Nuevo Reglamento de Extranjería. Análisis y opiniones.

EL NUEVO REGLAMENTO DE LA LEY DE EXTRANJERÍA. REFLEXIONES Y PARECERES

A partir de un artículo central sobre la nueva Ley de Extranjería, tomado de «Alfa y Omega», ofrecemos luego otros artículos y reflexiones sobre ella. Cada quien tenemos la posibilidad y el deber de formar nuestra propia opinión. Eso sí, la Mesa comparte buena parte de las críticas que aquí se exponen (y también bastantes de las alabanzas).

Luces y sombras en la ley de extranjería (José Calderero de Aldecoa para Alfa y Omega de 28.11.24).

El nuevo reglamento deja fuera a personas como Renzo y a al menos 75.000 indocumentados pero amplía los supuestos para acogerse al arraigo. Los expertos valoran los cambios, pero piden ir más allá

Nuevo Reglamento de Extranjería. Análisis y opiniones.Renzo es de Perú y tiene 24 años. Llegó a España huyendo «de la inseguridad y de la corrupción» en su país. Pero desde que desembarcó en Madrid no ha podido más que sobrevivir con pequeños trabajos realizados sin contrato. «He sido ayudante obras, repartidor o limpiador de pisos», enumera. Otra cosa que también ha podido hacer es dejarse ayudar. «Estoy muy agradecido a Cáritas de Getafe», manifiesta. La entidad caritativa de la Iglesia no solo le ha pagado el alquiler de la habitación en la que vive en dos ocasiones, sino que también le ha ayudado con su formación. «Me estoy preparando para ser ayudante de almacén», explica con orgullo. Todo será en balde, sin embargo, si no consigue un permiso de residencia y trabajo. El problema es que con el nuevo reglamento de la ley de extranjería, según Cáritas, no puede regularizar su situación al no contar con el tiempo de permanencia necesario en España para hacerlo acogiéndose al arraigo. Pero no es el único. «Sigue habiendo personas en situación irregular que no entran bajo el paraguas del nuevo reglamento. Pensemos en el gran número de indocumentados. Solo Cáritas tiene constancia de unos 75.000 y no todo el mundo acude a esta entidad, con lo cual podemos suponer que el número es aún mayor», advierte el director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Redondo.

No es el único colectivo perjudicado. «A partir de ahora, el tiempo que una persona haya pasado como solicitante de protección internacional no contabilizará como tiempo de permanencia previa en España para la solicitud del arraigo», explica el responsable de Incidencia Política y Orientación Jurídica sobre Movilidad Humana en Cáritas Española, Diego Fernández-Maldonado. De esta forma, si la Administración deniega la protección el candidato deberá comenzar con el proceso de arraigo desde cero y esperar en situación irregular los años que marca la ley para poder acogerse a esta figura. Este cambio legal, según Fernández-Maldonado, «es un ataque frontal a la protección internacional». Quizá por ello, el punto no «estaba incluido en el borrador sobre el que trabajamos en la consulta que hizo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a las entidades del sector»; un proceso en el que Cáritas Española «participó de manera activa». Según el responsable, «hicimos un documento muy amplio de aportaciones, pero lamentablemente las que reivindicábamos con más fuerza no han sido recogidas en el texto definitivo».

En ese documento, por ejemplo, se advertía sobre el funcionamiento de las oficinas de extranjería y las vías de acceso a los expedientes. «Hay personas que aunque cumplen los requisitos para acceder al arraigo no pueden presentar su expediente porque no hay citas disponibles para ello», señala el responsable. Por otro lado, este reglamento consolida la presentación telemática de los expedientes, «que es muy cómoda, pero imposible para alguien en situación irregular porque no dispone de firma electrónica». Por último, Fernández-Maldonado lamenta que en el caso de que una persona haya podido presentar su solicitud hay un último obstáculo que es «el plazo excesivamente largo de resolución». Esto tiene un impacto directo para los arraigos relacionados con el trabajo, «porque supone que tienes que convencer al empleador de que contrate a una persona que no va a poder trabajar hasta que la resolución sea favorable, algo que puede tardar seis u ocho meses». Y aunque «uno de los objetivos que dice perseguir este nuevo reglamento es dar mayor agilidad a los procedimientos de regularización», la realidad es que «se quedará en agua de borrajas, si no se dota del personal y las estructuras necesarias para llevar a cabo esta gestión», añade el director de Migraciones de la CEE.

Nuevos arraigos

El Gobierno dio luz verde al reglamento el pasado 19 de noviembre, durante el Consejo de Ministros. A su conclusión, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, afirmó que con él «se simplifican procedimientos, se eliminan duplicidades y se dan mayores garantías y rigor jurídico». La principal novedad es la reducción del tiempo que una persona tiene que pasar en España —en situación irregular— para acceder a la regularización por arraigo: de tres a dos años. También se han modificado los tipos de arraigo. Antes había cuatro situaciones y se han ampliado a cinco: arraigo social, sociolaboral, socioformativo, familiar y de segunda oportunidad. Este último no figuraba en el anterior reglamento y permite regularizar a los extranjeros que han tenido una autorización previamente y por alguna razón no han podido renovarla. Asimismo, el nuevo texto modifica la situación de los visados y establece que todas las autorizaciones iniciales van a ser de un año.

Al final, «con todas estas luces y sombras», concluye Fernández-Maldonado, «no se trata de una norma que nos satisfaga al 100 %». Tampoco a Fernando Redondo, que, si bien valora los avances, sostiene que «la aprobación del nuevo reglamento no debe impedir que la iniciativa legislativa popular para regular a medio millón de migrantes siga adelante». Y concluye: «Reglamento e ILP serían dos vías complementarias para llevar a cabo una verdadera y efectiva regularización».

MÁS:

María Martín y Sebastián Forero (para El País) 21.10.24. El Gobierno ultima la reforma que facilitará la residencia y el permiso de trabajo a decenas de miles de extranjeros. «El último borrador del nuevo reglamento de extranjería, al que ha tenido acceso EL PAÍS, reduce plazos y fomenta que los inmigrantes puedan trabajar. La norma abre una vía de regularización transitoria a los que les denegaron su solicitud de asilo».

María Martín y Sebastián Forero (para El País) 22.10.24. El nuevo reglamento de Extranjería provoca recelos a los promotores de la regularización de inmigrantes en el Congreso. «Los impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular temen que la nueva reforma la vacíe de contenido».

Alfa y Omega 19.11.24. El Gobierno aprueba el nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería. Resumen en Alfa y Omega de la presentación hecha por la ministra Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Alfa y Omega 20.11.24. La CEE da la «bienvenida» al nuevo reglamento de extranjería, pero lo ve «insuficiente». «El director del departamento de Migraciones de la CEE ha recordado que la nueva norma deja fuera a muchas personas y ha asegurado que seguirán apoyando la ILP para la regularización de 500.000 migrantes».

José Luis Palacios (para Noticias Obreras) 20.11.24. La Iglesia española ve “avances” en el Reglamento de Extranjería pero denuncia “insuficiencias”. «Migraciones de la Conferencia Episcopal y Cáritas celebran los “avances” registrados en el nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería, aunque denuncian “insuficiencias” y “obstáculos”, por lo que piden la aprobación de la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria».

La Vanguardia – Servimedia 20.11.24. La Iglesia alerta de que la reforma del reglamento de Extranjería dejará sin protección a más de 75.000 personas sin papeles.

Servicio Jesuita a Migrantes 25.11.24. Las entidades sociales ven luces y sombras en la reforma del Reglamento de Extranjería. «La alianza formada por seis organizaciones especializadas en el acompañamiento social y jurídico de personas migrantes y refugiadas considera que la nueva normativa establece mejoras pero no logra un cambio sustancial y definitivo, dejando atrás objetivos clave».

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