CÍRCULO DE SILENCIO en solidaridad con los inmigrantes – 2.2.24 en Callao (Madrid) de 20.30 a 21.30 –
Porque los delegados de migraciones de la Iglesia española acordaron que lo celebraran, en una u otra forma, todas las diócesis (más explicación y materialesen esta entrada).
Porque se está atentando contra la dignidad de las personas migrantes. Porque sigue habiendo muertes injustas, fronteras fortaleza. Porque los medios de comunicación y nuestros políticos manipulan el significado de nuestro vocabulario y de muchas conciencias. ¡Seguiremos denunciando toda ley y acto contra las personas migrantes!
¿Qué son los Círculos de Silencio?
Una acción NO VIOLENTA en solidaridad con las personas inmigrantes y de reivindicación de los derechos de todas las personas. Defendemos la noviolencia como el camino a seguir y a descubrir, que ponga siempre la conciencia por encima de la ley.
PETICIÓN DE LA VICARÍA PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL DE MADRID PARA QUE EL CAPELLÁN DEL AEROPUERTO DE BARAJAS TENGA ACCESO A LAS SALAS DE INADMITIDOS Y SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL
CRUZ ROJA RENUNCIA A TRABAJAR EN BARAJAS ANTE EL CAOS CON LOS SOLICITANTES DE ASILO La retirada es “temporal”, “hasta que se solucione” la situación, según el director del Área de Migraciones de la organización
La Cruz Roja ha renunciado a estar en el aeropuerto Madrid-Barajas para atender a solicitantes de asilo. La organización se marcha tras varias semanas en las que el alojamiento de cientos de personas que pidieron asilo en el aeródromo se ha convertido en un caos. El inusual volumen de peticiones de protección internacional que se vienen registrando en el aeropuerto no solo ha puesto en evidencia la falta de recursos para atenderlas, sino la incapacidad de ofrecer unas condiciones dignas de alojamiento. Desde octubre, se repiten las escenas de hacinamiento, suciedad, personas durmiendo en el suelo y chinches. “Las condiciones en las salas no nos permiten hacer nuestro trabajo. Hacemos asistencia psicosocial, identificamos perfiles vulnerables, y la cantidad de gente que hay no te permite saber ni cuántos son, mucho menos sus necesidades”, explica el director del Área de Migraciones de Cruz Roja, José Javier Sánchez Espinosa. “Venimos denunciando esta situación desde hace mucho tiempo. No nos vamos de un día para otro”, añade. La retirada de la organización será “temporal”, según Espinosa. Hasta que se solucione la situación.
Según fuentes presentes en el aeropuerto, este lunes había 400 personas en tres salas, con una capacidad total de unas 120 personas, esperando una respuesta a su solicitud.
La Cruz Roja, además de dedicar una primera atención a los que llegan, tenía subcontratado el servicio de limpieza. “Llegó un momento en el que no había espacio físico para hacer la limpieza”, mantiene Sánchez. La higiene ha sido uno de los problemas principales en Barajas, entre otras cosas porque los empleados se negaron a trabajar en la sala de la T4 cuando se supo que había chinches, a principios de diciembre.
La labor de la Cruz Roja en el aeropuerto está subvencionada por el Ministerio de Migraciones. “Es una retirada temporal hasta que se solucione”, mantiene Espinosa. Para Cruz Roja la solución a este problema es que se deje entrar en territorio a estas personas mientras se estudia su petición o que se habiliten otros espacios, pero “no se puede mantener unas salas habilitadas para un número limitado de personas para el volumen actual”, añade Sánchez.
El Ministerio del Interior no apoya la decisión de la organización. “El Ministerio del Interior respeta la decisión tomada por Cruz Roja en las responsabilidades que tiene atribuidas, pero no la compartimos. Desde el primer momento hemos defendido la colaboración institucional como la mejor forma de resolver las incidencias, que se afrontan con más garantías desde todos los planos y con el esfuerzo y la cooperación de todos los actores implicados”, ha explicado el ministerio a los medios en un comunicado.
El departamento de Grande-Marlaska mantiene que ha reforzado el número de efectivos de Policía Nacional y de funcionarios de la Oficina de Asilo y Refugio, aunque no ha concretado el número. “Ante el incremento puntual de solicitudes, se ha reforzado la limpieza de las instalaciones y, en las últimas semanas, se han habilitado dos nuevos despachos para la realización de entrevistas, que se suman a las tres ya existentes, y se ha abierto una tercera sala para atender a los solicitantes”, añade la nota. El ministerio busca nuevas fórmulas para agilizar los trámites.
Tres jueces requirieron el 22 de diciembre al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional que adoptaran “con carácter urgente” medidas que pusieran fin al “hacinamiento” que entonces sufrían 250 solicitantes de asilo ―entre ellos 19 menores― que se encontraban retenidos en diferentes salas del aeropuerto de Barajas. Hasta hace muy poco, esta vía para pedir protección en España que consiste en aprovechar una escala en Madrid para pedir asilo se usaba de forma marginal. Sin embargo, en pocos meses se ha incrementado notablemente. Del 1 de diciembre hasta el 15 de enero se tramitaron en el aeropuerto madrileño 847 solicitudes de protección internacional.
Para aliviar la congestión, el Ministerio del Interior pidió autorización a un juez para trasladar a medio centenar de los solicitantes de asilo al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), el lugar en el que se encierra a los inmigrantes antes de su devolución a sus países de origen. El juez aceptó el traslado el martes, pero la Fiscalía pidió la nulidad del auto judicial dos días después al entender que la condición de solicitantes de asilo no puede equipararse a la de extranjeros en situación irregular. El juez terminó revocando la decisión y se declaró sin competencias para decidir sobre las dependencias en las que deben de esperar los solicitantes de asilo hasta que se resuelve su solicitud.
Entre los solicitantes de asilo hay refugiados procedentes de países en descomposición, como Somalia, pero en las últimas semanas la brecha se ha abierto y han llegado decenas de marroquíes y senegaleses, cuyas situaciones no necesariamente cumplen las condiciones para recibir protección. En el caso de estas nacionalidades, la policía denuncia que habían destruido su documentación, lo que, por un lado, les permite simular otra nacionalidad con más posibilidades de recibir protección y, por otro, dificultan su expulsión una vez se rechace su petición. Al no tener pasaporte, las nacionalidades de los que están llegando son difíciles de confirmar. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha hablado de un “uso fraudulento de las escalas” aeroportuarias, mientras que fuentes policiales consideran que se está haciendo un “uso torticero del asilo”.
EL TRIBUNAL SUPREMO CONFIRMA QUE FUE ILEGAL LA DEVOLUCIÓN A MARRUECOS DE 45 MENORES – Sentencia completa –
[foto Antonio Sempere para Europa Press]
En mayo de 2021 se produjo una entrada masiva de inmigrantes marroquíes a Ceuta. Como describe El País (también Alfa y Omega), «la ciudad autónoma de Ceuta se encontró con que debía hacerse cargo de unos 700 menores que también habían traspasado la frontera. La atención a estos niños y adolescentes estuvo en entredicho desde el principio. Primero, pasaron días alojados en un polideportivo en condiciones indignas; y después, en varios centros que se fueron improvisando. Entre el 13 y el 15 de agosto, bajo la batuta de Interior, se organizó una operación para llevar a cabo lo que el ministro Fernando Grande-Marlaska renombró como “retornos asistidos concertados”, es decir, la expulsión de los menores. En una serie de comunicaciones sin firma, tanto el Ministerio —que había negociado con Marruecos previamente las devoluciones— como la Delegación del Gobierno en Ceuta y el Gobierno de la ciudad se coordinaron para llevar a cabo la operación. De manera sorpresiva, fueron apareciendo en los centros varias furgonetas para llevarse a los chavales elegidos al otro lado de la frontera. El criterio para aparecer en un documento de Excel ad hoc fue, principalmente, la edad. Se escogió a los más mayores, sin tener en cuenta ninguna otra circunstancia. Se hizo sin el conocimiento del fiscal de Ceuta y en contra del criterio de la jefa del Área de Menores de la ciudad. En esos viajes en furgoneta, que Interior defendió siempre que estaban amparados por la ley, se devolvió a al menos 45 menores marroquíes, unos 15 al día. En las sucesivas sentencias dictadas desde entonces, los jueces han pedido que se localice a los adolescentes que recurrieron su expulsión, pero seguir la pista a aquellos chicos a lo largo de estos dos años y medio ha sido complicado incluso para las ONG que los asistieron. Algunos, de hecho, volvieron a colarse en España poco después de que los mandasen de vuelta a su país».
La Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes y varios menores denunciaron aquella situación. Y el Tribunal Supremo ha confirmado que la devolución levada a cabo por las autoridades españolas en agosto de 2021 fue ilegal por la “absoluta inobservancia” de lo previsto en la Ley de Extranjería. Esa ley exige que, antes de proceder a una devolución, se abra un procedimiento administrativo individual a cada afectado, se recabe información sobre él, se celebre una audiencia con el menor si tiene madurez y se reclame la intervención de la Fiscalía. Nada de eso se respetó en aquella ocasión. El tribunal, de acuerdo con el ministerio público, considera por tanto que se vulneraron los derechos y la integridad física y moral de los menores devueltos a Marruecos. La Sala argumenta que dicho menoscabo de la integridad de los menores opera cuando se pone a una persona en serio peligro de sufrir un padecimiento corporal o psíquico. E incide en su pronunciamiento en que no puede negarse que algo así ocurriera en este caso, cuando la Administración no valoró el interés de los menores ni comprobó sus circunstancias individuales. El debate se centra en si el acuerdo entre España y Marruecos de cooperación para la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, del 6 de marzo de 2007, era suficiente por sí solo para fundamentar la decisión del retorno de los menores expulsados. O si, por el contrario, era preceptivo seguir los trámites establecidos en la Ley de Extranjería para estos casos. El Supremo concluye que el acuerdo no constituye por sí solo una razón legal suficiente para decidir el retorno de los menores. Tenían que haberse cumplido los requisitos y procedimientos previstos en la Ley de Extranjería, pero no se hizo, advierte el tribunal. Además, la resolución considera que la inobservancia de trámites procedimentales se refuerza por lo establecido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en cuyo artículo 4 del Protocolo cuarto dicta que “quedan prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros”.
Lea completa el desistimiento por parte del Tribunal Supremo del recurso de casación:
Véanse en El País las declaraciones del Ministro del Interior, Grande-Marlaska.
Audio de José L. Segovia -primer firmante- sobre esta petición:
Mesa por la Hospitalidad de la Archidiócesis de Madrid. PETICIÓN DE RESPUESTA DE LAS ADMINISTRACIONES.
La Mesa por la Hospitalidad, apelando a la Ley de Transparencia, ha entregado el siguiente escrito el 8 de enero de 2024, al Registro del Ministerio de Migraciones, la Comunidad de Madrid, y el Ayuntamiento de Madrid.
Al departamento correspondiente:
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES – Secretaría de Estado de Migraciones.
COMUNIDAD DE MADRID – Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.
AYUNTAMIENTO DE MADRID – Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad.
La Mesa por la Hospitalidad de la Archidiócesis de Madrid la componemos la Delegación de Migraciones, Cáritas Madrid, la Comisión de Justicia y Paz, CONFER Madrid, la Comunidad de Sant’Egidio, Pueblos Unidos, y la Asociación SERCADE. Estas entidades venimos gestionando numerosos programas de atención a personas en situación de exclusión socioresidencial desde hace décadas en la Comunidad de Madrid: programas de acogida desde el territorio, activación de la comunidad cristiana para el acompañamiento, centros y servicios especializados, propuestas para la integración y la inclusión social, etc.
En las últimas semanas, creemos que vinculado con el incremento de las entradas de personas desplazadas y por la dificultad de ser atendidas, hemos visto un aumento significativo de nuevos ingresos en nuestros recursos. Del goteo anterior de incorporaciones diarias hemos llegado, en algún caso, a quintuplicar dichos ingresos. Los recursos que gestionamos, así como los que gestionan entidades y redes hermanas en el ámbito de la exclusión socioresidencial, están completos, con listas de espera, y cada día con más y más personas desatendidas por la falta de respuesta.
El ya recurrente bloqueo al sistema de protección internacional y los recursos que podrían garantizar un cierto sustento -aunque temporal y limitado- a dichas personas sigue igual, dejando a miles de ellas sin alternativa. El Programa de Atención Humanitaria del Ministerio de Inclusión, garante de la primera acogida y primer rostro del marco estatal de protección social que las personas migradas obtienen, se vio reducido de tres meses de atención a uno solo desde el mes de junio pasado, lo que incrementa el número de personas que son arrojadas a la calle en situación de vulnerabilidad.
Las redes informales de apoyo ciudadano y eclesial que desde la Mesa por la Hospitalidad podemos activar están sobrepasadas.
Por todo ello, preguntamos a las tres administraciones implicadas: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid:
¿Cuál es el plan previsto por su administración a nivel político -y práctico, concreto- para resolver la situación actual de colapso de los servicios sociales de emergencia y de atención a personas migrantes en el ámbito de la Comunidad de Madrid y de la ciudad de Madrid en particular?
¿Cuáles están siendo las acciones que desde su administración se están haciendo para coordinar con el resto de las administraciones y con el tercer sector y la sociedad civil?
Rogamos que, en cumplimiento de la Ley de Transparencia 19/2013, de 9 de diciembre, de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid y de la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid, de 27 de julio de 2017, a la que están respectivamente sujetos, respondan con la mayor agilidad posible.
Atentamente,
Por la MESA POR LA HOSPITALIDAD DE LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID, José Luis Segovia Bernabé, Vicario episcopal, DNI —, C/. Bailén 8. 28013 Madrid. • Asociación SERCADE. • Cáritas diocesana de Madrid. • Comisión diocesana de Justicia y Paz. • Comunidad de Sant’Egidio – Madrid. • CONFER Madrid. • Delegación episcopal de Migraciones. • Pueblos Unidos.
