VIEJAS MEDIDAS PARA NUEVAS REALIDADES

VIEJAS MEDIDAS PARA NUEVAS REALIDADES
Helena Maleno Garzón (bio en Wipedia)

[Artículo publicado en elDiario.es de 31.8.24]
[La Mesa por la Hospitalidad no comparte forzosamente la opinión que aquí se expone, pero la propone para la reflexión y el diálogo de todos]

La circularidad no es la salvación de nadie, sino la representación de un sistema donde el reconocimiento de derechos y la seguridad está en las manos del explotador

La visita de Pedro Sánchez a Gambia, Senegal y Mauritania se cierra con ideas rancias bien conocidas porque ya se han implementado en el devenir de la migración desde el Norte de África. Nada nuevo en la ruta migratoria Atlántica después de treinta años, solo el sostenimiento de la perenne alianza de explotación, sufrimiento y muerte.

España lleva décadas hablando y ejecutando políticas de militarización en países fronterizos. Y como parte de estas, sorprendiendo de vez en cuando con deportaciones masivas usadas como golpe de efecto y que por cierto, son un gran negocio para las empresas que invierten en el control del movimiento. En 2006 Bakary e Ismail, el primero en silla de ruedas y el segundo un adolescente, se encontraron tirados en el desierto tras ser enviados desde Canarias a Mauritania junto a otros cientos, y así en un suma y sigue desde entonces.

Los impactos de estas medidas sobre las personas se camuflan como efectos colaterales de las luchas contra las mafias. Redes criminales que siguen creciendo porque los Estados han fracasado en su labor y simplemente las retroalimentan haciéndolas cada vez más fuertes.

Al compás del terror, el viaje de Sánchez nos ha mostrado las “bondades” de las políticas de la compasión con discursos sobre rutas seguras, presentando a la migración circular como el culmen de las mismas. La circularidad no es la salvación de nadie, sino la representación de un sistema donde el reconocimiento de derechos y la seguridad está en las manos del explotador. Tal vez se debería preguntar a muchas jornaleras marroquíes cuyas vidas no han estado exentas de todo tipo de violencias durante su migración regular a los campos de fresas.

Da la sensación que cuando desde el norte global se difunden medidas no hay cuestionamiento, ni evaluación, como si fuesen verdades absolutas. Dogmas cuyo objetivo último es perpetuar un sistema para quienes se enriquecen con el sufrimiento, la explotación y la deshumanización de otras poblaciones. En El Ejido, durante la razzia del año 2000 contra las personas migrantes, se decía que éstas debían estar entre los invernaderos como los aperos de labranza, pero no visibles en las calles.

No se cuestionan los discursos ni las medidas porque nadie se escandaliza por las violaciones de derechos humanos que el control del movimiento de determinadas poblaciones está provocando, como si en estos treinta años y de forma callada un virus de inhumanidad se hubiese extendido de forma terrible.

Estas supuestas verdades difundidas en acuerdos bilaterales no dejan espacio para desarrollar planteamientos que se abren camino desde el sur global, como la necesaria lucha contra el expolio y el extractivismo. Porque las poblaciones del Sahel y el África occidental están pidiendo controlar sus recursos naturales, y plantando cara a las herramientas de control neocolonial que aún persisten. Desde el sur se preguntan también ¿quién tiene la responsabilidad del cambio climático que cada año expulsa a más personas de sus hogares? Hace unos meses defensores del territorio me mostraban la foto de una mujer que yacía con un tiro en la cabeza al lado del río, ejecutada por grupos paramilitares vinculados a empresas extractivistas. Y es que las personas en África no tienen derecho a migrar pero tampoco a no migrar.

Sánchez no solo ha recuperado las medidas de siempre, sino que ha obviado a las miles de víctimas que han provocado esas propuestas políticas y evidentemente no ha tenido tiempo de hablar con representantes de familiares de las muertas y desaparecidas. Tal vez a Moncloa deberían llegar los listados de miles de personas que se fueron y nunca volvieron elaborados por alcaldes de barrios, comunas y aldeas en Mauritania, Senegal y Gambia.

CÍRCULOS DE SILENCIO – Madrid, primeros viernes

CÍRCULO DE SILENCIO
en solidaridad con los inmigrantes
– En Callao (Madrid) de 20.30 a 21.30 –
[última actualización 28.8.24]

Porque los delegados de migraciones de la Iglesia española acordaron que lo celebraran, en una u otra forma, todas las diócesis (más explicación y materiales en esta entrada).

Porque se está atentando contra la dignidad de las personas migrantes.
Porque sigue habiendo muertes injustas, fronteras fortaleza.
Porque los medios de comunicación y nuestros políticos manipulan el significado de nuestro vocabulario y de muchas conciencias.
¡Seguiremos denunciando toda ley y acto contra las personas migrantes!

¿Qué son los Círculos de Silencio?

  • Una acción NO VIOLENTA en solidaridad con las personas inmigrantes y de reivindicación de los derechos de todas las personas. Defendemos la noviolencia como el camino a seguir y a descubrir, que ponga siempre la conciencia por encima de la ley.
  • En Madrid se celebran desde 2011.
  • Información detallada en la web de Círculos de Silencio.



Informe CIE 2023: «Internamiento Muteado»


Discapacidad. Local accesible a personas con movilidad reducida.

Informe CIE (Centro Internamiento Extranjeros) 2023
INTERNAMIENTO MUTEADO

DESCARGA EL INFORME COMPLETO PULSANDO ESTE TEXTO
Un apretado resumen puedes verlo en esta página del SJM

Presentación de «Internamiento Muteado», el informe CIE 2023 del SJM España (Servicio Jesuita a Migrantes). Este año, el informe analiza cómo el sufrimiento de las personas internas queda silenciado al resto de la sociedad.

  • Lunes, 10 de junio de 2024.
  • De 11:00 a 12:00.
  • En la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados. Para acudir al acto de presentación, es imprescindible enviar nombre, apellidos y DNI al correo sjme@sjme.org, indicando que se quiere asistir.
  • Con la participación de Enric Puiggròs, Provincial de los Jesuitas en España, junto a equipos técnicos y voluntaria de visitas en CIE.
  • Organiza SJM España con el apoyo de Pueblos Unidos.

El acto será retransmitido a través del canal de YouTube de SJM España:

 

La ILP llega al Parlamento – Comunicado de entidades de Iglesia


Entidades de Iglesia piden a los grupos políticos del Parlamento que tomen en consideración la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización extraordinaria de personas extranjeras

COMUNICADO
[descarga en PDF en este enlace]

Entidades de Iglesia piden a los grupos políticos del Parlamento que tomen en consideración la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización extraordinaria de personas extranjeras

Temen que la propuesta respaldada por más de 700.000 personas y 900 organizaciones ni siquiera llegue a ser debatida en el Congreso

Madrid.- 05 de abril de 2024. La Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española y la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) piden a los grupos políticos del Parlamento que tomen en consideración la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) sobre la regularización extraordinaria de personas extranjeras.

Con pleno conocimiento de las consecuencias de la irregularidad administrativa en la vida de las personas migrantes, estas entidades eclesiales llevan desde el año 2021 apoyando el proceso por una regularización extraordinaria de las personas que residen en situación irregular en nuestro país. Este proceso ha contado con un respaldo transversal y diverso de la sociedad civil organizada, así como de más de 700.000 ciudadanos y ciudadanas, cuyas firmas han posibilitado presentarlo al Congreso de los Diputados como una Iniciativa Legislativa Popular.

Esta ILP se encuentra en un momento crucial: el próximo martes 9 de abril los partidos políticos han de decidir si la toman en consideración, abriendo un período sosegado de diálogo sobre esta reivindicación ciudadana, o por el contrario rechazan y ponen fin a su tramitación antes siquiera de debatir en profundidad sobre ella.

Tanto por la temática tratada por la iniciativa legislativa, con su potencial impacto positivo en la vida de muchas personas, como por la legitimación democrática que ofrece el apoyo de centenares de miles de ciudadanos a través de sus firmas, resultaría incomprensible que esta iniciativa no sea debatida por los representantes políticos en la sede de nuestra soberanía popular.

Por todo ello, estas entidades eclesiales convocan a los partidos políticos con representación parlamentaria a iniciar conjuntamente un diálogo constructivo, votando a favor de la toma en consideración de la ILP.

Contactos de prensa

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Nota de la Mesa sobre más materiales acerca de la ILP en nuestra web

  • Amplia explicación de esta ILP en esta entrada.
  • Artículo de opinión de Soledad Gallego Díaz en esta entrada.
  • Artículo de Gonzalo Fanjul en esta entrada.
  • Vídeo del debate de 12.3.24 en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso en este enlace. Pueden descargarse en video de forma separada las distintas intervenciones desde este enlace. [Fuente: Congreso de los Diputados 12.3.24]

Regularizar para transformar un modelo migratorio roto

REGULARIZAR PARA TRANSFORMAR UN MODELO MIGRATORIO TODO EN ESPAÑA
El País – Gonzalo Fanjul

Nota de la Mesa sobre más materiales acerca de la ILP en nuestra web

  • Amplia explicación de esta ILP en esta entrada.
  • Artículo de opinión de Soledad Gallego Díaz en esta entrada.
  • Vídeo del debate de hoy -12.3.24- en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso en este enlace. Pueden descargarse en video de forma separada las distintas intervenciones desde este enlace. [Fuente: Congreso de los Diputados 12.3.24].
  • Comunicado de entidades de Iglesia ante la llegada de la ILP al Parlamento en esta entrada.

Enterrada por el ruido de la amnistía y la corrupción, esta semana será discutida en el Congreso una propuesta que habrá cambiado nuestra sociedad para siempre. Se trata de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que solicita al Gobierno la regularización de cerca de medio millón de seres humanos que viven en nuestro país atrapados en una ciudadanía de tercera clase. La friolera de 611.821 españoles y españolas exigimos de la forma más solemne a nuestros representantes que corrijan esta anomalía democrática y social. Y lo hemos hecho espoleados por una coalición de más de 900 colectivos que abarca desde la Conferencia Episcopal al Soviet de Getafe, y que está liderada por los propios migrantes a través del movimiento Regularización Ya. Incluso antes de ser votada, esta iniciativa ya ha hecho historia.

El trámite parlamentario será rápido, con votación en pleno antes del verano. Todo está abierto, a expensas de la posición que tomen PSOE y PP, que en el pasado aprobaron 4 y 5 regularizaciones, respectivamente.

La movilización ciudadana por la ILP está fundamentada en razones sólidas. La primera de ellas se deriva de las magnitudes en juego. De acuerdo con las estimaciones más fiables y recientes, alrededor de 425.000 personas (el 12% del total de la población migrante en 2021) residen hoy en nuestro país en situación de irregularidad administrativa. La inmensa mayoría de esta población procede de América Latina, más de la mitad son mujeres y alrededor de 112.000 tienen menos de 16 años (según datos actualizados para la ONG Save the Children).

La condición de migrante irregular constituye uno de los determinantes más devastadores de vulnerabilidad social y legal. La irregularidad impide el adecuado acceso a la justicia para las víctimas, limita el derecho a la salud y la educación, multiplica las posibilidades de vivir en la pobreza y deja al trabajador desprotegido frente a la explotación. Una de cada tres personas extranjeras está en riesgo de exclusión social severa, una proporción tres veces más alta que la de los nacionales. La tasa de riesgo de pobreza en los hogares de migrantes con menores a cargo es del 60%; para los hogares españoles, esta tasa es del 20%.

Pero, si existen buenas razones éticas para la regularización, los argumentos prácticos no son menos contundentes. Los trabajadores y trabajadoras sin papeles cumplen un papel activo e irremplazable en la estructura económica de España. Su contribución se distribuye a lo largo de toda la escala de cualificación, pero resulta particularmente relevante en sectores como el de los cuidados, la agricultura o la industria manufacturera. La fuerza laboral de los migrantes irregulares fue determinante en los primeros meses de la respuesta a la pandemia, apuntalando la producción y distribución de alimentos o garantizando el cuidado de niños y mayores.

Si les dejasen, su contribución podría ser aún mayor. Un estudio de la Fundación porCausa demostraba al principio de estas movilizaciones que la regularización supondría un pingüe beneficio para las arcas públicas. En concreto, estimábamos en unos 3.400 euros por trabajador y año el aporte de la regularización para el Estado. Un beneficio acumulado neto de entre 790 y 950 millones de euros por año, suficiente, por ejemplo, para que estas familias aportasen al presupuesto del Ingreso Mínimo Vital 2,2 euros por cada euro recibido.

Ni el Gobierno ni los partidos que lo sostienen en el Parlamento ignoran estas cifras. Sin embargo, en vez de responder a ellas con una propuesta de normalización transparente y ambiciosa, sus representantes han optado por una vergonzante regularización encubierta que busca los mismos efectos sin declararlos públicamente. Las reformas del reglamento de extranjería –primero con la incorporación laboral de los jóvenes extutelados y después con la flexibilización y ampliación de las formas de arraigo– tienen el propósito mal disimulado de ordenar el mercado de trabajo e incrementar la base de una pirámide laboral y demográfica que se estrecha en España de forma peligrosa.

La sociedad española ha reclamado una regularización extraordinaria porque la gravedad de la situación es extraordinaria. Y lo ha hecho por encima de sus afinidades personales

Todo esto estaría muy bien si no fuese porque no está funcionando. Las cifras más recientes de autorizaciones de residencia sugieren un incremento llamativo de las regularizaciones excepcionales —por arraigo o por razones humanitarias—, pero en niveles muy por debajo de lo necesario: 92.000 regularizaciones por arraigo entre mediados de 2022 y mediados de 2023. El arraigo por formación, que prometía una vía generosa y acelerada de regularización, se ha convertido en un nuevo infierno burocrático que genera más úlceras que estudiantes. Por si fuera poco, estas medidas siguen ignorando a un grupo tan abultado y vulnerable como el de los niños, a los que ahora el Gobierno promete un apaño a través del proyecto de Ley de Familias. Y ni siquiera sabemos cuántos migrantes se han incorporado a la irregularidad en este mismo período, porque aún no tenemos cifras detalladas del padrón para 2022.

Demasiado poco, demasiado lento, demasiado cobarde. La sociedad española ha reclamado una regularización extraordinaria porque la gravedad de la situación es extraordinaria. Y lo ha hecho por encima de sus afinidades personales, como demuestran los datos de una encuesta realizada por la organización More in Common en febrero de este año. De acuerdo con sus resultados (ver gráfico arriba), la regularización no solo recibe el apoyo abrumador de los votantes de izquierda y centroizquierda, sino también de la mayoría de los votantes del Partido Popular. En todos los rangos de edad. Incluso uno de cada cinco simpatizantes de Vox apoya esta medida.

La regularización no es caridad, sino el imprescindible borrón y cuenta nueva para afrontar una reforma justa e inteligente de un modelo migratorio roto. Estudio tras estudio, expertos y empleadores recuerdan a las sociedades europeas el abismo demográfico al que nos asomamos. Uno de los más recientes, elaborado por Allianz Research, recuerda que España perderá hasta un 30% de su fuerza laboral en 2050 en ausencia de migraciones. Y estima en 338.000 el número de llegadas netas anuales necesario para sostener nuestro sistema de pensiones, casi el doble de los sugeridos por el informe España 2050 hace solo tres años. Mientras la UE pierde trabajadores y gana jubilados, las regiones de nuestro entorno se preparan para beneficiarse de una carrera por el talento global que nosotros ya estamos perdiendo. Para cuando hayamos decidido establecer vías legales y seguras de movilidad, tal vez sea demasiado tarde.

Podemos seguir cavando más hondo en el mismo agujero, convirtiendo nuestras fronteras en espacios aún más caóticos y salvajes, pulverizando el derecho de protección y bailando al ritmo político de los nacionalpopulistas. Pero también podemos intentar la alternativa de un modelo más flexible, ordenado y adaptado a los intereses de todos. Esta regularización es el primer paso en la dirección correcta.