CÍRCULO DE SILENCIO en solidaridad con los inmigrantes – 6.6.25 en Callao (Madrid) de 20.30 a 21.30 –
Porque los delegados de migraciones de la Iglesia española acordaron que lo celebraran, en una u otra forma, todas las diócesis (más explicación y materialesen esta entrada).
Porque se está atentando contra la dignidad de las personas migrantes. Porque sigue habiendo muertes injustas, fronteras fortaleza. Porque los medios de comunicación y nuestros políticos manipulan el significado de nuestro vocabulario y de muchas conciencias. ¡Seguiremos denunciando toda ley y acto contra las personas migrantes!
¿Qué son los Círculos de Silencio?
Una acción NO VIOLENTA en solidaridad con las personas inmigrantes y de reivindicación de los derechos de todas las personas. Defendemos la noviolencia como el camino a seguir y a descubrir, que ponga siempre la conciencia por encima de la ley.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, registró ayer, 16 de mayo, en las Cortes Generales el informe Niñas y niños extranjeros en España solos o acompañados. (puedes descargarlo pulsando aquí). El Informe plantea recomendaciones a la Secretaría de Estado de Juventud e Infancia, a la Subsecretaría del Interior, a la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a la Secretaría de Estado de Seguridad, a a Secretaría de Estado de Migraciones, al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, a as consejerías competentes de las comunidades autónomas en materia de protección de menores,
Entre sus muchas advertencias, avisa que «miles de menores» pueden caer en la irregularidad con el nuevo Reglamento de Extranjería. [sobre el nuevo Reglamento, véase esta entrada, y también esta y esta]
“El objetivo de este informe es contemplar a la infancia extranjera que está entre nosotros en su conjunto, es decir aquella -la gran mayoría- que se encuentra junto a sus progenitores y también aquella otra que ha realizado su periplo migratorio sin referentes adultos”, ha señalado Gabilondo.
Así, este trabajo monográfico insiste en que niños, niñas y adolescentes son una auténtica prioridad y que no se puede desatender al principio de igualdad de todos los menores que se hayan bajo nuestra jurisdicción. En palabras del Defensor del Pueblo, “son su situación y sus derechos los que nos mueven, en última instancia, a un informe que, como los monográficos que elabora esta institución, conduce a una serie de recomendaciones concretas, dirigidas a las distintas administraciones -comunidades autónomas y ministerios-, que van desde las propuestas de modificaciones en la aplicación de las normas y de los recursos administrativos, al cambio específico de alguna norma”.
El informe del Defensor del Pueblo concluye, entre otras cosas, que los menores migrantes, acompañados o no, se enfrentan a prácticas administrativas que no ponen en el centro su condición de menores de edad. Además, la normativa de extranjería tampoco recoge suficientemente, en opinión de la institución Defensor del Pueblo, el enfoque de género y de infancia.
Asimismo, el informe apunta que la irregularidad documental de las personas adultas conduce a la invisibilidad de los niños y niñas a su cargo, que quedan expuestos a una situación de triple vulnerabilidad; como menores, como personas migrantes, y como personas indocumentadas.
En este trabajo se considera también que la identificación de todos los menores extranjeros que se encuentran en España en situación irregular constituye una pieza clave para el efectivo ejercicio de sus derechos, y reitera la importancia de detectar a posibles solicitantes de asilo y víctimas de trata.
La opinión de los jóvenes
A la hora de elaborar este informe se ha tenido en cuenta la opinión de los jóvenes extranjeros, sus experiencias vividas en los centros de protección, en la escuela o en otros ámbitos como el sanitario o, en su caso, en el sistema de justicia juvenil y también sobre su transición a la vida adulta.
Hay que resaltar, en este contexto, que la juventud extranjera que ha sido tutelada por las entidades de protección de menores autonómicas identifica como su mayor preocupación el mantenimiento de la regularidad documental al alcanzar la mayoría de edad. La dificultad de encontrar un puesto de trabajo estable que les permita acceder a una vivienda es otra de las preocupaciones más repetida, coincidiendo en esto con las inquietudes de la juventud en general.
A su vez, para la elaboración de este trabajo se ha pedido información y se han cruzado datos de la Policía Nacional, de otros cuerpos de seguridad y de los servicios de protección de menores de comunidades autónomas, así como de diferentes ministerios. Las conclusiones del mismo han dado lugar a recomendaciones dirigidas precisamente a comunidades autónomas y ministerios.
Según Ángel Gabilondo, este informe no es “un compendio de soluciones, sino un conjunto de posibles maneras de enfocar cómo dirigirse a ellas” y hace hincapié en que “los niños y las niñas, los jóvenes -tengan el origen que tengan-, son el futuro real y efectivo de nuestra sociedad. Y, sobre todo, sus derechos son inherentes e inalienables”.
CÍRCULO DE SILENCIO en solidaridad con los inmigrantes – 2.5.25 en Callao (Madrid) de 20.30 a 21.30 –
Porque los delegados de migraciones de la Iglesia española acordaron que lo celebraran, en una u otra forma, todas las diócesis (más explicación y materialesen esta entrada).
Porque se está atentando contra la dignidad de las personas migrantes. Porque sigue habiendo muertes injustas, fronteras fortaleza. Porque los medios de comunicación y nuestros políticos manipulan el significado de nuestro vocabulario y de muchas conciencias. ¡Seguiremos denunciando toda ley y acto contra las personas migrantes!
¿Qué son los Círculos de Silencio?
Una acción NO VIOLENTA en solidaridad con las personas inmigrantes y de reivindicación de los derechos de todas las personas. Defendemos la noviolencia como el camino a seguir y a descubrir, que ponga siempre la conciencia por encima de la ley.
Mons. Argüello -presidente de la CEE- en el Discurso Inaugural de la 127ª Asamblea Plenaria – Extracto sobre la Iniciativa Legislativa Popular – «ANTE LA SITUACIÓN DE ESTOS MILES DE PERSONAS, ESPECIALMENTE NIÑOS, ENFERMOS, TRABAJADORES, ¿QUÉ HACER, EXPULSARLOS A TODOS O ABORDAR LA MANERA DE REGULARIZAR SU SITUACIÓN?»
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP), promovida por centenares de organizaciones con una presencia muy especial de Cáritas, Confer, la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y REDES, recogió 611.821 firmas validadas por la Oficina de Censo Electoral. La ILP fue tomada en consideración por el Congreso de los Diputados el 9 de abril de 2024, con 310 votos a favor. El 19 de noviembre de 2024, se aprueba la modificación del Reglamento de la ley de extranjería, que sirve de argumento para paralizar la tramitación ya aprobada de la ILP por «ser ya innecesaria». Sin embargo, el Reglamento dejará fuera, en una cierta situación de limbo jurídico y existencial, a miles de personas como, por ejemplo, quienes no cumplan el requisito de dos años de permanencia o personas que no puedan demostrar fehacientemente su estancia durante ese periodo; las personas indocumentadas sin posibilidad de recibir documentos de su país de origen; las personas con difícil empleabilidad por edad, discapacidad o enfermedad crónica; quienes estando en posibilidad de trabajar no pueden aceptar una propuesta de empleo por no estar «regularizados» ni pueden «regularizarse» por no aportar un contrato laboral; los solicitantes de protección internacional, a quienes se deniega su solicitud; y las familias con niños y adolescentes que estén en situación de irregularidad administrativa.
La CEE siempre ha reconocido el derecho del Estado de regular los flujos migratorios, la necesidad de abordar las causas migratorias en colaboración con los países de origen y de combatir a las mafias, siempre desde el principio de la dignidad humana que nos impulsa a abordar la situación de los que ya residen en nuestra nación. Por eso, ante la situación de estos miles de personas, especialmente niños, enfermos, trabajadores, ¿qué hacer, expulsarlos a todos o abordar la manera de regularizar su situación?
Proponemos a los dos grupos políticos mayoritarios en las Cortes Generales que se reúnan para afrontar el problema e impulsar la tramitación de la ILP. Es un ejercicio de regeneración democrática, por respeto a la iniciativa de cientos de miles de ciudadanos y a la decisión del Congreso de los Diputados, y también una forma de ayudar a resolver un grave problema en el que la dignidad y el bien común están afectados. Es también una llamada a superar polarizaciones estériles y abordar los graves problemas comunes desde legítimas diferencias, pero buscando puntos de encuentro. Queremos promover una alianza social que lleve la esperanza a quienes están excluidos de la regularización y viven en una tierra de nadie que no propicia nada bueno. Estamos dispuestos a ofrecer un cauce que facilite el encuentro y el diálogo. Por eso en próximas fechas quisiéramos trasmitirles esta iniciativa y sugerirles la posibilidad de un diálogo sobre el asunto.
El pasado 27 de marzo se presento el informe ‘Cuidar con derechos, vivir con dignidad’, elaborado por el equipo de trabajo del área de mujer del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que recoge perspectivas de trabajadoras del hogar y cuidados de origen migrado, familias empleadoras y profesionales técnicas sobre los cuidados y el empleo del hogar. Desde el reconocimiento a esta labor y su aporte social, se analizan dificultades y se proponen alternativas para que los derechos a cuidar y ser cuidadas sean realmente garantizados en la sociedad.
Mira aquí abajo el vídeo de la presentación del Informe:
En palabras de Susete Mourato, investigadora y autora principal del informe, “El sistema actual de cuidados a personas en situación de dependencia no garantiza su universalidad, sino que reproduce desigualdades de género y favorece la explotación laboral de las personas que trabajan en este ámbito. Cuidar y ser cuidadas es un derecho inherente a todo ser humano, pero sigue siendo un privilegio de unas pocas personas”.
Según el informe, el 58% de las mujeres entrevistadas no han obtenido contrato laboral ni seguridad social; el 35% no ha tenido ni vacaciones pagadas ni descansos; el 40% de las empleadas en régimen externo trabajan más de 40 horas semanales; mientras que casi una de cada cuatro encuestadas admite no tener ninguna oportunidad formativa.
Además, el 15% de las mujeres entrevistadas han sido víctimas de acoso sexual en el entorno laboral. En algunos casos “persisten actitudes clasistas, racistas y colonialistas que perpetúan relaciones asimétricas basadas en estereotipos que generan discriminaciones múltiples, como situaciones de maltrato y de violencia sexual en el entorno laboral”.
El informe sintetiza una serie de hallazgos sobre la situación de este sector. En España existe una desigualdad estructural en los cuidados, ya que son las mujeres quienes asumen mayoritariamente esa responsabilidad, lo que perpetúa la desigualdad de género y la precariedad de este sector, donde existe una alta informalidad y vulnerabilidad de derechos. Además, existe un modelo de políticas públicas de cuidados deficiente: las mujeres soportan esta carga y suplen dicho déficit en un contexto de mayor envejecimiento de población y de ausencia de medidas efectivas de conciliación.
Por otro lado, la complejidad en trámites de regularización administrativa, unida a la falta de información sobre la contratación para ambas partes, genera una inseguridad jurídica, alienta la informalidad laboral y la economía sumergida e invisibiliza esta labor. Todos estos factores generan sobreexplotación y tienen un alto impacto en la salud mental y física de las trabajadoras.
Para revertir estas situaciones, es necesario un cambio estructural que garantice el acceso a derechos sociolaborales, así como el reconocimiento del trabajo en cuidados como esencial y digno. Entre las recomendaciones que propone el informe, que el Estado promueva políticas que reconozcan los cuidados como un derecho; facilitar y flexibilizarla regularización y contratación de mujeres migrantes trabajadoras; establecer incentivos, asesoramiento y medidas de apoyo para familias empleadoras; prevenir riesgos laborales propios del sector, garantizando medidas de protección y acceso a seguridad social; y promover herramientas de sensibilización social y cambio cultural que visibilicen esta labor esencial y contribuyan a erradicar prácticas discriminatorias hacia las mujeres trabajadoras.
El informe subraya la necesidad urgente de transformar el sistema de cuidados en España, priorizando la dignidad y los derechos de las trabajadoras del hogar y los cuidados. Para lograrlo, es imprescindible la colaboración de las administraciones públicas, las entidades del tercer sector y la sociedad en su conjunto. Solo con un esfuerzo coordinado será posible construir un modelo de cuidados más justo, equitativo y sostenible.
En palabras de una mujer empleada de hogar en Bilbao, participante en la investigación del informe, “que nuestras voces sean escuchadas y atendidas, que nuestra labor no se quede en la oscuridad, que nuestras peticiones como trabajadoras no se queden en bucle”.
