Sobre la Regularización: ROSTROS ANTES QUE CIFRAS

ROSTROS ANTES QUE CIFRAS
una lectura humana (desde la Iglesia) de la regularización extraordinaria

[tomado de Agenda Pública, 30.1.26]

Los jesuitas de Níjar (Almería), que trabajan habitualmente con inmigrantes, subrayan que «el apoyo de los obispos, la Conferencia Episcopal y de otras realidades eclesiales a la regularización no nace de una toma de partido coyuntural, sino de una experiencia prolongada de acompañamiento». A su juicio, «mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad permanente no protegía el orden social, sino que lo debilitaba; no favorecía la convivencia, sino que normalizaba la precariedad y el abuso».

Durante años, España ha convivido con una paradoja silenciosa: cientos de miles de personas forman parte de la vida cotidiana —trabajando, cuidando, sosteniendo sectores enteros de la economía y de la vida comunitaria— sin existir plenamente a ojos del derecho. No son una abstracción ni una amenaza difusa. Tienen nombre, horarios, trabajos, vecinos, responsabilidades.

La regularización extraordinaria aprobada recientemente por el Gobierno no irrumpe en una sociedad vacía ni crea de la nada una nueva realidad social. Llega, más bien, al final de un proceso largo en el que esas vidas ya estaban siendo acompañadas, defendidas y promovidas desde abajo, en barrios, asociaciones, institutos, centros de salud, sindicatos o parroquias. Por eso, reducir esta medida a una «regularización masiva» simplifica en exceso lo ocurrido y oscurece lo verdaderamente relevante.

¿Quiénes son las personas regularizadas?

Hablar de regularización extraordinaria en términos agregados —cientos de miles de personas, plazos administrativos, requisitos legales— resulta inevitable, pero insuficiente. La realidad que esta medida alcanza es, ante todo, biográfica. Son trayectorias largas, muchas veces invisibles, que han transcurrido en el cruce entre la necesidad de trabajar, el arraigo progresivo y la ausencia de un reconocimiento jurídico estable.

Está la mujer que cuida a personas mayores desde hace años, enlazando empleos precarios y sosteniendo hogares ajenos mientras el suyo quedaba suspendido en un limbo administrativo. Está el jornalero que ha pasado campañas enteras en la agricultura intensiva de los invernaderos, contribuyendo de forma decisiva a un sector estratégico desde condiciones de extrema vulnerabilidad. Está el trabajador de la hostelería o del reparto que atravesó la pandemia manteniendo servicios esenciales sin contrato regular ni protección suficiente. En no pocos casos, estas personas participan además en asociaciones vecinales, comunidades religiosas o redes de apoyo mutuo que estructuran la vida cotidiana de barrios y pueblos.

Nada de esto comenzó con el decreto. La regularización no crea estas vidas ni las incorpora por primera vez a la sociedad; se limita a reconocer jurídicamente una presencia que ya era social, económica y relacional. Por eso resulta problemático hablar de «masa» o de «regularización masiva». No hay aquí una realidad indiferenciada, sino una pluralidad de historias concretas que comparten una vulnerabilidad común: haber vivido durante años sin el amparo pleno del derecho.

Poner el foco en los rostros no es un recurso sentimental. Es una exigencia analítica. Solo desde ahí se comprende que la irregularidad administrativa no era una anomalía marginal, sino un rasgo estructural de nuestro modelo de convivencia, y que la regularización apunta a corregir esa disonancia entre vida real y reconocimiento institucional.

Un proceso desde abajo: la pluralidad de actores que lo hicieron posible

La regularización extraordinaria no puede entenderse únicamente como una decisión adoptada en el Consejo de Ministros. Llega precedida de un proceso social largo, articulado a través de una constelación de actores muy diversos que, durante años, han trabajado en los márgenes de un sistema migratorio incapaz de absorber la realidad que generaba.

La iniciativa legislativa popular (ILP) por la regularización fue la expresión más visible de ese proceso, pero no su punto de partida. Detrás de las casi 800.000 firmas hubo decenas de organizaciones de personas migrantes, entidades sociales, sindicatos, plataformas ciudadanas, profesionales del derecho, de la salud y de la educación. Y también parroquias, congregaciones religiosas, Cáritas, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y otras muchas realidades eclesiales que, desde su inserción territorial, acompañaban situaciones concretas de exclusión jurídica.

Este entramado no actuó como un bloque homogéneo ni con una sola voz. Fue —y sigue siendo— plural, descentralizado y a veces incluso disonante. Precisamente ahí reside su fuerza: en haber sostenido, desde lugares distintos, una misma constatación práctica. Mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad permanente no protegía el orden social, sino que lo debilitaba; no favorecía la convivencia, sino que normalizaba la precariedad y el abuso.

Hablar de este proceso permite desplazar el foco del debate. No estamos ante una concesión graciosa ni ante un gesto unilateral del poder político, sino ante el reconocimiento institucional de una presión cívica sostenida. Una acción colectiva que no buscaba privilegios, sino coherencia entre derechos proclamados y vidas reales.

Para el bien común: una lectura desde la ética social cristiana

Más allá de su dimensión jurídica, la regularización extraordinaria plantea una pregunta de fondo: qué entendemos por bien común en una sociedad atravesada por la movilidad humana. Desde la tradición de la doctrina social de la Iglesia, el bien común no es la suma de intereses individuales ni el simple equilibrio entre mayorías y minorías, sino el conjunto de condiciones que permiten a todas las personas desarrollar una vida digna en comunidad.

Leída desde ahí, la regularización no es un gesto ideológico ni una medida movida por la mera compasión. Es una decisión que responde a una evidencia ética: una sociedad funciona peor cuando acepta como normal que una parte significativa de quienes la sostienen viva sin derechos plenos. La irregularidad administrativa prolongada no beneficia a nadie; genera miedo, explotación, economía sumergida y fractura social.

Los cuatro verbos que el Papa Francisco ha propuesto reiteradamente —acoger, proteger, promover e integrar— ayudan a nombrar esta lógica sin necesidad de convertirlos en consignas. Acoger significa reconocer una presencia ya existente. Proteger implica sacar a las personas de la intemperie jurídica. Promover supone abrir posibilidades reales de desarrollo personal y laboral. Integrar no es asimilar, sino permitir una participación plena en la vida social.

Desde esta clave, el apoyo de los obispos, la Conferencia Episcopal y de otras realidades eclesiales a la regularización no nace de una toma de partido coyuntural, sino de una experiencia prolongada de acompañamiento. Allí donde la Iglesia ha estado cerca de las vidas concretas, la irregularidad no aparecía como un principio abstracto, sino como un obstáculo cotidiano para la dignidad y la convivencia.

Cierre (o apertura)

El debate sobre la regularización extraordinaria seguirá abierto, como es lógico en una sociedad plural. Pero quizá convenga desplazar la mirada: no tanto hacia la excepcionalidad de la medida como hacia la normalidad de las vidas que reconoce. Desde esta perspectiva, el respaldo de amplios sectores de la sociedad civil —incluidas muchas realidades eclesiales— no responde a una lógica ideológica ni a un cálculo coyuntural. Brota de una experiencia concreta: la de haber acompañado durante años a personas que ya estaban aquí y cuya exclusión jurídica no fortalecía a la sociedad, sino que la empobrecía.

La regularización no resuelve todos los problemas del sistema migratorio, pero recuerda algo elemental: el bien común no se construye levantando muros administrativos, sino ampliando derechos allí donde la vida ya había encontrado la forma de sostenerse.