Categoría: Intervención sociopolítica

NOTA DE LA MESA POR LA HOSPITALIDAD (21.4.21)
ANTE LAS ELECCIONES DEL 4M EN MADRID

La Mesa por la Hospitalidad de la Archidiócesis de Madrid demanda a los partidos políticos que concurren a las elecciones en la Comunidad de Madrid que los debates y la publicidad de sus formaciones eviten cualquier forma de discurso de odio, de estigmatización a la población vulnerable y de falsa contraposición de derechos entre las personas. En razón de nuestra tarea, nos preocupa especialmente la situación de las personas migrantes y, en particular, de la infancia en situación de desventaja que, con independencia de su nacionalidad, goza en nuestro país de todos los derechos que su dignidad, no mensurable en términos económicos, reclama, como reconocen los convenios internacionales suscritos por España. El alarmismo, el miedo y la xenofobia no pueden ser fomentados y explotados con fines políticos (cf. Fratelli tutti 39 y 86).

— ADHESIONES (orden alfabético; haz un comentario o ecsribe a apoyo.innovacion@gmail.com) — — —

– Mesa por la Hospitalidad: Archidiócesis de Madrid – Delegación de Movilidad Humana / Cáritas Madrid / Comunidad de Sant’Egidio / CONFER / Justicia y Paz Madrid / Pueblos Unidos / SERCADE.

• Abdel [en el correo pone sus apellidos completos] («fui MENA y estuve en Centro hasta hace dos años»)
• Alberto Ares (sacerdote, Servicio Jesuita a Migrantes
• Alain Bernard (miembro de Secours Catholique – Caritas France)
• Alfonso Vargas Hidalgo (pastoral penitenciaria, Madrid)
• Ana María Velázquez Zambrano
• Ángel Pérez (sindicalista CCOO)
• Antonio Rodríguez
• Apostólicas del Corazón de Jesús
• Asociación ONDA (Madrid)
• Asociación Puente de Esperanza Madrid
• Asociación Social de El Palo (ASEP), Málaga
• Beatriz Martín Sánchez
• Blanca González Mitre (directora de Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María)
• Carlos [omitimos los apellidos por protección de menores] (12 años, en grupo de postcomunión de la parroquia de Nuestra Sra. del Rosario, Madrid)
• Carmen Alemany (cocoordinadora en la Vicaría territorial II de la Vic. de Pastoral Social de Madrid)
• Carmen Ortega (Superiora provincial de la Provincia de Europa de las Oblatas del Santísimo Redentor)
• Carmen Pérez Iruela (religiosa de la Presentación de la Virgen María, Granada)
• Carmen Pilar Burillo
• Carmen Ramiro Martínez
• Carmen Ramos Álamo
• Carmen Sánchez Carazo (médico, exconcejala del Ayuntamiento de Madrid)
• Comunidades ADSIS de Madrid
• Comunidad Misión Emmanuel y Asociación Abraza África
• Comunidad musulmana Al-Umma de Puente de Vallecas (Madrid)
• Conferencia Episcopal Española: Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana
• Corina Fuks (laica, Encuentro y Solidaridad)
• Cristina Casanova González (laica, Encuentro y Solidaridad)
• Cristina Manzanedo Negueruela (abogada)
• Diócesis de Albacete: Secretariado de migraciones
• Diócesis de Getafe: Delegación de Migraciones
• Diócesis de Getafe: Delegación de Pastoral Obrera
• Diócesis de Madrid: Comisión diocesana (Madrid) Por una vida libre de violencias contra las mujeres
• Diócesis de Madrid: Secretariado de Pastoral Gitana
• Diócesis de Sigüenza-Guadalajara: Delegación de Migraciones
• Dulce Gallego Canteli
• Ernesto Garrido
• Fátima Aziz Laurel (laica, militante cristiana, Melilla)
• Fernando Casas Blanco
• Fidel García Gutiérrez
• Fundación Entreculturas
• Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María
• Fundación InteRed
• Fundación Luz Casanova
• Henrique Martín Sánchez
• Hermanas Compasionistas (Dos Hermanas, Sevilla)
• HOAC Madrid (Hermandad Obrera de Acción Católica)
• Houssien El Ouariachi El Gharib
• Institución Teresiana España: Área Social
• Javier Martín de Lucas
• Javier Poveda
• JEC (Juventud Estudiante Católica) en la Comunidad de Madrid
• Jesús Castro González
• José Manuel Romero Acosta
• José María Chacón (laico, voluntario en Cáritas Madrid – Empleo y en el Equipo de responsables de acogida de urgencisa en el Centro de Pastoral Social)
• José Ramón García García
• Jesús Castro González
• Jesús [en el correo pone sus apellidos completos] (educador en Centro de Primera Acogida de Menores de la Comunidad de Madrid)
• Juan Carlos Baena del Campo
• Juan Carlos Martos
• Juan Fernández de la Cueva Martínez Raposo (director del Secretariado diocesano de Pastoral del Trabajo, Madrid))
• Juan Pedro Mora Vara (coordinador en la Vicaría territorial VI de la Vic. de Pastoral Social de Madrid)
• Julia Almansa López
• Julián García (laico, Encuentro y Solidaridad)
• Laura Moreno Marrocos (laica, Delegada episcopal de Jóvenes, diócesis de Madrid
• Leticia Gutiérrez Valderrama (misionera scalabriniana)
• Lidia Huerta García
• Lorenzo Blasco Blasco
• Luis Guevara Morato (codirector del Secretariado de Pastoral Gitana de Madrid)
• Manuel Gallego Díaz (sacerdote, miembro del Secretariado de Pastoral Penitenciaria de Madrid)
• Mar García Hernández
• María Auxiliadora Carmona Saucedo
• María Auxiliadora Sánchez Buitrago
• María del Carmen Sánchez Delgado
• María de los Ángeles Majado Bruña (religiosa del Niño Jesús)
• María de Vega de la Red
• María Jesús Echamendi Aristu
• Mari Carmen Perea Pérez (militante de HOAC Madrid – Hermandad Obrera de Acción Católica)
• Marta Prieto Vidal (laica, Encuentro y Solidaridad)
• Miriam Cardenal Hurtado (laica, trabajadora social en Cáritas Madrid)
• Mónica Prieto Vidal (laica, Encuentro y Solidaridad)
• Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine
• Pablo Genovés Azpeitia (sacerdote, Centro diocesano de Pastoral Social)
• Parroquia Santa Eulalia de Mérida (Madrid)
• Partido Por Un Mundo Más Justo
• Paul Taylor («I work at UNICEF in Sub-Saharan Africa»)
• Pilar Ruiz Pérez (laica, voluntaria en Fundación Raíces)
• Pilar Sacristán y Rafael Bueno
• PriComu (iglesia doméstica)
• Proyecto Esperanza (Adoratrices; atención a víctimas de trata)
• Red eclesial Migrantes Con Derechos
• Redes Cristianas de Extremadura
• Red Faciam para personas sin hogar
• Rosa Ballesteros Martínez
• Rosa María García Morgado
• Rufino García (delegado episcopal de Movilidad Humana, diócesis de Madrid)
• Santiago García García (laico, voluntario de Cáritas, militante del PP)
• Sara Sieira Mucientes (codirectora del Secretariado de Pastoral Gitana de Madrid)
• Sonia Calderón Calderón
• Unidad Pastoral San Ambrosio y Santo Tomás de Villanueva (Madrid)
• Vicenta Aceves González
• Víctor Mojarrieta Blázquez

CRECER SIN PAPELES EN ESPAÑA
Cerca de 150.000 niños y adolescentes extranjeros en nuestro país ven vulnerados sus derechos fundamentales como consecuencia de la irregularidad administrativa

[Ilustración de Heidi, niña hondureña de ocho años sin papeles]
[Gonzalo Fanjul -director de investigaciones de Por Causa–
y Andrés Conde -director general de Save the Children España–
para El País de 6.3.21]

Ustedes no son conscientes, pero se han cruzado con ellos en muchas ocasiones. Puede incluso que les hayan invitado al cumpleaños de alguno de sus hijos o compartan las excursiones de su grupo scout. Se llaman Sady, Sheriff, Micaela, Daniel, Lamina, Ana. Les han visto de la mano de sus hermanos, entrando en el colegio. O sentados en el extremo del andén, esperando el metro. Su rutina está empapada por el miedo. El miedo a ser identificados en la puerta de un parque, a poner un pie en un ambulatorio, a despertar cualquier sospecha que atraiga la atención de las autoridades y destruya de un plumazo el camino recorrido y las esperanzas acumuladas durante años.

Olviden la propaganda alarmista que hayan escuchado sobre los menores extranjeros que viven en nuestro país. La realidad es infinitamente más pavorosa. Para uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes migrantes que forman parte de nuestra sociedad, la irregularidad administrativa supone lo más parecido a vivir en un régimen de apartheid.

Los próximos meses ofrecen la oportunidad de poner fin a esta injusticia insoportable.

Un estudio presentado esta semana por nuestras organizaciones —Save the Children y la fundación por Causa— ofrece una fotografía ajustada de la infancia sin papeles en España, marcada por el elevado riesgo de pobreza y la vulneración de derechos fundamentales. Para los chavales extranjeros, la ausencia de un permiso de residencia y un número de identificación personal obstaculiza la educación en todas sus fases, les enfrenta a la arbitrariedad de las instituciones sanitarias, les excluye del acceso efectivo a la protección y la justicia, multiplica su vulnerabilidad frente a la violencia, los abusos físicos y mentales, e incluso la explotación y la trata. En lugares como Melilla, esta situación alcanza niveles kafkianos, con la invisibilización de niños nacidos en la propia ciudad pero expulsados del sistema educativo por carecer de determinados papeles.

La magnitud de este desafío debería hacer saltar todas las alarmas de un Estado de derecho. De acuerdo con nuestras estimaciones, alrededor de 147.000 niñas y niños migrantes se encuentran hoy en esta situación (ver gráfico). Aproximadamente la mitad de esta población tiene menos de 10 años y la inmensa mayoría procede de América Latina, de donde miles de familias han llegado a España en los últimos años huyendo del derrumbe institucional y la violencia. Las comunidades autónomas más pobladas –Cataluña, Madrid, Valencia y Andalucía– presentan los números absolutos más altos de infancia sin papeles, pero es en otras comunidades donde la concentración es mayor. Asturias y Galicia, por ejemplo, tienen tasas de irregularidad en niños y niñas superiores al 35%.

El punto de partida de esta conversación debería ser simple: incluso en el intrincado y polarizado debate de las políticas migratorias es posible llegar al acuerdo de que un niño es, por encima de cualquier otra cosa, un niño. Las demás consideraciones administrativas y políticas acerca de su situación legal o la de sus padres quedan sujetas a esta idea principal. La protección y el bienestar de todos los menores de edad constituyen una obligación indiscutible de los Estados, además de un baremo de la dignidad de sus sociedades y la calidad de sus democracias.

No hay nada sencillo o rápido en la erradicación de la pobreza infantil, lo sabemos bien. Pero en este caso contamos con un as en la manga. La decisión política de regularizar a las familias inmigrantes con hijos resolvería automáticamente una parte considerable del problema al que hacemos frente. Como han hecho otros países comparables al nuestro por su contexto económico y político –desde Portugal, Italia y Francia hasta Canadá, Colombia y los Estados Unidos–, España puede aprovechar la situación abierta por la covid-19 para plantear medidas excepcionales que resuelvan problemas excepcionales. Una respuesta simple como la regularización puede ser determinante para reducir el sufrimiento de miles de niños y facilitar niveles mínimos de inclusión social, precisamente el compromiso firme que ha hecho este gobierno.

El tiempo corre en nuestra contra. De acuerdo con nuestras previsiones, la crisis derivada del coronavirus podría incrementar el número de personas inmigrantes en situación irregular en España en un número superior a los 160.000 trabajadores (un incremento del 42% sobre las cifras actuales). A eso hay que añadir la situación de irregularidad de los niños y las niñas derivada de los rechazos previstos a las peticiones de protección internacional, y que nuestro análisis ha estimado en unos 13.000 casos más.

La incorporación de los progenitores a la economía formal no solo reduciría de manera tangible la vulnerabilidad social de sus familias, sino que supondría un importante beneficio fiscal para el conjunto de la sociedad. De acuerdo con nuestros cálculos, los impuestos directos y contribuciones a la Seguridad Social de los trabajadores regularizados llegarían al punto de compensar casi de forma completa la inversión del Estado en la salud y educación de sus menores a cargo.

La pregunta no es si se debe regularizar a cerca de 147.000 niños inmigrantes en nuestro país, sino cuándo y cómo se va a hacer. Si les surge alguna duda, miren a los ojos de sus hijos y pónganse en la situación de Salka, de Mustafá, de Heidi y de Gabriel. Todo a partir de ahí es más simple.

LA JUSTICIA EUROPEA LIMITA LAS EXPULSIONES DE MENORES NO ACOMPAÑADOS AL EXIGIR UNA ACOGIDA ADECUADA TRAS EL RETORNO
La sentencia choca con los planes de la UE de acelerar las devoluciones a través del nuevo pacto migratorio, aún pendiente de aprobación.

[14.1.21.Tomado de Guillermo Abril, para El País]

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado este jueves una sentencia de calado sobre los retornos de los niños migrantes. Antes de tomar una decisión sobre la expulsión de un menor no acompañado, un Estado miembro tiene la obligación de cerciorarse y verificar que en el país de retorno existe una recepción adecuada. La interpretación del TJUE supone una lectura que parece ir contra los tiempos que marca en la actualidad la UE, que busca aprobar este año un pacto migratorio cuyo centro de gravedad oscila en torno a la expulsión acelerada de los migrantes.

La resolución, que ha sido emitida como respuesta a una duda prejudicial planteada por los tribunales de Países Bajos, se centra en el caso de un menor originario de Guinea-Conakry, llegado a este país en un momento sin determinar, pero que a los 15 años presentó una solicitud de asilo. En Ámsterdam, según recoge el tribunal europeo con sede en Luxemburgo, el chico fue víctima de trata de seres humanos y explotación sexual, y en la actualidad sufre secuelas en forma de graves trastornos psíquicos. Las autoridades neerlandesas determinaron que no procedía concederle el estatuto de refugiado al chico, en una decisión que equivalía a una decisión de retorno. El menor interpuso entonces un recurso, alegando que no sabía dónde se encontraban sus padres, ni siquiera si sabría reconocerlos, y desconocía si tenía más familia.

“Cuando un Estado miembro pretenda dictar una decisión de retorno contra un menor no acompañado”, argumenta la sentencia del TJUE, “debe tener necesariamente en cuenta, en todas las fases del procedimiento, el interés superior del niño”, lo cual implica llevar a cabo una “apreciación general y exhaustiva de la situación de este menor”. El menor, añade el tribunal, “aunque haya sido objeto de una decisión de retorno, no podría ser expulsado en caso de inexistencia de una acogida adecuada en el Estado de retorno”.

La duda en el tribunal de Países Bajos se suscitó porque en el derecho neerlandés se señalan diferencias en función de si el menor tiene más o menos de 15 años. En el caso de los menores de 15, las autoridades llevan a cabo una investigación en relación con la existencia de una “acogida adecuada” en el Estado de retorno, tal y como está previsto en la directiva europea de retorno. Si no existen las condiciones adecuadas, se concede a estos menores un permiso de residencia ordinario. Pero si el afectado es un menor de 15 años o más, como el caso sobre el que dirime el TJUE, esta investigación no se lleva a cabo.

Al contrario, las autoridades neerlandesas suelen esperar entonces a que los menores alcancen la mayoría de edad (18 años) para ejecutar posteriormente el retorno. Así, durante el período comprendido entre su solicitud de asilo y la obtención de la mayoría de edad, la residencia de un menor no acompañado de 15 años o más en Países Bajos “sería irregular, pero tolerada”, asevera la justicia europea.

Aunque la petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de Primera Instancia de La Haya se refiere a esta distinción entre menores con más o menos de 15 años, la respuesta europea, como sucede a menudo, arroja una interpretación cuyos efectos podrían tener consecuencias en la próxima normativa europea sobre migración, actualmente en fase de debate.

El varapalo de los jueces europeos a la interpretación y los procedimientos habituales de las autoridades neerlandesas es claro. “Un Estado miembro no puede distinguir entre los menores no acompañados únicamente en función del criterio de su edad para comprobar la existencia de esa acogida”, les exige.

El TJUE explica también que los países han de ser consecuentes: si se adopta una decisión de retorno respecto de un menor no acompañado, tras haberse cerciorado de la existencia de una acogida adecuada, no debería abstenerse de proceder a su expulsión hasta que haya alcanzado los 18 años, lo cual dejaría al menor en un limbo. Pero si no se le expulsa en ese momento, no se le podría expulsar después sin cerciorarse de que efectivamente la situación de acogida sigue siendo adecuada para el menor.

Esta interpretación europea, que exige un examen riguroso y exhaustivo, choca con las intenciones de la UE, que busca un pacto migratorio que “blinde las fronteras” con el refuerzo de unos 10.000 agentes de Frontex y proceda a la expulsión inmediata, desde la misma frontera, de aquellos que no tienen derecho al asilo, tras un examen de su caso y sus circunstancias que debería “estar listo en un plazo de cinco días, ni uno más”, según aseguró recientemente en una entrevista con este diario Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea para Asuntos Migratorios.

En 2019, cerca de 14.000 solicitantes de asilo en la UE fueron menores no acompañados, según cifras de Eurostat, en una tendencia que sigue una línea descendente desde el máximo registrado en 2015, durante la crisis de refugiados, cuando alcanzaron los 92.000.