Restaurante dando empleo a Menores Migrantes sin familia

Restaurante dando empleo a menores migrantes sin familia

MENAS. Taberna La Magdalena.Un laico de la Mesa por la Hospitalidad de nuestra Iglesia en Madrid, ha creado un restaurante en el que emplea a seis menores migrantes sin familia en España: Taberna La Magdalena. Algunos de ellos han estado acogidos en los pisos de Cáritas Madrid. Se puede comer, cenar, desayunar, tomar tapas… Toda la información en la web de la Magdalena.

El proyecto de La Magdalena surge, no solo para acercar la fantástica gastronomía cántabra a Madrid, sino también con un fin social.

La pandemia de la Covid-19 nos ha afectado a todos, pero ha tenido un grandísimo impacto en aquellos que ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad. Es el caso de los menores desplazados forzosamente, que cuando cumplen los 18 años deben abandonar los centros de protección de menores. Chicos y chicas que, a pesar de adquirir la mayoría de edad legal, necesitan aún apoyo y acompañamiento hasta completar su formación y tener la posibilidad de comenzar una vida autónoma.

Estos jóvenes abandonan el Sistema de protección con una formación nula o escasa por varias razones: problemas con el idioma, falta de herramientas educativas específicas para paliar las desigualdades, nivel de estudios, etc. Esto, unido a las dificultades que encuentran para acceder a una vivienda digna, hace que la mayoría de los jóvenes abandonan el Sistema de Protección sin expectativas de conseguir un empleo, debido también a su situación administrativa.

En este contexto nace el proyecto de La Magdalena, con la intención de impulsar la integración sociolaboral de estos jóvenes. Así, en La Magdalena les brindamos la oportunidad de mejorar su currículo mediante una formación de calidad en cocina y restauración que les sirva como referencia de formación y experiencia para futuras oportunidades laborales.

Comenzamos esta aventura gracias al esfuerzo de un gran grupo humano que permitirá la contratación de seis de estos jóvenes. Seis jóvenes que, a día de hoy, ya disfrutan del primer “piso de autonomía”, y que tienen como objetivo aprovechar y fortalecer este proyecto, y emanciparse en un plazo no muy lejano con el fin de poder ofrecer esta misma oportunidad a otros jóvenes en su misma situación.

Como decíamos al principio, además del fin social, queremos ofrecer un lugar donde podrás conocer en primera persona la gastronomía cántabra. Todo el producto con el que elaboramos nuestra oferta llega desde Cantabria y hemos creado una carta que te permitirá descubrir lo mejor de la gastronomía de la zona con un producto de primera calidad, y con platos diseñados por un gran Chef, Carlos Núñez y su equipo , a quienes queremos agradecer desde aquí su implicación en el proyecto y el cariño con el que han elaborado nuestra oferta gastronómica.

La Mesa por la Hospitalidad ante las elecciones del 4M en Madrid

Logo de la Mesa por la Hospitalidad de Madrid

 

 

NOTA DE LA MESA POR LA HOSPITALIDAD (21.4.21)
ANTE LAS ELECCIONES DEL 4M EN MADRID

La Mesa por la Hospitalidad de la Archidiócesis de Madrid demanda a los partidos políticos que concurren a las elecciones en la Comunidad de Madrid que los debates y la publicidad de sus formaciones eviten cualquier forma de discurso de odio, de estigmatización a la población vulnerable y de falsa contraposición de derechos entre las personas. En razón de nuestra tarea, nos preocupa especialmente la situación de las personas migrantes y, en particular, de la infancia en situación de desventaja que, con independencia de su nacionalidad, goza en nuestro país de todos los derechos que su dignidad, no mensurable en términos económicos, reclama, como reconocen los convenios internacionales suscritos por España. El alarmismo, el miedo y la xenofobia no pueden ser fomentados y explotados con fines políticos (cf. Fratelli tutti 39 y 86).

La Mesa por la Hospitalidad de Madrid ante las elecciones del 4M— ADHESIONES (orden alfabético; haz un comentario o ecsribe a apoyo.innovacion@gmail.com) — — —

– Mesa por la Hospitalidad: Archidiócesis de Madrid – Delegación de Movilidad Humana / Cáritas Madrid / Comunidad de Sant’Egidio / CONFER / Justicia y Paz Madrid / Pueblos Unidos / SERCADE.

CRECER SIN PAPELES EN ESPAÑA

CRECER SIN PAPELES EN ESPAÑA
Cerca de 150.000 niños y adolescentes extranjeros en nuestro país ven vulnerados sus derechos fundamentales como consecuencia de la irregularidad administrativa

[Ilustración de Heidi, niña hondureña de ocho años sin papeles]
[Gonzalo Fanjul -director de investigaciones de Por Causa
y Andrés Conde -director general de Save the Children España
para El País de 6.3.21]

"Crecer sin papeles en España. MENAS.

Ustedes no son conscientes, pero se han cruzado con ellos en muchas ocasiones. Puede incluso que les hayan invitado al cumpleaños de alguno de sus hijos o compartan las excursiones de su grupo scout. Se llaman Sady, Sheriff, Micaela, Daniel, Lamina, Ana. Les han visto de la mano de sus hermanos, entrando en el colegio. O sentados en el extremo del andén, esperando el metro. Su rutina está empapada por el miedo. El miedo a ser identificados en la puerta de un parque, a poner un pie en un ambulatorio, a despertar cualquier sospecha que atraiga la atención de las autoridades y destruya de un plumazo el camino recorrido y las esperanzas acumuladas durante años.

Olviden la propaganda alarmista que hayan escuchado sobre los menores extranjeros que viven en nuestro país. La realidad es infinitamente más pavorosa. Para uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes migrantes que forman parte de nuestra sociedad, la irregularidad administrativa supone lo más parecido a vivir en un régimen de apartheid.

Los próximos meses ofrecen la oportunidad de poner fin a esta injusticia insoportable.

Un estudio presentado esta semana por nuestras organizaciones —Save the Children y la fundación por Causa— ofrece una fotografía ajustada de la infancia sin papeles en España, marcada por el elevado riesgo de pobreza y la vulneración de derechos fundamentales. Para los chavales extranjeros, la ausencia de un permiso de residencia y un número de identificación personal obstaculiza la educación en todas sus fases, les enfrenta a la arbitrariedad de las instituciones sanitarias, les excluye del acceso efectivo a la protección y la justicia, multiplica su vulnerabilidad frente a la violencia, los abusos físicos y mentales, e incluso la explotación y la trata. En lugares como Melilla, esta situación alcanza niveles kafkianos, con la invisibilización de niños nacidos en la propia ciudad pero expulsados del sistema educativo por carecer de determinados papeles.

La magnitud de este desafío debería hacer saltar todas las alarmas de un Estado de derecho. De acuerdo con nuestras estimaciones, alrededor de 147.000 niñas y niños migrantes se encuentran hoy en esta situación (ver gráfico). Aproximadamente la mitad de esta población tiene menos de 10 años y la inmensa mayoría procede de América Latina, de donde miles de familias han llegado a España en los últimos años huyendo del derrumbe institucional y la violencia. Las comunidades autónomas más pobladas –Cataluña, Madrid, Valencia y Andalucía– presentan los números absolutos más altos de infancia sin papeles, pero es en otras comunidades donde la concentración es mayor. Asturias y Galicia, por ejemplo, tienen tasas de irregularidad en niños y niñas superiores al 35%.

"Crecer sin papeles en España. MENAS.El punto de partida de esta conversación debería ser simple: incluso en el intrincado y polarizado debate de las políticas migratorias es posible llegar al acuerdo de que un niño es, por encima de cualquier otra cosa, un niño. Las demás consideraciones administrativas y políticas acerca de su situación legal o la de sus padres quedan sujetas a esta idea principal. La protección y el bienestar de todos los menores de edad constituyen una obligación indiscutible de los Estados, además de un baremo de la dignidad de sus sociedades y la calidad de sus democracias.

No hay nada sencillo o rápido en la erradicación de la pobreza infantil, lo sabemos bien. Pero en este caso contamos con un as en la manga. La decisión política de regularizar a las familias inmigrantes con hijos resolvería automáticamente una parte considerable del problema al que hacemos frente. Como han hecho otros países comparables al nuestro por su contexto económico y político –desde Portugal, Italia y Francia hasta Canadá, Colombia y los Estados Unidos–, España puede aprovechar la situación abierta por la covid-19 para plantear medidas excepcionales que resuelvan problemas excepcionales. Una respuesta simple como la regularización puede ser determinante para reducir el sufrimiento de miles de niños y facilitar niveles mínimos de inclusión social, precisamente el compromiso firme que ha hecho este gobierno.

El tiempo corre en nuestra contra. De acuerdo con nuestras previsiones, la crisis derivada del coronavirus podría incrementar el número de personas inmigrantes en situación irregular en España en un número superior a los 160.000 trabajadores (un incremento del 42% sobre las cifras actuales). A eso hay que añadir la situación de irregularidad de los niños y las niñas derivada de los rechazos previstos a las peticiones de protección internacional, y que nuestro análisis ha estimado en unos 13.000 casos más.

La incorporación de los progenitores a la economía formal no solo reduciría de manera tangible la vulnerabilidad social de sus familias, sino que supondría un importante beneficio fiscal para el conjunto de la sociedad. De acuerdo con nuestros cálculos, los impuestos directos y contribuciones a la Seguridad Social de los trabajadores regularizados llegarían al punto de compensar casi de forma completa la inversión del Estado en la salud y educación de sus menores a cargo.

La pregunta no es si se debe regularizar a cerca de 147.000 niños inmigrantes en nuestro país, sino cuándo y cómo se va a hacer. Si les surge alguna duda, miren a los ojos de sus hijos y pónganse en la situación de Salka, de Mustafá, de Heidi y de Gabriel. Todo a partir de ahí es más simple.

Europa limita las expulsiones de menores no acompañados

LA JUSTICIA EUROPEA LIMITA LAS EXPULSIONES DE MENORES NO ACOMPAÑADOS AL EXIGIR UNA ACOGIDA ADECUADA TRAS EL RETORNO
La sentencia choca con los planes de la UE de acelerar las devoluciones a través del nuevo pacto migratorio, aún pendiente de aprobación.

[14.1.21.Tomado de Guillermo Abril, para El País]

Europa limkta expulsión menores no acompañadosEl Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado este jueves una sentencia de calado sobre los retornos de los niños migrantes. Antes de tomar una decisión sobre la expulsión de un menor no acompañado, un Estado miembro tiene la obligación de cerciorarse y verificar que en el país de retorno existe una recepción adecuada. La interpretación del TJUE supone una lectura que parece ir contra los tiempos que marca en la actualidad la UE, que busca aprobar este año un pacto migratorio cuyo centro de gravedad oscila en torno a la expulsión acelerada de los migrantes.

La resolución, que ha sido emitida como respuesta a una duda prejudicial planteada por los tribunales de Países Bajos, se centra en el caso de un menor originario de Guinea-Conakry, llegado a este país en un momento sin determinar, pero que a los 15 años presentó una solicitud de asilo. En Ámsterdam, según recoge el tribunal europeo con sede en Luxemburgo, el chico fue víctima de trata de seres humanos y explotación sexual, y en la actualidad sufre secuelas en forma de graves trastornos psíquicos. Las autoridades neerlandesas determinaron que no procedía concederle el estatuto de refugiado al chico, en una decisión que equivalía a una decisión de retorno. El menor interpuso entonces un recurso, alegando que no sabía dónde se encontraban sus padres, ni siquiera si sabría reconocerlos, y desconocía si tenía más familia.

“Cuando un Estado miembro pretenda dictar una decisión de retorno contra un menor no acompañado”, argumenta la sentencia del TJUE, “debe tener necesariamente en cuenta, en todas las fases del procedimiento, el interés superior del niño”, lo cual implica llevar a cabo una “apreciación general y exhaustiva de la situación de este menor”. El menor, añade el tribunal, “aunque haya sido objeto de una decisión de retorno, no podría ser expulsado en caso de inexistencia de una acogida adecuada en el Estado de retorno”.

Europa limkta expulsión menores no acompañados

La duda en el tribunal de Países Bajos se suscitó porque en el derecho neerlandés se señalan diferencias en función de si el menor tiene más o menos de 15 años. En el caso de los menores de 15, las autoridades llevan a cabo una investigación en relación con la existencia de una “acogida adecuada” en el Estado de retorno, tal y como está previsto en la directiva europea de retorno. Si no existen las condiciones adecuadas, se concede a estos menores un permiso de residencia ordinario. Pero si el afectado es un menor de 15 años o más, como el caso sobre el que dirime el TJUE, esta investigación no se lleva a cabo.

Al contrario, las autoridades neerlandesas suelen esperar entonces a que los menores alcancen la mayoría de edad (18 años) para ejecutar posteriormente el retorno. Así, durante el período comprendido entre su solicitud de asilo y la obtención de la mayoría de edad, la residencia de un menor no acompañado de 15 años o más en Países Bajos “sería irregular, pero tolerada”, asevera la justicia europea.

Aunque la petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de Primera Instancia de La Haya se refiere a esta distinción entre menores con más o menos de 15 años, la respuesta europea, como sucede a menudo, arroja una interpretación cuyos efectos podrían tener consecuencias en la próxima normativa europea sobre migración, actualmente en fase de debate.

El varapalo de los jueces europeos a la interpretación y los procedimientos habituales de las autoridades neerlandesas es claro. “Un Estado miembro no puede distinguir entre los menores no acompañados únicamente en función del criterio de su edad para comprobar la existencia de esa acogida”, les exige.

El TJUE explica también que los países han de ser consecuentes: si se adopta una decisión de retorno respecto de un menor no acompañado, tras haberse cerciorado de la existencia de una acogida adecuada, no debería abstenerse de proceder a su expulsión hasta que haya alcanzado los 18 años, lo cual dejaría al menor en un limbo. Pero si no se le expulsa en ese momento, no se le podría expulsar después sin cerciorarse de que efectivamente la situación de acogida sigue siendo adecuada para el menor.

Esta interpretación europea, que exige un examen riguroso y exhaustivo, choca con las intenciones de la UE, que busca un pacto migratorio que “blinde las fronteras” con el refuerzo de unos 10.000 agentes de Frontex y proceda a la expulsión inmediata, desde la misma frontera, de aquellos que no tienen derecho al asilo, tras un examen de su caso y sus circunstancias que debería “estar listo en un plazo de cinco días, ni uno más”, según aseguró recientemente en una entrevista con este diario Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea para Asuntos Migratorios.

En 2019, cerca de 14.000 solicitantes de asilo en la UE fueron menores no acompañados, según cifras de Eurostat, en una tendencia que sigue una línea descendente desde el máximo registrado en 2015, durante la crisis de refugiados, cuando alcanzaron los 92.000.