LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS (CIE) EN TERCEROS PAÍSES SON «UN GRAVE RIESGO PARA LOS DERECHOS HUMANOS» Más de 60 organizaciones se pronuncian contra la reubicación de inmigrantes aprobada por los ministros de Interior europeos
[tomado de Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo para Alfa y Omega de 10.12.25] [foto: reunión de ministros de interior de la UE el 8.12.25]
Más de 60 organizaciones europeas de la sociedad civil han expresado su «profunda preocupación» ante la posición adoptada el lunes por los ministros de Interior de la Unión Europea con respecto al desafío de la inmigración. El lunes, los estados miembros de la UE aprobaron, con la negativa de España, el Fondo de solidaridad migratoria para 2026, que consiste en 21.000 reubicaciones de solicitantes de asilo. Ello supone «un deterioro severo» de las garantías legales y de los estándares de derechos humanos aplicados a las personas sujetas a procedimientos de expulsión, afirman las organizaciones.
Según la declaración conjunta (enlace al documento en inglés) de estas organizaciones, el planteamiento de la Comisión introduce «retrocesos significativos» como la posibilidad de ampliar los periodos máximos de detención hasta superar los 24 meses o la reducción de las oportunidades a la hora de recurrir decisiones de retorno. Las organizaciones advierten asimismo de que el texto incrementa las obligaciones de cooperación de las personas afectadas —incluyendo condiciones difíciles de cumplir en la práctica— y prevé sanciones severas en caso de incumplimiento.
Junto a ello, el comunicado critica, además, que se mantenga la posibilidad de establecer centros de retorno en terceros países —lo que se ha dado en llamar centros Meloni, en referencia a la política que ya ha adoptado la presidenta de Italia—, una medida que supone «graves riesgos para los derechos humanos», pues «implica contravenir principios clave del derecho internacional».
Un retorno justo y seguro
Asimismo, este tono en la política migratoria de la UE «podría vulnerar principios básicos como la prohibición de devolución a lugares donde existan riesgos para la integridad o la libertad de las personas retornadas».
Por todo ello, las entidades firmantes instan a los estados miembros y al Parlamento Europeo a revisar el texto en la fase de negociación interinstitucional, con el fin de garantizar un sistema de retorno «justo, seguro, respetuoso con la dignidad humana y plenamente conforme con el Derecho de la UE y las normas internacionales».
Lista de firmantes:
Africa Solidarity Centre Ireland (ASCI) ASGI AWO Bundesverband e.V. BRD-Sweden Caritas Europa Center for Legal Aid » Voice in Bulgaria Centre for Peace Studies, Croatia Churches´Commission for Migrants in Europe (CCME) Collectif de sauvegarde de la LADDH Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) Community Rights in Greece Croatian Law Centre Danish Refugee Council (DRC) Diakonie Deutschland Dutch Council for Refugees ECRE EGCSO European-Global Civil Society Organization EuroMed Rights European-Global Civil Society Organization Extranjeristas en Red FARR, the Swedish Network of Refugee Support Groups FEANTSA (European Federation of National Organisations Working with the Homeless) Female Fellows e.V Finnish Refugee Advice Centre Forum réfugiés France terre d’asile Greek Committee for International Democratic Solidarity Greek Council for Refugees (GCR) Greek Forum of Refugees Gruppo Melitea HIAS Greece Human Rights Legal Project Human Rights Watch ICMC Europe IRC – International Rescue Committee Italian Council for Refugees Italiani Senza Cittadinanza Jesuit Refugee Service (JRS) Europe JRS Belgium JRS Croatia Karama – Collective Solidarity Klikaktiv Macedonian Young Lawyers Association Mediterranea Bruxelles Mesdhe Migr/Azioni Migrante Netherlands Migration Inc. Migration Policy Group – MPG Ocalenie Fundation Oxfam Palestina e lire Passerell Pinay sa Holland-GABRIELA Portuguese Refugee Council (CPR) PRO ASYL National Working Group on Refugees Right to Protection Charitable Foundation Safe Passage International Schweizerische Flüchtlingshilfe Support Group Network (SGN) Swedish Refugee Law Center Symbiosis-Council of Europe School of Political Studies in Greece The Palestinian Human Rights Organization – PHRO Vluchtelingenwerk Vlaanderen WeMove Europe 80:20 Educating and Acting for a Better World
Febrero de este 2025. “Nunca había visto algo así”, asegura Aly Sow, un conductor senegalés de 44 años que el lunes 27 de enero acudió a presentar su dosier a la oficina de senegaleses del exterior de la región de Saint Louis, en el norte de Senegal para uno de los programas de migración circular u ofertas de empleo temporal para trabajadores agrícolas lanzados por el Gobierno español en los países de África subsahariana. “Había gente haciendo cola desde las cuatro de la madrugada. Hubo empujones, personas que trataban de pasar por delante, de todo. Me sorprendió ver a estudiantes y personas que tienen un buen trabajo. Todo el mundo quiere irse”, asegura. Komilá Diatta, de 35 años, trabaja como jornalero para una empresa china en Dakar y gana alrededor de 225 euros al mes para mantener a su mujer y su hijo. Su sueño es entrar en el programa. “En tres meses en España puedo ganar lo que gano aquí en dos años”, apunta, “pero, visto lo visto, no tengo muchas esperanzas”.
Más de 30.000 personas de Senegal, Mauritania y Gambia se han postulado para lograr , por ejemplo, alguno de los 350 puestos de trabajo de temporada en Huelva que se han abierto este año para esos tres países. “El gran número de jóvenes se explica por el hecho de que en su subconsciente la migración está asociada al éxito económico y al avance social”, explica Aly Tandian, sociólogo, profesor de la Universidad Gaston Berger de Saint-Louis y presidente del Observatorio Senegalés de la Migración. “Se piensa en España como el país de la abundancia, una tierra milagrosa donde la naturaleza rebosa de generosidad para sus habitantes y sus huéspedes y será difícil, tras estos programas de migración circular, hacer comprender a los jóvenes africanos que España no necesita mano de obra”.
Todo esto de la «migración circular» se trata de una figura legal bastante desconocida para la sociedad en general, que está recogida en la normativa bajo el nombre de «autorización de trabajo para actividades de temporada», pero que ahora el Ejecutivo español parece estar priorizando frente a otras opciones como son los corredores humanitarios. Una de las claves para medir el éxito de estos programas es que una vez terminado el trabajo, los candidatos vuelvan a sus países y no permanezcan en España de forma irregular y aquel año, todos ellos regresaron. En 2023 se decidió ampliar el cupo a 120 trabajadores, pero, en esa ocasión, dos de cada tres se quedaron irregularmente. Aun así, el programa siguió adelante y en 2024 fueron 150, de los que un centenar regresó a Senegal tras el periodo estipulado. La Guardia Civil acabó detectando una trama que amañaba la contratación para beneficiar a los aspirantes que pagaban el trato de favor para, después, exigirles dinero, incluso por quedarse en España irregularmente. Para este año 2025 se han previsto 350 plazas.
La ampliación de los programas de migración circular fue una de las promesas estrella de la visita que realizó el verano de 2024 Pedro Sánchez a estos tres países, durante la cual se reunió con sus respectivos presidentes. Un ejemplo de esta fórmula es la que España mantiene desde hace 20 años con las miles de temporeras marroquíes que cada año vienen asumir la recogida de frutos rojos, especialmente en Huelva. A pesar de que las condiciones laborales en las que trabajan las mujeres siguen siendo mejorables, el Gobierno considera este sistema un éxito y lleva años intentando perfeccionarlo y ampliarlo, mirando a Centroamérica y al resto de África.
La fórmula genera el rechazo de la derecha española, que habló, una vez más, de efecto llamada, pero también de Sumar, que ve en la promesa de la migración circular una “visión reduccionista” que “no resuelve el problema ni es respuesta para los que residen aquí”. El sociólogo Aly Tandian también es crítico con la iniciativa porque, entre otras cosas, parte de la misma premisa usada por los “vendedores de sueños que operan en la inmigración irregular”, la de que Europa necesita mano de obra debido al envejecimiento de su población. Tandian la cuestiona: “No estoy seguro de que los programas de migración circular tal como se proponen puedan realmente convertirse en una alternativa a la inmigración ilegal. Hoy en Senegal necesitamos directrices claras y duraderas en materia de gobernanza migratoria y de políticas de empleo, más que simples medidas efímeras”, explica. “Tal como se propone, puede incentivar la salida de candidatos que no estaban previamente destinados a migrar, pero que aprovechan esta oportunidad para irse de manera completamente regular y legal. La migración circular estaría ampliando así la base de reclutamiento de candidatos y puede constituir un incentivo”.
Diego Fernández, abogado del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española, explica a Alfa y Omega los pormenores del proceso: «Los empresarios con necesidades de mano de obra lanza una oferta de trabajo colectiva». Es decir, no se trata de una oportunidad laboral unipersonal. Esta, además, «incluye el compromiso de satisfacer las necesidades de alojamiento del empleado». Hasta ahora, según Fernández, era uno de los elementos más problemáticos de la normativa. El experto califica el estado de las instalaciones como «cuestionable» en no pocos casos, aunque reconoce que «estas se han visto claramente dignificadas por el nuevo reglamento de extranjería».
Una vez que se formalizaba el contrato de trabajo, «el empleado puede desempeñar la actividad laboral para la que ha sido contratado por un periodo máximo de nueve meses al año». Cumplido este tiempo, ha de volver a su país. «El proceso se puede repetir durante cuatro años seguidos y, a partir de ahí, el trabajador podrá optar a un permiso de residencia plena en España», aclara el abogado. Sin embargo, todo este proceso depende del Gobierno, que «es quien decide el número de autorizaciones permitidas al año». Así, las autoridades pueden impulsar el programa en mayor o menor medida en función de la situación.
«Creo que es importante no perder de vista que se trata de una vía legal y segura para migrar que tiene elementos muy positivos», reconoce el miembro de Cáritas Española. «Estamos hablando de personas que llegan a nuestro país con un visado y un billete de avión y no jugándose la vida en el mar», subraya. Además, «obtienen unos ingresos por su trabajo», lo cual impacta de forma decisiva en la maltrecha economía de muchas familias africanas.
A Fernández le «chirría» más la circularidad de este procedimiento. «Al final vienen a cubrir una necesidad del mercado laboral y, cuando esta está satisfecha, tienen la obligación de retornar a su país». En este sentido, el experto habla de una vía de migración «legal y segura», pero «parcial». Y añade: «La política migratoria no puede estar exclusivamente centrada en los requerimientos económicos». En realidad, la entidad caritativa de la Iglesia lleva años advirtiendo de esta situación. Ya en 2021 sacó una campaña cuyo lema era Esperábamos trabajadores, vinieron personas y queremos vecinos. El pasar de uno a otro depende, según el miembro del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española, de garantizar los derechos de residencia.
Con esto, además, se eliminaría la tentación de no cumplir con la obligación de retornar al país de origen y quedarse en España para optar al permiso de residencia y trabajo por otras vías, como puede ser la del arraigo social, que con la reforma de la ley de extranjería bajó de tres a dos años el tiempo que una persona ha de pasar en territorio nacional para poder tramitar este procedimiento regulatorio. No obstante, hay que aclarar que este último aboca a las personas a llegar a España de forma ilegal y a permanecer en esta situación durante 24 meses.
Diferente es el caso de la reagrupación familiar, que como el programa de selección de trabajadores en origen, «es la vía legal y segura que nosotros más reivindicamos», asegura Diego Fernández. «Gracias a este procedimiento, una persona migrante residente en España puede traer a un familiar que se encuentre en el país de origen para que ambos convivan». Lo que ocurre es que «las condiciones son un tanto rígidas, sobre todo el tema de la adecuación de la vivienda». Al final, con el mercado inmobiliario al alza, la reagrupación familiar es casi una utopía para la mayoría de las personas a las que les gustaría acceder a ella.
MENOS DEMAGOGIA CON LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS DELINCUENTES Margarita Martínez Escamilla La deportación penal ya está prevista en las leyes, pero un uso excesivo puede menoscabar funciones propias del derecho
[La publicación de este artículo no supone una u otra opinión de La Mesa por la Hospitalidad, pero se propone para la reflexión y el diálogo de todos]
+++ Margarita Martínez Escamilla es catedrática de Derecho penal desde 2008 en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente, su principal línea de investigación está relacionada con la criminalización de las personas migrantes y refugiadas y el uso del Derecho penal y sancionador en la gestión de la movilidad humana. Más, aquí.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, viene lanzando desde hace unos meses propuestas sobre un asunto que ha erigido en prioritario: la cuestión migratoria, muy focalizada en los extranjeros que cometen delitos. Son propuestas que sorprenden por su ligereza, como, por ejemplo, expulsar de forma inmediata a cualquier extranjero en situación irregular que cometa un delito o ampliar los delitos por los que pueden ser expulsados quienes tienen autorización de residencia; propuestas que ponen de manifiesto, además, un desconocimiento del marco normativo.
El pasado julio se cumplieron 40 años de nuestra primera ley de extranjería, de 1985. Desde entonces, está legalmente prevista la expulsión de extranjeros que cometen delitos. Su actual regulación se encuentra en el artículo 89 del Código Penal, que prevé que las penas de prisión superiores a un año impuestas a ciudadanos extranjeros sean sustituidas, en su integridad o en parte, por la expulsión del territorio nacional, más una prohibición de regreso de cinco a diez años. Este precepto ha sido reformado nada menos que en cinco ocasiones y su prolija redacción es producto —sin duda mejorable— de la enorme complejidad del tema.
La voluntad de incrementar las expulsiones, particularmente las que tienen que ver con la comisión de delitos —llamémoslas expulsiones penales—, es una constante de la política migratoria nacional y de la Unión Europea. En esta línea, las sucesivas reformas del mencionado artículo 89 han estado encaminadas a ensanchar su ámbito de aplicación. Así, por ejemplo, tras la reforma de 2015, estas expulsiones se aplican a cualquier extranjero, con independencia de su situación legal. Conviene aclarar que, en las expulsiones penales, el Estado renuncia a la pena de prisión impuesta en sentencia por la comisión del delito, sustituyéndola —en su integridad o en buena parte— por la expulsión; es decir, el extranjero no cumple la pena sustituida en el país al que es deportado. También es importante percatarse de su ambivalencia aflictiva: mientras en algunos casos la expulsión será algo terrible —pensemos en quienes han tenido que sortear graves dificultades y peligros en su periplo migratorio—, en otros su aplicación puede resultar un regalo, por ejemplo para aquellos que se encuentran en España ocasionalmente para delinquir.
Es fácil, por tanto, entender que las expulsiones penales han de ser administradas con prudencia, pues un dato —la extranjería— que no tiene que ver ni con la gravedad del ilícito cometido ni con el reproche al autor se convierte en elemento determinante de la respuesta al delito. Un uso excesivo de la expulsión penal puede menoscabar funciones propias del derecho penal, como la prevención de futuros delitos a través de la amenaza con una pena, la reafirmación de la vigencia de la norma o la función constitucionalizada de la resocialización. Las lógicas de la política migratoria a veces chocan con las de la política criminal.
Más allá de las necesidades político-criminales, existe otra perspectiva que no se puede ignorar: la de los derechos implicados, algunos inderogables como son el derecho a la vida y a la integridad física o moral y la correlativa prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, que impide la expulsión a un país donde se corra un riesgo real de sufrir tales vulneraciones. Hay otros derechos que se pueden excepcionar, como el derecho a la vida privada y familiar, pero siempre atendiendo al caso concreto, de tal manera que no se produzca un sacrificio innecesario o excesivo. Es lo que pretende el “principio de proporcionalidad”, recogido expresamente en el artículo 89 del Código Penal: “No procederá la expulsión cuando, a la vista de las circunstancias del hecho y personales del autor, en particular su arraigo en España, la expulsión resulte desproporcionada”. No todos los delitos son iguales y, junto a su gravedad o naturaleza, habrá que ponderar otros factores, como el tiempo de permanencia en nuestro país, la integración sociolaboral, la existencia de familia, la nacionalidad del cónyuge o hijos o sus posibilidades de integración en el país donde sería expulsado el infractor, tal y como viene haciendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No está de más recordar que el principio de proporcionalidad, que ya venía siendo aplicado por los tribunales, fue introducido en el artículo 89 a través de la Ley Orgánica 1/2015, cuando el Partido Popular tenía mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado.
En resumen, cualquier propuesta sobre la expulsión de extranjeros que cometen delitos ha de estar en condiciones de explicar su relación con las necesidades político-criminales y con el principio de proporcionalidad. Ignorar estas variables es ofrecer soluciones inconsistentes a problemas complejos, es decir, populismo.
LAS AUTORIDADES, INCAPACES DE FRENAR EL MERCADO ILEGAL DE CITAS PREVIAS PARA LOS EXTRANJEROS Los medios son insuficientes para atender la demanda y miles de inmigrantes y solicitantes de asilo pagan cientos de euros para ser atendidos
[tomado de Sebastián Forero y María Martín para El País de 24.8.25] [Imagen César Vallejo R0dríguez (Ofic. Asilo y Refugio en calle Pradillo, Madrid)]
Madrid se ha llenado de colas, pero en algunas hay que pagar para poder estar. No son las que dan acceso a las azoteas de los hoteles lujosos, ni a los macroconciertos más deseados. Son, por el contrario, colas para mantenerse a flote en España, para renovar papeles y conservar un empleo que muchas veces sustenta a familias enteras, aquí y a miles de kilómetros de aquí. Son colas para las que no habría que pagar, pero que a los inmigrantes les cuestan cientos de euros porque conseguir una cita online es casi imposible. Excepto para intermediarios que reservan masivamente turnos y luego los venden en un mercado que, aunque ilegal, está lejos de esconderse: opera en toda España, se anuncia sin tapujos en Instagram, TikTok y WhatsApp y se alimenta de una demanda que la Administración no logra cubrir.
La cola frente a la oficina de asilo y refugio de la calle Pradillo, en Madrid, se renueva cada hora. La forman decenas de personas, que aguardan las órdenes de los policías para acceder a la una sala de espera. Son en su mayoría venezolanos, colombianos, malienses y peruanos, las mismas nacionalidades que acumulan más del 80% de las 77.000 solicitudes de asilo registradas en España en el primer semestre del año. Necesitan renovar sus documentos para no caer en la irregularidad mientras esperan la respuesta a su petición de protección internacional. Si los papeles caducan, también se esfuman sus contratos y sus trabajos. No es un trámite menor, afecta a más de 270.000 personas que viven en España como solicitantes de asilo.
A las 11.00 de la mañana, la última de la cola es Teresa, una mujer colombiana de unos 50 años con una profunda cicatriz en la mano derecha. Vivía en Cali, una ciudad del suroccidente de Colombia, donde regentaba un restaurante. Hasta que aparecieron unos hombres armados a cobrarle la vacuna, la extorsión. Se negó a pagar y aparecieron para apuñalarla en el pecho, pero ella se protegió con esa mano que ahora exhibe como prueba del atentado. Lleva más de dos años esperando que respondan su petición de asilo. Aquí, aunque sin amenazas, no le ha quedado más remedio que pagar. A ella, como a casi todos, su cita para renovar los papeles le ha costado 150 euros. “No sé cómo lo hacen, pero lo consiguen”, dice sobre los intermediarios que la ayudaron.
La cita para renovar estos papeles se pide por la web, es gratis, pero casi nunca hay. Quien la logra ha pasado meses frente al ordenador, día y noche, apretando al f5 para actualizar la página y rezando para que en algún momento se abra el desplegable que permite elegir la fecha. Y como eso no sucedía, angustiados por quedarse fuera de plazo, buena parte de ellos ha acabado pagando. La mayoría la ha conseguido por 150 euros, el precio que parece haber fijado el mercado. A algunos les exigen hasta 200.
Funcionarios, ministerios y la policía saben que hay miles de citas que se venden al mejor postor, pero son incapaces de contener un fraude que se ha extendido a otros trámites, más allá de extranjería. Uno de los más críticos es el del Servicio Público de Empleo (SEPE), en el que resulta casi una misión imposible conseguir una cita para solicitar la prestación por desempleo. Aquí cuestan 10 euros. Ocurre también en la Seguridad Social o en la DGT. El mismo modus operandi se ha reproducido también en muchos consulados españoles en el extranjero, en los que ya no se puede pedir un visado sin pasar por caja.
Faltan medios para atender la demanda ciudadana y sistemas informáticos seguros que impidan que un ejército de bots capture cientos de citas en segundos, como lo hacen con las entradas para los conciertos de Bad Bunny. En este mercado ilegal, además, los extranjeros son siempre los principales perjudicados. Sus quejas se oyen menos (muchos ni siquiera se atreven a protestar), pagan más y son el grueso de los afectados: del más de medio millón de citas que la administración ofrece online cada mes, el 66% son para trámites de extranjería.
Patricia Fernández Vicens, abogada especializada en Extranjería, conoce de cerca los fallos del sistema. Hace unos años, todos los trámites de extranjería dependían de este mismo sistema corrompible, pero las oficinas han ido adaptando fórmulas para acabar con el pirateo. No ha ocurrido aún con el asilo, ni con otros trámites que dependen también de la Policía Nacional, como la toma de huellas o la recogida de la tarjeta de identidad de extranjero, para las que también se venden citas a 100 euros. “No hay voluntad política para mejorarlos”, lamenta. “Es imprescindible una dotación de personal adecuada”, enfatiza.
De momento, solo se han puesto parches. El último fue en 2023, cuando la Policía Nacional acabó con las citas para pedir asilo por Internet y, con cientos de miles de solicitantes, volvió al siglo XX. Ahora, las citas para ese primer trámite solo se consiguen por teléfono y por email. Fue su forma de acabar con el mercado negro que se había infiltrado hasta el corazón del sistema gracias a cientos de robots informáticos que acaparaban miles de citas que luego vendían por cientos de euros abogados y gestores.
La decisión drástica acabó con la compraventa masiva de esas citas, pero no con los problemas para acceder a ellas. Así que ahora hay gente que paga a otros para que pasen el día pegados al teléfono. Desde entonces, el Ministerio de Transformación Digital trabaja en un nuevo sistema informático eficaz y seguro, pero aún no ha pasado de proyecto piloto. Entre las medidas adoptadas, se ha optado por que las personas utilicen el certificado digital para obtener la cita previa a través de la página web y no se exige que sea el propio interesado el que la solicite, sino que puede gestionarla un tercero en su nombre. Según Interior, el piloto ha dado buenos resultados en la provincia de Castellón y por ello se prevé extenderlo a otras provincias.
A Adriel, pagar para esquivar un sistema que falla le recuerda demasiado a su país. Cubano de 40 años, emigró cuando sus comentarios críticos en redes sociales acabaron con la policía golpeando su puerta, así que pide aparecer en este reportaje con otro nombre. Profesional del ámbito audiovisual, aterrizó en Madrid en 2023 dispuesto a pedir asilo, pero no logró mover un dedo sin pagar. Varias veces.
“Llegué en el peor momento; no había citas en ninguna parte”, recuerda. En aquella época, efectivamente, el mercado negro de citas de asilo, el que desbarató la policía, estaba disparado. La demanda era altísima, el personal insuficiente y gestores y abogados amasaban una fortuna capturando turnos gracias a bots. “Después de intentarlo mucho, vi que era imposible por mi cuenta, hasta que di con alguien de una gestoría. Me ofreció una cita en Valencia o Almería por 400 euros. Al final, por 500, la conseguí en Madrid”, relata.
En la barra de una cafetería cercana a Pradillo, con un cortado y un pincho de tortilla, Adriel cuenta que, un año después, tuvo que volver a pagar 100 euros para renovar ese primer documento que le acredita como solicitante de asilo y que acaba de pagar una vez más por la segunda renovación. Esta vez, el mismo servicio ya costaba 150 euros. “De donde uno viene, estamos muy acostumbrados a que esto suceda. Entiendo que no debe ser así, yo no querría pagar, pero cuando el sistema funciona mal se dejan estos agujeros”, lamenta.
Los perfiles de gestores y abogados que prometen citas en un par de días se multiplican en las redes. G. A. Extranjería supera los 24.000 seguidores en Instagram. “Realizamos todos los trámites de extranjería”, se lee en la descripción de su perfil. Casi todas sus publicaciones, desde la primera, en octubre de 2022, hasta la más reciente, el pasado junio, son capturas de pantalla de citas de asilo confirmadas. En Madrid, Albacete, Segovia, Zaragoza… Anuncia las citas como muebles en Wallapop. Por WhatsApp tiene una respuesta predeterminada: “Para la gestión de la cita de renovación de asilo estamos cobrando 150 euros; la sacamos en 1 día a 2 semanas como máximo”. El pago se realiza cuando el interesado verifique en la página de extranjería que la cita efectivamente está agendada. Se hace un Bizum y ya está.
Una vez hecha la transacción, una ligera advertencia: “Comentarte que en la oficina de Pradillo están un poco meticulosos con las citas, debes decir que lo gestionaste tú, ¿vale?”. Y continúa: “A parte (sic) que todos los datos son tuyos, no hay manera de que comprueben que alguien la gestionó por ti (…) cualquier cosa, dices que te enteraste que había citas por los grupos de Telegram o Facebook”.
Quien vende las citas está más o menos claro, porque no se esconden ¿pero quién las consigue? Y ¿cómo? ¿Pasan día y noche pescando turnos como el resto?, ¿han entrenado de nuevo a los bots?, ¿o cuentan con la complicidad de gente de dentro? Interior, que ha publicitado algunas de las operaciones contra estas mafias, no da información.
Más de 60 organizaciones europeas de la sociedad civil han expresado su «profunda preocupación» ante la posición adoptada el lunes por los ministros de Interior de la Unión Europea con respecto al desafío de la inmigración. El lunes, los estados miembros de la UE aprobaron, con la negativa de España, el Fondo de solidaridad migratoria para 2026, que consiste en 21.000 reubicaciones de solicitantes de asilo. Ello supone «un deterioro severo» de las garantías legales y de los estándares de derechos humanos aplicados a las personas sujetas a procedimientos de expulsión, afirman las organizaciones.
