básicos y promuevan una convivencia justa y solidaria.
Complementariedad con el nuevo Reglamento de Extranjería
El Reglamento de Extranjería (RD 1155/2024), en vigor desde mayo de 2025, constituye un paso positivo y necesario para garantizar los derechos y la dignidad de las personas migrantes. Sin embargo, deja fuera a numerosos colectivos vulnerables que nuestras entidades acompañan cotidianamente:
Personas sin posibilidad de acreditar los dos años de permanencia exigidos, a menudo por pérdida de documentos en situaciones de precariedad o
Personas indocumentadas, que no pueden acceder a la cédula de inscripción debido a trámites excesivamente rígidos.
Personas con difícil empleabilidad por edad, discapacidad, sinhogarismo o enfermedad crónica.
Trabajadoras y trabajadores que, aun pudiendo trabajar, no logran presentar un contrato formal previo debido a la lentitud de la administración.
Solicitantes de protección internacional denegada, que quedan atrapados en largos periodos de irregularidad.
Familias con niños y niñas en situación irregular que, aun cumpliendo requisitos, no podrán ser regularizadas.
La voz de la Iglesia ante el Congreso
En su comparecencia ante la Comisión de Trabajo y Migraciones del Congreso, el pasado 18 de junio, Cáritas Española —en representación de REDES, CONFER y el Departamento de Migraciones de la CEE— defendió que la regularización extraordinaria es un complemento imprescindible al Reglamento de Extranjería, al ofrecer respuesta a quienes no pueden acogerse a las vías ordinarias. Se subrayó entonces que no se trata de privilegios, sino de justicia, reconociendo la realidad de cientos de miles de personas que ya forman parte activa de nuestra sociedad.
Amplio consenso social
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que impulsa esta regularización fue avalada por más de 700.000 firmas ciudadanas y cuenta con el respaldo transversal de movimientos sociales, organizaciones eclesiales, sindicatos y colectivos profesionales. Este consenso refleja la creciente conciencia de que la irregularidad administrativa no solo vulnera derechos humanos, sino que también erosiona la cohesión social.
Nuestra llamada
Desde el Grupo Eclesial de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) instamos a todos los grupos parlamentarios a que:
Retomen la vía del consenso en materia migratoria, fuera de discursos de odio y polarización, sin instrumentalizar a personas vulnerables, tal y como mostraron el 9 de abril de 2024 en la aprobación de la tramitación de la iniciativa con una amplia mayoría
Aprueben, sin más dilaciones, la regularización extraordinaria en trámite en el
Garanticen que este tema esencial para la convivencia, el bien común y la dignidad humana quede al margen de los cálculos políticos.
Escuchen el clamor de la sociedad civil, de la Iglesia y de las propias personas migrantes que reclaman reconocimiento y justicia.
Y exhortamos, en todo caso, al Gobierno español a que, en el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades, adopte esta medida si no fuese posible alcanzar el respaldo de una mayoría parlamentaria.
La regularización extraordinaria es una medida de responsabilidad política, ética y social. Ha llegado la hora de dar un paso decidido hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde nadie quede relegado a la invisibilidad y la exclusión.
