ORGANIZACIONES SOCIALES PRESENTAN UNA QUEJA A LA COMISIÓN EUROPEA ANTE LAS GRAVES DEFICIENCIAS PARA ACCEDER AL PROCEDIMIENTO DE ASILO
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Madrid, 22 de junio de 2023. Más de veinte organizaciones sociales del ámbito de las migraciones y de la protección internacional denuncian que el actual sistema para solicitar protección internacional no tiene capacidad de respuesta frente al incremento continuado de solicitudes de los últimos años. Además, la falta de citas genera graves deficiencias y dificultades para acceder al procedimiento.
Por todo ello, habiendo intentado ya mediante varios cauces llegar a una solución con el Ministerio del Interior, estas entidades han registrado una queja a la Comisión Europea, entendiendo que tiene competencias para analizar la situación y determinar el posible incumplimiento de la normativa sobre derechos fundamentales.
A la falta generalizada de citas, que comenzó en 2018 y se ha agravado en los últimos años, se unen las deficiencias del sistema; sin procesos homogeneizados y sistematizados, y con una acuciante falta de recursos que afectan a todos los trámites: desde la propia manifestación del deseo de solicitar asilo a la renovación de su documentación, las notificaciones de concesión o denegación, o incluso el acceso al sistema de acogida de protección internacional.
Estas dificultades constituyen una infracción al derecho de asilo, y a las normas que desarrollan el Sistema Europeo Común de Asilo, porque no permiten el acceso al propio derecho, impiden que su ejercicio sea ágil, accesible y efectivo y bloquean el acceso a los procedimientos, vulnerando los derechos fundamentales de las personas afectadas. Particularmente, se vulnera el derecho a solicitar asilo y la aplicación del principio de no devolución (Artículo 18 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE). Suponen además la infracción del Artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre el derecho a la buena administración y del Artículo 6 de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, que estipula un plazo máximo de tres días hábiles para registrar la solicitud desde la formulación realizada por la persona solicitante.
Se estima que decenas de miles de personas se encuentran en un “limbo jurídico” que les impide acceder a los derechos reconocidos a las personas solicitantes de asilo: derecho a trabajar, derecho a la sanidad, derecho a la educación, derecho a prestaciones sociales, derecho a la acogida (especialmente en los casos de personas en situación de especial vulnerabilidad), entre otros. La cifra real de las personas afectadas se desconoce, ya que ni siquiera pueden manifestar su deseo de solicitar asilo, por lo que no queda registrado.
ASOCIACIONES QUE PRESENTAN LA QUEJA: Andalucía Acoge, Asociación Atalaya Intercultural, Asociación Claver, Asociación Loiola Etxea, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Centro Padre Lasa, CESAL, Coordinadora de Barrios, Creando Huellas, Diaconia,Fundación Ellacuría, Fundació Migra Studium, Fundación Red Íncola, Fundación San Juan del Castillo – Centro Pueblos Unidos, La Merced Migraciones, MPDL, Progestión, Provivienda, Red Acoge, SJM, SJM Almería, SJM Valencia, Sercade.