LAS AUTORIDADES, INCAPACES DE FRENAR EL MERCADO ILEGAL DE CITAS PREVIAS PARA LOS EXTRANJEROS
Los medios son insuficientes para atender la demanda y miles de inmigrantes y solicitantes de asilo pagan cientos de euros para ser atendidos
[tomado de Sebastián Forero y María Martín para El País de 24.8.25]
[Imagen César Vallejo R0dríguez (Ofic. Asilo y Refugio en calle Pradillo, Madrid)]
Madrid se ha llenado de colas, pero en algunas hay que pagar para poder estar. No son las que dan acceso a las azoteas de los hoteles lujosos, ni a los macroconciertos más deseados. Son, por el contrario, colas para mantenerse a flote en España, para renovar papeles y conservar un empleo que muchas veces sustenta a familias enteras, aquí y a miles de kilómetros de aquí. Son colas para las que no habría que pagar, pero que a los inmigrantes les cuestan cientos de euros porque conseguir una cita online es casi imposible. Excepto para intermediarios que reservan masivamente turnos y luego los venden en un mercado que, aunque ilegal, está lejos de esconderse: opera en toda España, se anuncia sin tapujos en Instagram, TikTok y WhatsApp y se alimenta de una demanda que la Administración no logra cubrir.
La cola frente a la oficina de asilo y refugio de la calle Pradillo, en Madrid, se renueva cada hora. La forman decenas de personas, que aguardan las órdenes de los policías para acceder a la una sala de espera. Son en su mayoría venezolanos, colombianos, malienses y peruanos, las mismas nacionalidades que acumulan más del 80% de las 77.000 solicitudes de asilo registradas en España en el primer semestre del año. Necesitan renovar sus documentos para no caer en la irregularidad mientras esperan la respuesta a su petición de protección internacional. Si los papeles caducan, también se esfuman sus contratos y sus trabajos. No es un trámite menor, afecta a más de 270.000 personas que viven en España como solicitantes de asilo.
A las 11.00 de la mañana, la última de la cola es Teresa, una mujer colombiana de unos 50 años con una profunda cicatriz en la mano derecha. Vivía en Cali, una ciudad del suroccidente de Colombia, donde regentaba un restaurante. Hasta que aparecieron unos hombres armados a cobrarle la vacuna, la extorsión. Se negó a pagar y aparecieron para apuñalarla en el pecho, pero ella se protegió con esa mano que ahora exhibe como prueba del atentado. Lleva más de dos años esperando que respondan su petición de asilo. Aquí, aunque sin amenazas, no le ha quedado más remedio que pagar. A ella, como a casi todos, su cita para renovar los papeles le ha costado 150 euros. “No sé cómo lo hacen, pero lo consiguen”, dice sobre los intermediarios que la ayudaron.
La cita para renovar estos papeles se pide por la web, es gratis, pero casi nunca hay. Quien la logra ha pasado meses frente al ordenador, día y noche, apretando al f5 para actualizar la página y rezando para que en algún momento se abra el desplegable que permite elegir la fecha. Y como eso no sucedía, angustiados por quedarse fuera de plazo, buena parte de ellos ha acabado pagando. La mayoría la ha conseguido por 150 euros, el precio que parece haber fijado el mercado. A algunos les exigen hasta 200.
Funcionarios, ministerios y la policía saben que hay miles de citas que se venden al mejor postor, pero son incapaces de contener un fraude que se ha extendido a otros trámites, más allá de extranjería. Uno de los más críticos es el del Servicio Público de Empleo (SEPE), en el que resulta casi una misión imposible conseguir una cita para solicitar la prestación por desempleo. Aquí cuestan 10 euros. Ocurre también en la Seguridad Social o en la DGT. El mismo modus operandi se ha reproducido también en muchos consulados españoles en el extranjero, en los que ya no se puede pedir un visado sin pasar por caja.
Faltan medios para atender la demanda ciudadana y sistemas informáticos seguros que impidan que un ejército de bots capture cientos de citas en segundos, como lo hacen con las entradas para los conciertos de Bad Bunny. En este mercado ilegal, además, los extranjeros son siempre los principales perjudicados. Sus quejas se oyen menos (muchos ni siquiera se atreven a protestar), pagan más y son el grueso de los afectados: del más de medio millón de citas que la administración ofrece online cada mes, el 66% son para trámites de extranjería.
Patricia Fernández Vicens, abogada especializada en Extranjería, conoce de cerca los fallos del sistema. Hace unos años, todos los trámites de extranjería dependían de este mismo sistema corrompible, pero las oficinas han ido adaptando fórmulas para acabar con el pirateo. No ha ocurrido aún con el asilo, ni con otros trámites que dependen también de la Policía Nacional, como la toma de huellas o la recogida de la tarjeta de identidad de extranjero, para las que también se venden citas a 100 euros. “No hay voluntad política para mejorarlos”, lamenta. “Es imprescindible una dotación de personal adecuada”, enfatiza.
De momento, solo se han puesto parches. El último fue en 2023, cuando la Policía Nacional acabó con las citas para pedir asilo por Internet y, con cientos de miles de solicitantes, volvió al siglo XX. Ahora, las citas para ese primer trámite solo se consiguen por teléfono y por email. Fue su forma de acabar con el mercado negro que se había infiltrado hasta el corazón del sistema gracias a cientos de robots informáticos que acaparaban miles de citas que luego vendían por cientos de euros abogados y gestores.
La decisión drástica acabó con la compraventa masiva de esas citas, pero no con los problemas para acceder a ellas. Así que ahora hay gente que paga a otros para que pasen el día pegados al teléfono. Desde entonces, el Ministerio de Transformación Digital trabaja en un nuevo sistema informático eficaz y seguro, pero aún no ha pasado de proyecto piloto. Entre las medidas adoptadas, se ha optado por que las personas utilicen el certificado digital para obtener la cita previa a través de la página web y no se exige que sea el propio interesado el que la solicite, sino que puede gestionarla un tercero en su nombre. Según Interior, el piloto ha dado buenos resultados en la provincia de Castellón y por ello se prevé extenderlo a otras provincias.
A Adriel, pagar para esquivar un sistema que falla le recuerda demasiado a su país. Cubano de 40 años, emigró cuando sus comentarios críticos en redes sociales acabaron con la policía golpeando su puerta, así que pide aparecer en este reportaje con otro nombre. Profesional del ámbito audiovisual, aterrizó en Madrid en 2023 dispuesto a pedir asilo, pero no logró mover un dedo sin pagar. Varias veces.
“Llegué en el peor momento; no había citas en ninguna parte”, recuerda. En aquella época, efectivamente, el mercado negro de citas de asilo, el que desbarató la policía, estaba disparado. La demanda era altísima, el personal insuficiente y gestores y abogados amasaban una fortuna capturando turnos gracias a bots. “Después de intentarlo mucho, vi que era imposible por mi cuenta, hasta que di con alguien de una gestoría. Me ofreció una cita en Valencia o Almería por 400 euros. Al final, por 500, la conseguí en Madrid”, relata.
En la barra de una cafetería cercana a Pradillo, con un cortado y un pincho de tortilla, Adriel cuenta que, un año después, tuvo que volver a pagar 100 euros para renovar ese primer documento que le acredita como solicitante de asilo y que acaba de pagar una vez más por la segunda renovación. Esta vez, el mismo servicio ya costaba 150 euros. “De donde uno viene, estamos muy acostumbrados a que esto suceda. Entiendo que no debe ser así, yo no querría pagar, pero cuando el sistema funciona mal se dejan estos agujeros”, lamenta.
Los perfiles de gestores y abogados que prometen citas en un par de días se multiplican en las redes. G. A. Extranjería supera los 24.000 seguidores en Instagram. “Realizamos todos los trámites de extranjería”, se lee en la descripción de su perfil. Casi todas sus publicaciones, desde la primera, en octubre de 2022, hasta la más reciente, el pasado junio, son capturas de pantalla de citas de asilo confirmadas. En Madrid, Albacete, Segovia, Zaragoza… Anuncia las citas como muebles en Wallapop. Por WhatsApp tiene una respuesta predeterminada: “Para la gestión de la cita de renovación de asilo estamos cobrando 150 euros; la sacamos en 1 día a 2 semanas como máximo”. El pago se realiza cuando el interesado verifique en la página de extranjería que la cita efectivamente está agendada. Se hace un Bizum y ya está.
Una vez hecha la transacción, una ligera advertencia: “Comentarte que en la oficina de Pradillo están un poco meticulosos con las citas, debes decir que lo gestionaste tú, ¿vale?”. Y continúa: “A parte (sic) que todos los datos son tuyos, no hay manera de que comprueben que alguien la gestionó por ti (…) cualquier cosa, dices que te enteraste que había citas por los grupos de Telegram o Facebook”.
Quien vende las citas está más o menos claro, porque no se esconden ¿pero quién las consigue? Y ¿cómo? ¿Pasan día y noche pescando turnos como el resto?, ¿han entrenado de nuevo a los bots?, ¿o cuentan con la complicidad de gente de dentro? Interior, que ha publicitado algunas de las operaciones contra estas mafias, no da información.
