El pasado 27 de marzo se presento el informe ‘Cuidar con derechos, vivir con dignidad’, elaborado por el equipo de trabajo del área de mujer del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que recoge perspectivas de trabajadoras del hogar y cuidados de origen migrado, familias empleadoras y profesionales técnicas sobre los cuidados y el empleo del hogar. Desde el reconocimiento a esta labor y su aporte social, se analizan dificultades y se proponen alternativas para que los derechos a cuidar y ser cuidadas sean realmente garantizados en la sociedad.
Mira aquí abajo el vídeo de la presentación del Informe:
En palabras de Susete Mourato, investigadora y autora principal del informe, “El sistema actual de cuidados a personas en situación de dependencia no garantiza su universalidad, sino que reproduce desigualdades de género y favorece la explotación laboral de las personas que trabajan en este ámbito. Cuidar y ser cuidadas es un derecho inherente a todo ser humano, pero sigue siendo un privilegio de unas pocas personas”.
Según el informe, el 58% de las mujeres entrevistadas no han obtenido contrato laboral ni seguridad social; el 35% no ha tenido ni vacaciones pagadas ni descansos; el 40% de las empleadas en régimen externo trabajan más de 40 horas semanales; mientras que casi una de cada cuatro encuestadas admite no tener ninguna oportunidad formativa.
Además, el 15% de las mujeres entrevistadas han sido víctimas de acoso sexual en el entorno laboral. En algunos casos “persisten actitudes clasistas, racistas y colonialistas que perpetúan relaciones asimétricas basadas en estereotipos que generan discriminaciones múltiples, como situaciones de maltrato y de violencia sexual en el entorno laboral”.
El informe sintetiza una serie de hallazgos sobre la situación de este sector. En España existe una desigualdad estructural en los cuidados, ya que son las mujeres quienes asumen mayoritariamente esa responsabilidad, lo que perpetúa la desigualdad de género y la precariedad de este sector, donde existe una alta informalidad y vulnerabilidad de derechos. Además, existe un modelo de políticas públicas de cuidados deficiente: las mujeres soportan esta carga y suplen dicho déficit en un contexto de mayor envejecimiento de población y de ausencia de medidas efectivas de conciliación.
Por otro lado, la complejidad en trámites de regularización administrativa, unida a la falta de información sobre la contratación para ambas partes, genera una inseguridad jurídica, alienta la informalidad laboral y la economía sumergida e invisibiliza esta labor. Todos estos factores generan sobreexplotación y tienen un alto impacto en la salud mental y física de las trabajadoras.
Para revertir estas situaciones, es necesario un cambio estructural que garantice el acceso a derechos sociolaborales, así como el reconocimiento del trabajo en cuidados como esencial y digno. Entre las recomendaciones que propone el informe, que el Estado promueva políticas que reconozcan los cuidados como un derecho; facilitar y flexibilizarla regularización y contratación de mujeres migrantes trabajadoras; establecer incentivos, asesoramiento y medidas de apoyo para familias empleadoras; prevenir riesgos laborales propios del sector, garantizando medidas de protección y acceso a seguridad social; y promover herramientas de sensibilización social y cambio cultural que visibilicen esta labor esencial y contribuyan a erradicar prácticas discriminatorias hacia las mujeres trabajadoras.
El informe subraya la necesidad urgente de transformar el sistema de cuidados en España, priorizando la dignidad y los derechos de las trabajadoras del hogar y los cuidados. Para lograrlo, es imprescindible la colaboración de las administraciones públicas, las entidades del tercer sector y la sociedad en su conjunto. Solo con un esfuerzo coordinado será posible construir un modelo de cuidados más justo, equitativo y sostenible.
En palabras de una mujer empleada de hogar en Bilbao, participante en la investigación del informe, “que nuestras voces sean escuchadas y atendidas, que nuestra labor no se quede en la oscuridad, que nuestras peticiones como trabajadoras no se queden en bucle”.
LA MANO TENDIDA DE LA IGLESIA EN CANARIAS CON LOS MIGRANTES El obispo de Canarias y el delegado de migraciones de la diócesis reflexionan sobre la actual crisis migratoria y de qué forma la Iglesia puede acompañar este proceso
Entre la costa occidental de África y Gran Canaria hay apenas 200 kilómetros. Una distancia que para muchas personas significa el camino hacia una nueva vida. Durante 2023 y 2024 más de 87.000 personas llegaron a las costas del archipiélago desde África, según datos del Gobierno de Canarias. El comienzo de este año 2025 augura la continuidad de esta situación, puesto que en lo que va de año se mantiene la llegada casi diaria de migrantes a las islas con 3.429 personas rescatadas, antes de acabar enero. Por su parte, el Ministerio del Interior de España ha informado que en 2024 el país recibió 63.970 migrantes irregulares, lo que supone un incremento significativo respecto a los 56.852 registrados en 2023. La mayoría de estas llegadas ocurrieron a través de las Islas Canarias, una de las rutas más utilizadas por quienes intentan llegar al viejo continente desde África. La Iglesia en Canarias trabaja para acompañar a los migrantes que llegan a su tierra, buscando esperanza. Hemos iniciado el Año Jubilar, un Año Santo caracterizado por la esperanza que no declina, la esperanza en Dios. La diócesis de Canarias, que afronta la crisis migratoria, trata cada día de transmitir la esperanza evangélica a las personas que llegan escapando de guerras, hambre, pobreza y que han vivido situaciones dramáticas para llegar hasta allí. El obispo de Canarias, monseñor José Mazuelos Pérez, explica a L’Osservatore Romano que esta esperanza “los migrantes la viven cuando después del peligroso y largo camino se encuentran una mano tendida que los acoge, los escucha con cercanía y fraternidad”. Es eso lo que intentan transmitir como Iglesia, “a través de las entidades diocesanas, la pastoral de la migración, Cáritas, sacerdotes, religiosos y parroquias, que están luchando por y con los migrantes”. Pero también – añade el obispo – transmiten esperanza todos esos ciudadanos, católicos y personas de buena voluntad, anónimos que están teniendo gestos cotidianos para dar de comer a estas personas jóvenes, para darles cobijo, para darles un trabajo. “Hay mucha gente que se están volcando de forma callada. Parece que no pasa nada en Canarias en medio de esta emergencia humanitaria, y eso es porque hay una gran generosidad y una gran solidaridad del pueblo canario”, aseguro monseñor Mazuelos.
Son muchos los retos que deben afrontar en el trabajo con los migrantes y el obispo de Canarias enumera algunos de ellos. En primer lugar “la sensibilización de la comunidad cristiana y de la ciudadanía ante esta realidad que nos abruma. Poder trabajar de forma positiva y coordinada el sentimiento de rechazo que surge en momentos de crisis social”. En segundo lugar “la acogida e integración de la persona”. En todo el proceso que lleva consigo la integración de la persona, “tenemos el reto de dar un valor fundamental al acompañamiento que va más allá de lo que supone regularizar su situación administrativa, teniendo en cuenta que es necesaria, pero es la calidez y cercanía con la persona la que nos hace conectar con el otro, gesto que ayuda a generar ese sentimiento de esperanza ante la realidad que traen consigo y hace que las relaciones sean más cercanas y humanas”. Otro de los retos es que “la escucha es un valor a rescatar, porque desde ahí es posible llegar al otro de forma integral”. Recuperar su historia, dignificar a la persona hasta el punto que pueda visualizar de nuevo su proyecto de vida, señala el obispo. “A veces nos ponemos a definir, a etiquetar: llegado en patera, procede de América Latina, es una persona cubana, colombiana… pero cuando acogemos con nombre propio su recorrido, las razones por las que migra, e intentamos rescatar su proyecto en medio de las dificultades, se da el Misterio, algo despierta, se aviva y se siente que merece la pena este combate en un principio perdido. Siempre hay una puerta de salida, de esperanza cuando se conecta desde ese Amor que solo puede ser la presencia de Dios”, subraya monseñor Mazuelos. Asimismo, señala la importancia de abrir caminos para reagrupación familiar en Europa. Al respecto explica que a Canarias llegan muchas personas que ya tienen familia en el territorio continental. “Sería deseable que se facilitara la reunificación familiar cuanto antes. De esta forma, se produciría una disminución de la presión en los centros de atención y una menor dependencia de las administraciones públicas y entidades del tercer sector”. Ahora mismo, no sólo se dificulta la reunificación de quienes tienen familiares fuera de España, sino que incluso dentro del territorio nacional se producen separaciones familiares, lamenta, asegurando que han acompañado varios casos. También recuerda que es necesario mejorar en la asistencia jurídica: “formación específica para los letrados que atienden a los recién llegados; contar con espacios que permitan entrevistas reservadas entre los letrados y sus representados; disponer de medios y herramientas suficientes para poder desempeñar la asistencia jurídica de manera digna”. Un último reto sería “asegurar la presencia de intérpretes suficientes y que hablen las lenguas maternas de las personas asistidas”. Además de la escasez de intérpretes, el obispo asegura que “con frecuencia se realizan traducciones en francés, dando por sentado que todas las personas son francófonas, incluso a quienes proceden de países donde no se habla francés, como Gambia o Nigeria”. Esto – lamenta – provoca una indefensión absoluta, pues los destinatarios de la información no la entienden de manera comprensible y no pueden ejercer sus derechos. El Papa Francisco habla siempre de la importancia de acoger, proteger, promover e integrar cuando se habla de la migración. El obispo de Canarias cree que para lograrlo en primer lugar hay que luchar desde los colegios “por conseguir una educación en valores y el respeto a la dignidad de todos los seres humanos” y “no entrar en la demagogia de que los migrantes vienen a invadirnos”. Y habla del ejemplo del pueblo de Artenara. “Su alcalde ha sido muy valiente, porque esta localidad forma parte de esa España rural despoblada. Gracias a su capacidad de acogida a treinta niños migrantes se ha logrado que no se cierre el colegio, eso traerá consigo un refuerzo de los servicios públicos para todos, rejuvenecerá la vida diaria… Es, por tanto, una oportunidad”, cuenta monseñor Mazuelos. Por eso recomienda una acogida que dignifique a la persona migrada: “la escucha serena, acoger sus necesidades y buscar juntos alternativas”. En esta misma línea el obispo recuerda que “los migrantes no vienen por placer, sino que a muchos les gustaría no tener que salir de su país”. De hecho, asegura, para África ese éxodo masivo es un problema ya que se está marchando su juventud, su futuro. También asevera que hay que tener “confianza en las personas que llegan, en sus posibilidades de integración, promoviendo sus capacidades”.
Un tema especialmente complejo es el de la llegada de menores no acompañados. Desde la experiencia de la diócesis, el obispo indica que urge una estrategia conjunta de transición a la vida adulta, para evitar que los proyectos vitales de estos jóvenes se vean interrumpidos al cumplir la mayoría de edad (documentación, formación profesional, etc.). “Tenemos constancia de que actualmente existen numerosos jóvenes que han estado tutelados y ahora se encuentran en situación de calle. Desde Cáritas y otras entidades de la Iglesia, se intenta dar respuesta proporcionando comida, asistencia básica y gestión de documentación. Es necesario evitar que la bolsa de ex tutelados se incremente y dar respuesta a los que ya se encuentran en esta situación”, asegura. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que supone un factor importante de vulnerabilidad “que sitúa a las personas en condiciones de ser explotadas por mafias de todo tipo” y de “caer en situaciones de las que es muy complicado salir.” En relación a los menores también “tenemos claro que no se trata de imponer un reparto de migrantes como si fueran paquetes, ni se pueden disponer de centros para menores con el único fin de darles cama y comida. Y menos aún, cogerlos y soltarlos por las ciudades cuando cumplen la mayoría de edad, sin ningún tipo de ayuda y de protección. Así no se va a solucionar esta crisis”, observa el obispo. El acuerdo desde la Conferencia Episcopal Española para acompañar a estos jóvenes en el paso a la vida adulta “es un desafío que tenemos en nuestras manos como Iglesia de Canarias y que hemos puesto en marcha con los corredores de hospitalidad entre las diversas diócesis españolas”. Están trabajando en articular y dinamizar este proyecto y se está avanzando en consolidar esta alternativa de tener unos corredores de hospitalidad entre las diócesis que “se basan en el acompañamiento, formación y búsqueda de empleo de cada una de estas personas”. Las dos diócesis de las Islas Canarias están siendo “la puerta de acogida, protección y propulsora de estos corredores, acogiendo a los jóvenes migrantes que cumplen la mayoría de edad y proponiéndoles una alternativa de vida en otras diócesis de España que ofrecen su hospitalidad. Ante el número importante de jóvenes migrantes que se quedan en la calle, Canarias no cuenta con una red suficiente para acogerlos a todos”. Asimismo, Cáritas, Pastoral de la enseñanza junto con los hermanos de la Cruz blanca y otros religiosos están proponiendo y trabajando “vías donde los menores no sólo puedan ser acogidos, sino que reciban formación y se les pueda preparar la regularización para cuando cumplan la mayoría de edad puedan acceder a un trabajo”.
Son muchas otras asociaciones y entes que trabajan en la acogida de migrantes. Por eso la colaboración es importante. El obispo de Canarias asegura que se está viviendo momentos difíciles, de sobrecarga. “Cada organización mira de forma diferente: desde salvar vidas, cubrir necesidades básicas, otras con la mirada puesta en la promoción e integración”. Por tanto, “urge fortalecer esa coordinación de caminar juntos”.
El sacerdote Víctor Domínguez es el delegado de migraciones de la diócesis de Canarias. Él nos explica los objetivos y las prioridades de este trabajo siguiendo la línea y aportación de la exhortación de los obispos españoles ‘Comunidades acogedoras y misioneras’. En este sentido los objetivos planteados son tres: en primer lugar “pasar de una pastoral para las personas migradas a una pastoral con ellas, promoviendo el encuentro y su participación en el secretariado y en sus actividades”. En esta línea el sacerdote destaca que ya llevan dos cursos en el que en el mes de diciembre y por el día de las personas migradas y refugiadas realizan un encuentro – diálogo en el que los protagonistas son las personas migradas. Ese encuentro lleva por título “Ellos y Ellas toman la palabra”. En segundo lugar, se busca “potenciar el trabajo en red con entidades eclesiales y también con otras organizaciones civiles que trabajan en la acogida y la promoción de las personas migradas, promoviendo o apoyando iniciativas que están en consonancia con la pastoral de migraciones”. El tercer objetivo es “trabajar por proyectos y en procesos”. A este nivel destacan algunos como la mesa de migraciones, un espacio de coordinación eclesial con las entidades de la Iglesia que trabajan desde y con las personas migradas. Importante también el apoyo jurídico en el que ofrecer orientación y ayuda a personas migradas en situación de irregularidad administrativa o vulnerabilidad. Así como los círculos de silencio realizados en lugares públicos o plazas con la finalidad de sensibilizar a la sociedad con respecto a la problemática y realidad migratoria. Y por último la formación y sensibilización en las comunidades acogedoras. Como es tan desbordante la realidad migratoria que se vive en Canarias, monseñor Mazuelos indica que “se va dando la necesidad de sumar fuerzas ante el desafío de la acogida e integración de las personas migradas”. El trabajo conjunto de las dos Diócesis (Canarias y Tenerife), a través de las instituciones diocesanas, junto con los religiosos y religiosas trabajan en red y se complementa, desde lo local y cercano, con todas las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las asociaciones de migrantes y las administraciones públicas, especialmente el gobierno autonómico de las Islas Canarias. Intentan que, como Iglesia, ser acogidos en la mesa de migraciones del gobierno central, “pero seguimos sin voz y sin voto y teniendo dificultades para hacernos presente en los campamentos de refugiados”, lamenta el obispo. Algunos sacerdotes se han dado de alta en la cruz roja para poder acceder a la acogida de las pateras que llegan, pues en nombre de Cáritas no se nos permite ya que en las diferentes crisis migratorias Cáritas ha denunciado las vulneraciones de derechos. A pesar de todo “tenemos las manos tendidas siempre como Iglesia en lo local a través de nuestras comunidades parroquiales y en lo global a través de proyectos de Cooperación internacional”, explica el prelado.
Según el Ministerio de Interior, el archipiélago canario recibió en 2024 a 46.843 personas por vía marítima. Cifras absolutamente abrumadoras, si se piensa también en las personas que fallecen antes de llegar. Existe el riesgo de pensar en los migrantes solo como si fueran cifras, y es necesario humanizar y dar rostro a este drama. El obispo invita a sensibilizarnos ante la muerte de aquellos que viajaban en las barcas, por esos niños, jóvenes y adultos que han enterrado sus sueños y sus vidas en las aguas del Atlántico. “Nunca sabremos cuantos miles de personas han perdido sus vidas de manera trágica y dramática entre las dos orillas en estos últimos años”, reflexiona el prelado. Como Iglesia – subraya – sentimos el profundo dolor y la impotencia de ver cómo muchos hermanos mueren frente a las costas de nuestros pueblos y ciudades sin que parezca que hayamos hecho lo suficiente para evitarlo. Al respecto, el obispo de Canarias asegura que “es la hora de poner en marcha una política migratoria común, donde estén presentes todos los partidos. Y asevera que, si hay una conciencia clara de lo que es el bien común, todos podemos poner granitos de arena y tirar para adelante. Y, por supuesto, “esto no se va a resolver si no hay una implicación real de Europa”.
Por otro lado, el obispo de Canarias es consciente de que como Iglesia “debemos trabajar hasta la extenuación, pero hay que ser conscientes de que no tenemos una respuesta total y absoluta a la situación migratoria.” Hay que tener claro – prosigue – que estamos llamados a ser levadura en la masa. Es este el camino que hemos escogido y que vemos que empieza a sensibilizar a los políticos. Recuerda que “nuestra labor es subsidiaria y que ese pequeño grano que sembramos dará su fruto”. Es importante también – añade – tener presente los testimonios de personas voluntarias y de personas migrantes que han encontrado un camino digno.
Al respecto el sacerdote Víctor Domínguez, lamenta que muchas veces cuando los migrantes llegan “se encuentran con el rechazo, la xenofobia, la indiferencia y el miedo de una población que se cree invadida y amenazada por las personas migradas, ya que no ven en ellas una oportunidad de enriquecimiento sino una amenaza”. Por otro lado, como capellán en el centro de internamiento de migrantes (CIEs) ha tenido que experimentar la impotencia a la hora de ver como sus sueños y esperanzas quedan truncados y rotos cuando son deportados. Pero también recuerda situaciones positivas, como fue el proyecto de Comunidades acogedoras que se creó en la parroquia del sur de la isla de Gran Canaria, concretamente en Argineguín, “donde la comunidad creyente se volcó y acogió a muchos de los migrantes que llegaron en patera. Uno de esos chicos acogidos por familias ha podido formarse e incluso insertarse laboralmente. Hechos solidarios como este nos llenan sin duda de esperanza”.
Siendo conscientes de que la crisis migratoria es una realidad poliédrica, prosigue el obispo de Canarias, “es difícil hablar de una solución, aunque sí son posibles diferentes actuaciones que palien la situación” y sobre todo “hay que intentar que el Atlántico deje de ser un cementerio para las personas migrantes empobrecidas que huyen de guerras y de la pobreza”. Hay múltiples soluciones y vías para ir solventando esta situación, pero no se están poniendo medidas: desde exigir responsabilidades a ciertos gobiernos que están usando a los menores y a las personas migrantes como un arma arrojadiza, hasta focalizarse en los países de origen para paliar la pobreza extrema y garantizar una estabilidad frente a las guerras, para que los ciudadanos no tengan la necesidad de abandonar su tierra. En otros casos, como, por ejemplo, de Senegal, Gambia o Mauritania, hay que apostar por la formación para que vengan con un trabajo, con unas garantías. Esta es una inversión a medio y largo plazo para evitar que el Atlántico se convierta en un cementerio.
Del mismo modo, el prelado asegura que es necesario “denunciar y luchar contra las mafias que se enriquecen con el mercado de personas”. También “debemos procurar curarnos de la indiferencia hacia el sufrimiento del hermano y exigir la puesta a disposición de medios adecuados, suficientes y estables para mantener vías seguras para las personas migrantes”. Canarias – observa el prelado – siempre ha sido y seguirá siendo una sociedad de acogida y de paso de los flujos migratorios por su cercanía a África y su vinculación con Latinoamérica. Por eso invita a “construir otras narrativas de contraste que desmonten el mensaje mayoritario que pretende que veamos a las personas migrantes sólo como cifras, como mercancía o como amenaza a nuestra sociedad”. El obispo pide ponernos en el lugar del migrante “comprendiendo la realidad en otros lugares, tomando conciencia de la necesidad de cuidar y compartir justamente el Bien Común y los recursos naturales y respetando la dignidad de las personas y pueblos saqueados por un sistema corrupto, inhumano y violento que genera desigualdades, sufrimiento y pobreza en los países empobrecidos”.
Finalmente, recuerda que Dios, en la Cruz, se hace uno con las personas migrantes. “Cristo viene con ellos en la patera, se mete como uno más en el Océano y sufre con ellos hasta la muerte. Es ese Cristo quien nos llama a acogerlos, a no abandonarles y a buscar soluciones humanitarias.”
Grupo Diocesano de Migraciones de la Diócesis de Huelva MIGRACIONES DE LA DIÓCESIS DE HUELVA DENUNCIA LAS CONDICIONES EN LAS QUE VIVEN LOS TEMPOREROS
El Grupo Diocesano de Migraciones de la Diócesis de Huelva está formado por el Secretariado de Migraciones, Cáritas Diocesana de Huelva, Fundación Don Bosco, HOAC, CONFER, Nuevo Horizonte y Pastoral Penitenciaria.
Huelva, 17 de marzo 2025.
Todos los años. llegada esta fecha y coincidiendo con el final de la campaña de la aceituna en Jaén, miles de personas temporeras migrantes se desplazan hacia los municipios de Huelva, donde comienza la temporada de recolección de frutos rojos. Este flujo migratorio, habitual en esta época del año, trae consigo una serie de desafíos tanto para las personas trabajadoras como para las localidades que los reciben, así como para los empresarios y la propia administración.
En Lepe, uno de los puntos clave de acogida es un albergue de personas temporeras que no es suficiente para atender la llegada masiva de estas personas. Muchos de los recién llegados, ante la falta de espacio, se ven obligados a dormir en las calles, expuestos a las inclemencias del tiempo y en condiciones precarias. Esta situación ha generado preocupación entre las organizaciones sociales y las autoridades locales, que intentan buscar soluciones temporales para aliviar el problema sin poder dar respuestas a todos.
En otros municipios como Palos de la Frontera ocurre algo similar, las chabolas que fueron arrasadas por un gran incendio y que no dejaron volver a construir dejan un lugar desolador donde se concentran las personas que van llegando y sin alternativa de alojamiento lo que hace que numerosas personas duerman al raso acompañados de un fuego que los calienta para pasar de la noche.
En Lucena del Puerto, las personas temporeras que regresan a los asentamientos informales se encuentran con que sus chabolas han sido devastadas por algún que otro incendio y tampoco tienen alojamiento alternativo, algunos se afanan en volver a construirlas para pasar la temporada de trabajo. En Lucena se ha construido un pequeño albergue pero que no está en marcha por la falta de gestión. De hecho, estas estructuras que servían como refugio durante las campañas anteriores, han sido eliminadas en operativos de desalojo, dejando a muchos sin un lugar donde resguardarse.
En Moguer, otra localidad que recibe a cientos de temporeros, también se desborda y se puede ver cómo están por las calles o hacinados en almacenes indignos u otro tipo de infraviviendas. En Moguer no existe albergue para personas temporeras, están trabajando en la línea de erradicación del chabolismo habilitando unas viviendas alternativas.
Ante esta realidad, algunas de esas personas temporeras confían en que, una vez encuentren trabajo en alguna finca, les ofrezcan alojamiento en la misma propiedad, una práctica común en el sector agrícola onubense.
La llegada de las personas temporeras a Huelva marca el inicio de una de las campañas más importantes para la economía de la región, pero también pone en evidencia las carencias en materia de infraestructura y apoyo social para estos trabajadores esenciales. Mientras tanto, las organizaciones no gubernamentales y colectivos locales redoblan sus esfuerzos para brindar asistencia humanitaria, reclamando a las administraciones públicas medidas urgentes que garanticen condiciones dignas para quienes sostienen uno de los pilares económicos de la provincia.
Como personas cristianas no podemos ignorar la valiosa aportación de las personas migradas a nuestra sociedad y nuestra Iglesia [Comunidades acogedoras y misioneras Identidad y marco de la pastoral con migrantes. Exhortación Pastoral, 2.1] y denunciamos la necesidad de políticas integrales que aborden de manera sostenible la situación de las personas temporeras, garantizando sus derechos y mejorando su calidad de vida.
SON UNAS 40.000 MUJERES Y LA MAYORÍA EXTRANJERAS: «HAY QUE ABOLIR EL RÉGIMEN DE EMPLEADA DEL HOGAR INTERNA» En la previa al 8-M, escuchamos a uno de los colectivos más vulnerables, las trabajadoras domésticas: «Se creen que somos todólogas. Te limpio, te cocino, te paseo al perro y le cambio el pañal al abuelo«
Fue un domingo del año 2005. No se sabe exactamente la fecha, pero sí que era domingo puesto que es el único día en el que libraban las empleadas del hogar internas. Un grupo de ellas solían pasar su única jornada de descanso en el parque de Peñuelas, ubicado en el distrito de Arganzuela, en Madrid. Estaban Beatriz, Gladys, Marlene… Siete mujeres en total, todas migrantes, la mayoría colombianas.
«Allí, en el parque, además de intercambiar tips de qué pasa si un vino se derrama en la camisa, cómo se plancha esta ropa o cómo se hacen las lentejas, comenzaron a hablar de su situación: ‘Pues a mí me pagan más que a ti, pues mi empleador me dice que tengo que hacer esto…’. Se dieron cuenta de que si no conocían las leyes iban a estar oprimidas y empezaron a informarse de sus derechos… Como que despertaron». En aquel parque las siete internas decidieron crear Servicio Doméstico Activo (Sedoac), formada por mujeres migrantes trabajadoras del hogar. Y años después la asociación alumbraría el centro en el que nos encontramos, situado en el madrileño barrio de Usera. Según una estadística del Ayuntamiento de 2018, el 17% de las mujeres de este distrito que entonces tenía un empleo formal (4.561) eran empleadas del hogar.
Preside la fachada del local un enorme letrero de no menos de 30 metros de largo: «Centro de Empoderamiento de Trabajadoras del Hogar y Cuidados»(Cethyc). Bajo él hay varios murales, en los que se ve a una mujer con el cepillo y el cubo de la fregona, a otra atendiendo a un anciano, a un grupo sujetando una pancarta: «Reivindicamos la igualdad plena de derechos, condiciones de trabajo justas y dignas».
Hasta aquí hemos acudido en la previa del 8-M para palpar la situación de uno de los colectivos más vulnerables del sector laboral: es el que mayor porcentaje de empleadas mujeres tiene, con un enorme peso de las migrantes y de quienes trabajan irregularmente, sin contrato ni cotización a la Seguridad Social.
Nos atiende Edith Espínola, paraguaya de 46 años, la mujer que ha contado antes como nació Sedoac en un parque. Edith trabaja ahora como directora del centro, pero durante ocho años fue empleada doméstica, cuatro de ellos interna, por el salario mínimo y sin contrato.
«Me levantaba a las seis de la mañana y me acostaba a las once de la noche porque tenía que recoger la cena y dejar la mesa puesta para el desayuno. Los viernes estaba hasta las dos de la madrugada porque los empleadores salían y me dejaban con los niños. Si se iban de fin de semana, yo me quedaba a hacer limpieza extra. Y esto se dio en todos mis trabajos a excepción del último, que fue de externa con la persona que me hizo los papeles», cuenta en la cocina del Cethyc mientras le da sorbos a una infusión de mate.
Aquí imparten talleres de cocina española para que las migrantes aprendan a elaborar los platos locales; se les muestra cómo funciona el lavavajillas, la vitrocerámica o el sistema de reciclaje; les explican que no se puede mezclar el amoniaco y la lejía, les enseñan cómo cuidar a un adulto mayor o les dan asesoría legal.
En una pared de la cocina hay pegados un montón de post-it con mensajes de las usuarias: «Para mí, mi entusiasmo, mi mayor motivación, es aprender a cocinar la comida española y desempeñar nuestro trabajo con mucha experiencia», «sueño estar en mi país con mi ama», «conseguir un justo empleo y que mis hijos hayan terminado sus objetivos».
Desde que en mayo de 2019 se fundó el centro, por aquí han pasado entre 1.850 y 2.200 personas cada año, de las que unas 600-700 (el 42% internas) han recibido atención individualizada. Sus datos y circunstancias se han plasmado en un informe que bien sirve como radiografía del sector.
Fijémonos en el último año que recoge, 2022. El 95% de las personas atendidas en el Cethyc ese año fueron mujeres, mayoritariamente peruanas (38%), seguidas de ecuatorianas, colombianas, paraguayas, salvadoreñas, bolivianas, hondureñas y brasileñas. El 58% eran mayores de 50 años (el 15% tenía más de 65) y sólo el 60% tenía DNI o NIE, lo que quiere decir que el 40% estaban en situación irregular, sin papeles. Sobre sus estudios: universitarios, el 16,7% (eran 21% el año anterior); FP, el 16,7%; y Secundaria, el 56,9%.
A propósito del alto número de universitarias, Edith Espínola recuerda el caso reciente de una médica cubana. «Era especialista en cuello uterino y estaba trabajando de interna. No le permitían comer en la casa y tenía que llevar su comida. Era eso o vivir en la calle. Hace un año y medio salió, regularizó su situación y está trabajando en una mutua». Para obtener una visión general del sector, saber cuántas personas trabajan como empleadas del hogar, hay que recurrir a la Encuesta de Población Activa (EPA) y a las estadísticas de la Seguridad Social. Y ahí encontramos el descuadre. Mientras que en la EPA -datos del último trimestre de 2024- 567.900 personas declaraban que trabajaban como personal doméstico, en la Seguridad Social, en diciembre del mismo año, sólo estaban dadas de alta 352.760.
Del desfase, asociaciones y sindicatos concluyen lo lógico: las 217.140 personas de diferencia (el 38,23%, más de un tercio) están trabajando en la economía sumergida, sin cotizar.
No hay datos oficiales de cuántas internas hay. El citado informe del Cethyc recoge la cifra de 40.000 citando a la ONG Intermón Oxfam y apunta que la experiencia de las asociaciones indica que el dato podría ser mayor. Son las más vulnerables dentro de las vulnerables.
«El propio trabajo de interna te aísla porque no tienes compañeros. Vives allí, duermes allí y sales solo unas horas libres a la semana, como un preso. No es lo mismo trabajar en una empresa de 100 personas que ser tú solita la que tengas que ir a denunciar. Algunas nos dicen: «Es que me han dicho que si no me voy, van a contar que yo robé». Siempre el empleador suele tener poder sobre el trabajador, pero en el empleo doméstico esto es estructural y sistémico. Tú eres un objeto y deciden sobre tu vida y circunstancias. Y si estás indocumentada es aún peor: explotación hasta violenta en muchos casos2, dice Edith.
Ahonda en las adversidades a las que se enfrentan las internas explicando sus dificultades para obtener el empadronamiento. «Como a una amplia mayoría, hasta el 70%, no las dejan empadronarse en su lugar de trabajo, alquilan una habitación para poder acceder al médico o a renovar su documentación. Sin padrón no existen«.
Y pone sobre la mesa la práctica ilegal a las que algunas están recurriendo: «Compran el empadronamiento. Según varias asociaciones, hay gente que está cobrando entre 200 y 300 euros, y hasta 600, sólo por empadronar a una interna, sin tener derecho a vivir o usar el sitio». Es por todas estas circunstancias y otras muchas por las que Edith concluye: «Hay que abolir el régimen de interna».
El sábado no irán a ninguna de las dos manifestaciones en las que se dividen las mujeres el 8-M. «Las compañeras han decidido hacer una actividad de cuentacuentos en la que se recordará por qué se celebra este día», dice Edith, quien añade que ni la Comisión 8M ni el Movimiento Feminista de Madrid se posicionan -«o lo hacen de forma tibia»- sobre la situación de las internas: «Si luchas por la igualdad pero no exiges la eliminación del régimen de interna… Eso no es igualdad, pero esto es una reflexión sólo mía», dice Rafaela.
No son partidarias de la abolición sin embargo las mujeres de Territorio Doméstico, asociación hermana de Sedoac pese a esta discrepancia. Para charlar con su portavoz, Rafaela Pimentel, acudimos al barrio de Carabanchel, donde vive.
Tras 33 años como trabajadora doméstica externa -los 29 últimos con la misma familia y legalmente contratada- ha tenido que dejarlo por los problemas que las tareas le han provocado en un brazo y que la han llevado al quirófano. Ya puede peinarse, por ejemplo, pero no planchar tres horas. Le han denegado la incapacidad total y sólo le dan ocho meses de paro con 27 años cotizados. Ha puesto el caso en manos de un abogado. Tiene 64 años.
«No somos partidarias de la abolición del régimen de interna porque cuando surgió este debate hicimos unas jornadas con las compañeras internas y muchas decían: «Si este trabajo tuviera las condiciones que tiene que tener un trabajo, yo lo haría». Lo que hay que hacer es garantizar sus derechos», opina Rafaela, que mañana acudirá con Territorio Doméstico y gafas y peluca a la manifestación de la Comisión 8M. Empezaron a disfrazarse en 2008, cuando asistieron a la primera marcha, porque muchas temían que los jefes las reconocieran. Mantienen la tradición.
Territorio Doméstico tiene además un disco editado con canciones como Adelita: [Cántese con la melodía de Si Adelita se fuera con otro] «Si Adelita tuviera un contrato/ sus papeles podría arreglar/ Adelita 10 años currando/ pero sigue siendo ilegal».
Sí coinciden con Sedoac en otras muchas reivindicaciones. En 2011 ya consiguieron que la Seguridad Social creara el Sistema Especial para Empleados del Hogar, explican, tener bajas laborales como cualquier trabajador o un contrato por escrito. En 2022, lograron la prestación por desempleo y el fin del despido por desistimiento, es decir que el empleador pudiera poner fin a la relación laboral sin aviso ni justificación alguna. Edith recuerda el caso de una compañera ecuatoriana despedida sin aviso en Nochebuena que tuvo que irse a vivir al aeropuerto.
«Pedimos estar en el Régimen General de la Seguridad Social, como los demás trabajadores, y que haya políticas públicas de cuidados, para que no seamos las mujeres migrantes empobrecidas las que sostengamos el sistema de cuidados», dice Rafaela Pimentel, quien también reclama que haya inspecciones laborales o el reconocimiento de las enfermedades propias del empleo.
«Se debería categorizar el trabajo del hogar y que los cuidados estén aparte», dice Edith. «Lo que no se puede permitir es que la trabajadora del hogar lo haga todo, pase a ser una todóloga: te limpio, te cocino, te plancho, te paseo al perro, hago de profesora de los niños y además le cambio el pañal al abuelo por un precio de risa».
A las dos últimas personas citadas en el título de esta entrada, es seguro que se le podían sumar más. Y es que no son sólo el papa católico y la obispa episcopal quienes han manifestado una oposición clara y firme a las políticas (¿políticas?) migratorias de Trump.En todo el mundo ha habido personas e instancias -religiosas y laicas- que se han manifestado en la misma línea.
Con todo, guardemos aquí memoria de las intervenciones de los dos líderes religiosos dichos, porque no tienen desperdicio ni en su fondo ni en su forma (y los segundo no es, tristemente, frecuente hoy en día, donde parece que discrepar sólo puede expresarse insultando).
La obispa episcopal Mariann Edgar Budde (véase quién es en este enlace de El País), durante la homilía de un servicio religioso que ella presidía y en la que estaba presente el presidente Trump (al día siguiente de su toma de posesión el 20 de enero de 2025), se dirigió directamente a Trump sin ambages: «En el nombre de Dios, le pido que tenga misericordia para gente en nuestro país que tiene miedo ahora», Puede leerse el discurso íntegro de la obispa en este enlace de El País. O ver una amplia crónica sobre las partes del discurso sobre las deportaciones de migrantes en este enlace de la BBC.
El papa Francisco, el día antes de la toma de posesión de Trump, ya había calificado como «una desgracia» que el líder republicano cumple con una de sus promesas electorales estrella: llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes. Y, además de ampliar esa idea, la reiteró en el mensaje de felicitación que envió al presidente. Y todo eso se sumaba a que, dos semanas antes, se había nombrado arzobispo de Washington a Robert Walter McElroy, claramente a favor de los inmigrantes y de la acogida de los homosexuales en la Iglesia, y que no ha tenido empacho en criticar públicamente a Trump, como cuando tachó de «ineficaz y grotesca» la construcción del muro ante Méjico. Puede leerse ampliado todo esto en este enlace de El Diario Vasco.
Y de nuevo el papa Francisco es quien ha enviado el pasado 10 de febrero una Carta a los obispos estadounidenses (puede leerse en español en esta enlace de la Santa Sede), que expone ampliamente el rechazo a las deportaciones y acaba así: «Exhorto a todos los fieles de la Iglesia católica, y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a no ceder ante las narrativas que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a nuestros hermanos migrantes y refugiados. Con caridad y claridad todos estamos llamados a vivir en solidaridad y fraternidad, a construir puentes que nos acerquen cada vez más, a evitar muros de ignominia, y a aprender a dar la vida como Jesucristo la ofrendó, para la salvación de todos.».
Para revertir estas situaciones, es necesario un cambio estructural que garantice el acceso a derechos sociolaborales, así como el reconocimiento del trabajo en cuidados como esencial y digno. Entre las recomendaciones que propone el informe, que el Estado promueva políticas que reconozcan los cuidados como un derecho; facilitar y flexibilizarla regularización y contratación de mujeres migrantes trabajadoras; establecer incentivos, asesoramiento y medidas de apoyo para familias empleadoras; prevenir riesgos laborales propios del sector, garantizando medidas de protección y acceso a seguridad social; y promover herramientas de sensibilización social y cambio cultural que visibilicen esta labor esencial y contribuyan a erradicar prácticas discriminatorias hacia las mujeres trabajadoras.
