El Derecho a No Migrar

EL DERECHO A NO MIGRAR

La Sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral ofrece el siguiente documento sobre el «derecho a no migrar».

Y es que el deber de acogida no impide luchar contra las causas de las migraciones forzosas: la Iglesia recuerda el derecho de las personas a poder permanecer en sus lugares de origen y poder tener unas condiciones de vida y trabajo dignos. La Sección Migrantes y Refugiados considera importante que las Iglesias locales se comprometan a colaborar con sus gobiernos para garantizar a todos las condiciones necesarias para acceder al desarrollo humano integral en sus países de origen, sin verse obligados a emigrar.

SIN CITAS NO HAY DERECHOS. Comunicado de la Mesa.

Comunicado de la Mesa por la Hospitalidad de la Diócesis de Madrid
LA ÚLTIMA FRONTERA. SIN CITAS NO HAY DERECHOS.
¿ESPAÑA INCUMPLE LA ATENCIÓN DEBIDA A LOS SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL Y ASILO?

Mesa por la Hospitalidad Archidiócesis de Madrid logoLa Mesa por la Hospitalidad la preside nuestro Cardenal Arzobispo Carlos Osoro, y la componen la Delegación de Movilidad Humana, Cáritas Diocesana, Justicia y Paz de Madrid, Confer Madrid, la Comunidad de Sant´Egidio, SERCADE y Pueblos Unidos.

[puedes descargar el Comunicado en PDF pulsando aquí]
La ONU define a las personas refugiadas como las “que se encuentran fuera de su país de origen por temor a la persecución, al conflicto, la violencia generalizada, u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público y, en consecuencia, requieren protección internacional [https://refugeesmigrants.un.org/es/definitions]. Y en su Convención sobre el Estatuto de los Refugiados” (1951) recoge expresamente cómo deben actuar los Estados con estas personas: “Los Estados Contratantes expedirán documentos de identidad a todo refugiado que se encuentre en el territorio de tales Estados y que no posea un documento válido de viaje”. (art.27). España es uno de los 147 países que ha firmado este tratado.

Las definiciones están claras, pero para que una persona adquiera la condición de refugiado precisa trámites documentados. Será a partir de este momento cuando podrá recibir la protección y las ayudas de la Administración que corresponda; también un permiso de trabajo que le permita mantenerse. Pero, en la práctica ¿qué está haciendo el Estado español?

El gobierno español tiene habilitada una página web para pedir una cita que permita iniciar las gestiones. Aquí los peticionarios de asilo se encuentran con una última y angustiosa frontera: la obtención de la imprescindible primera cita se retrasa y se retrasa por falta de medios. La respuesta que últimamente se recibe recurrentemente es: “En este momento no hay citas disponibles”. Por otra parte, la página web da errores y a veces indica que hay que volver a intentarlo porque ha caducado el tiempo de la sesión.

ACNUR, en su página web de atención a los demandantes de asilo, recoge [https://help.unhcr.org/spain/solicitar-asilo-en-espana/solicitud-de-asilo-en-territorio-espanol-2/]:

Para poder formalizar tu solicitud de asilo en España, primero debes solicitar una cita. Te recomendamos que pidas la cita para tu solicitud de asilo lo antes posible desde tu llegada a España. La ley señala que la solicitud debe presentarse en el primer mes desde la entrada en el territorio español, aunque si la solicitas pasado dicho plazo también será aceptada. Si este es tu caso, es importante que expliques los motivos que te han llevado a presentarla más tarde de dicho plazo.

La obtención de esta cita está tardando entre nueve y diez meses. Que se retrase esta primera cita, puerta de entrada a la regularización, equivale a que estas personas o familias se conviertan en invisibles para las administraciones. Esta invisibilidad les priva de su derecho a la ciudadanía y su situación se convierte, en muchos casos, en dramática por sus consecuencias. Por una parte, si trascurren tres meses sin tener cita, tiempo en que pueden estar como turistas, se les puede expulsar; por otra parte, al no estar reconocidos, no pueden acceder a las ayudas por la condición de refugiado y las familias se van quedando sin medios de subsistencia. Familias que, en los últimos meses., provienen mayoritariamente de Venezuela, Colombia, Salvador y Perú.

La situación de indefensión, pobreza e incluso de calle está corroborada por las entidades que trabajan con estas personas (Pueblos Unidos, Sant’ Egidio, Cáritas, SERCADE, etc.). Por ejemplo, desde Pueblos Unidos se está atendiendo una media de tres familias a la semana en situación de calle en los últimos meses. Por su parte, Sant’ Egidio reconoce, igualmente, la dificultad de obtención de citas y la necesidad de ayuda, comida y techo, en que se encuentran muchas personas y familias. SERCADE está en la misma situación y Cáritas viene experimentando un incremento muy fuerte de personas en estas situaciones tanto en acogida central como en el territorio. Esta situación de calle ha sido denunciada igualmente por el propio Defensor del Pueblo.

De acuerdo con la ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, si se hubiera obtenido la tarjeta blanca [en teoría se daría primero una tarjeta u hoja blanca y al mes se daría la roja con validez de seis meses. Habida cuenta la problemática de citas, la tarjeta blanca tiene una validez de seis meses], que es la que se recoge al comenzar los trámites, la persona demandante tendría:

  • Derecho a la atención
  • Derecho a recibir prestaciones sociales específicas en los términos que se recogen en la Ley.
  • Derecho a ser documentado como solicitante de protección internacional.

Es decir, se tendría derecho a un techo y comida en un Centro de Acogida de Refugiados (CAR) de los existentes en España [Madrid cuenta con dos CAR]. Sin embargo, estos derechos son negados en la práctica por el sólo hecho de no conseguir una cita. Por escandaloso que resulte, NO hay citas, bien sea porque la Administración no las gestiona adecuadamente o porque no pone los medios necesarios. Se olvida sistemáticamente que, sin esa primera cita, no hay derechos [Por otra parte, la tarjeta que reconoce que la persona está en trámites tiene una validez de seis meses y para renovarla de nuevo hay que solicitar cita].

La situación a la que se aboca a estas personas que han tenido que huir de su país (en muchos casos porque peligraba su vida), nos lleva a plantear si el reconocimiento del Estatuto del Refugiado en España se está llevando a la práctica idóneamente. Constatamos con dolor que se abandona, de hecho, a los solicitantes de asilo, tanto por parte del Ministerio del Interior, que no gestiona las citas necesarias, como por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que no ha desarrollado ninguna acción para la atención transitoria de los refugiados. Lo mismo se diga de la falta de reacción en este punto de la Comunidad de Madrid. Por parte del Ayuntamiento de Madrid, el Samur Social responde de manera limitada y no pocas veces estas personas acaban siendo atendidas por instituciones de la Iglesia. En este sentido, Pueblos Unidos señala que, ante estas situaciones de calle sobrevenidas, la respuesta del Samur Social es: “que no son emergencia social o que no hay vulnerabilidad”.

Ante esta gravísima situación, la sociedad civil más concienciada y algunas instituciones de la Iglesia han empezado a movilizarse. El 26 de noviembre de 2022, en el Centro Pastoral san Carlos Borromeo, se formó un grupo, con implicación de las personas afectadas, con el nombre “Sin citas no hay derechos”, que busca poner fin a estas situaciones [Recogido del comunicado con los principales acuerdos de la mesa “Sin citas no hay derechos”].

Esta situación, desafortunadamente, no es nueva. El Defensor del Pueblo en el año 2019, requería a la Secretaría de Estado de Migraciones, sobre la tardanza en la obtención de citas:

Revisar de manera urgente la aplicación informática de la cita previa de extranjería de la Sede Electrónica de Administraciones Públicas, adoptando las medidas técnicas necesarias para garantizar el derecho de los ciudadanos a solicitar y obtener en tiempo y forma una cita [ver esta entrada de su web].

El 3 de agosto de 2020, de nuevo tramita una queja sobre las dificultades de la cita previa para solicitar asilo, y recomienda, en este caso al Ministerio del Interior, agilizar los sistemas informáticos “para reducir la excesiva demora existente […] que afectan a la situación de los ciudadanos extranjeros, tanto en régimen de extranjería como solicitantes de protección internacional” [véase aquí].

El 3 de noviembre de este año 2022, se reiteran sus denuncias [véase aquí]:

Se han recibido nuevas quejas de solicitantes de protección internacional que se encuentran en situación de calle o de gran precariedad, debido a las dificultades para acceder al sistema de acogida, especialmente en ciudades que son punto de llegada a España, como es el caso de Madrid.

Ante las numerosas quejas, la Secretaría de Estado ha comunicado al Defensor que, cuando no sea posible solicitar la cita para la entrevista de asilo, los interesados pueden mandar un escrito dirigido al Ministerio del Interior a través del registro, en el que expongan su voluntad de pedir protección internacional y, una vez registrados, podrán solicitar a la Cruz Roja acceder al sistema de acogida. En este sentido, la página web del Ministerio del Interior se ha modificado con fecha 9 de diciembre de 2022.

Igualmente, el Defensor del Pueblo, al mismo tiempo que hace un recordatorio sobre el deber legal del Estado en materia de acogida, señala que hay carencias en la coordinación entre la Secretaría de Estado y Migraciones y el Ayuntamiento de Madrid.

Por otra parte, se viene denunciando por las personas demandantes de asilo que si se paga la cita se consigue mucho más rápido. En este sentido, con solo bucear un poco en cualquier buscador de internet se encuentran páginas de abogados que ofrecen sus servicios, cobrando.

Estamos en diciembre del año 2022 y la situación es la misma o incluso peor que en años anteriores. Desde la Mesa por la Hospitalidad denunciamos la flagrante vulneración de los derechos humanos que se está produciendo. A estas alturas, con la experiencia acumulada por las administraciones públicas, es inconcebible que la llave maestra de los derechos humanos esté colgada de una cita que se dilata y de una tramitación extremadamente lenta de los expedientes por falta de personal dedicado a estos menesteres. Solicitamos, por ello, a la Administración que solucione de una vez para siempre este problema para que las personas que demandan asilo sean atendidas con prontitud, de acuerdo con las leyes internacionales y españolas. Es groseramente simple: sin citas, no hay derechos.

Madrid a 18 de diciembre de 2022, Día Internacional del Migrante.

LOS CÍRCULOS DE SILENCIO: ACCIÓN COMÚN DIOCESANA

LOS CÍRCULOS DE SILENCIO: ACCIÓN COMÚN DIOCESANA
– Tomado del Dpto. de Migraciones de la Conferencia Episcopal –

El Departamento de Migraciones de la CEE ha publicado un sencillo material para promover como acción diocesana común los Círculos de Silencio. Puede verse al final de esta entrada.
Círculos de Silencio. Acción común diocesana.
Esta acción diocesana común fue uno de los 3 proyectos consensuados en la Jornada de Delegados del 22-24 de abril 2022. Se ha diseñado un material sencillo, ágil y visual, orientado a motivar a las delegaciones o secretariados de diócesis donde no se realicen para que vean la posibilidad de iniciarlo, o de sumarse donde ya existen, bien participando y promoviéndolos, bien co-organizando o trabajando en red. Depende de cada lugar, existe una sana pluralidad. Lo importante es conocer su sentido y superar miedos y pereza.

No pretendemos apropiarnos de esta acción y su filosofía, sino participar de ella, promoviendo una presencia simbólica, una acción común diocesana. Es decir, que pueda estar presente en todas las diócesis (respetando pluralidad y características de la historia o el momento de cada Círculo, o convocando donde no existe y pensando cómo y con quién hacerlo).

Buzón de Consultas Jurídicas sobre Menores Migrantes

BUZÓN DE CONSULTAS JURÍDICAS SOBRE MENORES
– Dirigido a Menores, Familiares y Profesionales –

La Merced Migraciones pone a disposición exclusivamente de niños menores de 19 años y los profesionales o familiares que les acompañan un BUZÓN DE CONSULTAS JURÍDICAS (accede a través de este enlace).
BUZÓN DE CONSULTAS JURÍDICAS SOBRE MENORES MIGRANTES. La Merced Migraciones.
Se trata de un servicio para que esos niños y niñas, y los profesionales que les acompañan en procedimientos judiciales, tengan un espacio seguro y gratuito para exponer sus preguntas y recibir orientación jurídica directa y personalizada. Es una asesoría legal generalista que atiende de modo preferente a los siguientes casos: niños y niñas víctimas de violencia y/o abusos, niños y niñas que migran solos en procedimientos de determinación de la edad o solicitantes de protección internacional, infancia en situación de exclusión social en defensa de sus derechos sociales, económicos y culturales.

Madrid: Los solicitantes de asilo se quedan en la calle

Un sistema de acogida desbordado vuelve a dejar a los solicitantes de asilo en las calles de Madrid
El alcalde Almeida y el ministro Escrivá llegaron a un acuerdo para evitar que las familias que buscan acogida se queden sin techo, pero el Ayuntamiento acusa al Gobierno de incumplirlo

Reportaje y foto de María Martín
en El País de 3.10.22.

Un sistema de acogida desbordado vuelve a dejar a los solicitantes de asilo en las calles de Madrid.

No es un caso aislado. Una madre y sus dos hijos llegan a Madrid. Huyen de Colombia. Son potencialmente una familia de refugiados. Después de gastarse todo su dinero disponible en dos noches de hotel, la madre pide ayuda a una abogada. Confía en que alguien les acoja. La letrada les recoge con su coche en la estación de Atocha.

— No estamos yendo tan lejos como parece, tranquilos

El trayecto no tendrá el final que esperaban. La capacidad de acogida del Ayuntamiento está colapsada, no atiende a más solicitantes de asilo. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que es quien tiene las competencias de acogida de este colectivo, mantiene que hasta que los recién llegados no formalicen sus peticiones no le corresponde asistirles. Pero formalizar esas solicitudes puede llevar meses. Y así, ambas administraciones, aun con ciertos periodos de calma, se pasan la pelota desde hace años.

La familia colombiana terminará durmiendo en el suelo de una iglesia. No se sabe hasta cuándo. El sistema falla. Desde mayo, según el Ayuntamiento, más de 1.400 personas que llegaron a Madrid para pedir asilo se han visto en situaciones parecidas a la de esta familia.

Son más de las 11 de la noche del jueves y el termómetro ha caído hasta los 12 grados. La abogada, Patricia Fernandez Vicens, está ya acostumbrada a acudir a estas llamadas de auxilio y ha venido preparada. En los asientos de atrás, un adolescente de 17 años y una niña de 12 devoran silenciosos los sándwiches que les ha traído, son su primera comida del día. Mientras, la madre de ambos pega la frente en la ventanilla. Huida de Colombia, la familia llegó a la capital el pasado 27 de septiembre, gastó sus últimos 300 euros en dos noches de alojamiento, comida y transporte y ya no tenía dónde dormir.

Con apenas dos maletas y la misión de buscarles un techo, empieza el recorrido a ninguna parte.

La primera parada es el centro municipal de Vallecas, a siete kilómetros de la estación de Atocha. Es casi medianoche. El lugar se llama Las Caracolas y se creó en 2020, tras un año en el que decenas de familias de Venezuela, Colombia u Honduras recién aterrizadas en la capital acabaron durmiendo en la calle porque no había camas para ellas. Como aún no eran formalmente solicitantes de asilo, Migraciones no los atendía. Y el Ayuntamiento, saturado y alegando que no es su competencia, tampoco. En aquella época, como ahora, el Ayuntamiento y Migraciones se señalaban el uno al otro. Pero el centro de Las Caracolas, con cerca de 300 plazas, resolvió en parte la emergencia.

Con la apertura de este centro, el alcalde, José Luis Martínez Almeida, y el ministro José Luis Escrivá, que tienen buena relación, llegaron a un acuerdo para resolver situaciones como la de esta mujer y sus hijos. El Ayuntamiento asumiría esa primera acogida en sus centros y el ministerio se comprometía a derivarlos a sus recursos en 15 días. La rotación evitaría que se repitiesen situaciones de desamparo. Pero el pacto se incumple de forma recurrente El ministerio no deriva con rapidez y el Ayuntamiento, en consecuencia, no acoge.

Esa noche, Las Caracolas tiene algunas plazas libres y a la madre, aterida de frío, se le iluminan los ojos, pero es el equipo de Samur Social, que en ese momento está marchándose con su ambulancia, quien debe valorar si la familia es lo suficientemente vulnerable para dormir ahí o no. “Que tengas dos niños menores y no tengas recursos puede ayudarte”, la tranquiliza una trabajadora del centro. Tres personas se bajan de la ambulancia para evaluar el caso.

— ¿Su intención es solicitar asilo?

— Sí.

— Pues tiene que ir a Cruz Roja presencialmente y ellos le tienen que dar alojamiento. Aquí está repleto. No hay plazas del Ayuntamiento para asilo.

Los trabajadores del Samur ni siquiera llaman a la central para que dé luz verde a la acogida. La responsable aclara que sí sería una emergencia social, porque es una mujer con dos menores que no tiene dónde dormir, pero que no hay plazas para su caso. De paso, le dice que podría haber tenido en cuenta que venía a España sin tener nada.

La mujer ya sabía que venía con lo justo pero, por lo que relata, no tuvo muchas opciones. Hace unos meses se involucró en concienciar a los jóvenes de su ciudad [incluido su propio hijo] para que no se dejasen captar por los clanes paramilitares que se matan por dominar el territorio y eso no gustó. Los Pachencas, que dominan su zona, asaltaron su casa con ella y la pequeña dentro. Se escapó por el patio trasero y ya no volvió. Los hijos de un día para otro dejaron de ir al colegio y la madre dejó su trabajo como guardia de seguridad. “En Colombia no te puedes quedar porque uno no sabe cómo lo hacen, pero te acaban encontrando”, explica. El abuelo de los niños pidió un pequeño préstamo y gracias a eso la familia llegó a España.

Ahora, que España tiene casi 81.000 peticiones de asilo, el doble que el año pasado, el problema vuelve a agravarse. “El acuerdo se ha ralentizado por varias circunstancias como la pandemia, la acogida de refugiados afganos o de la guerra de Ucrania, pero esperamos que se llegue a una solución”, explica un portavoz del ministerio.

En el Ayuntamiento son algo más beligerantes. “Tenemos solicitantes en nuestra red que llevan hasta nueve meses. Está saturada”, mantiene un portavoz del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, que gestiona Ciudadanos. “Tenemos que dejar un mínimo de plazas disponibles para atender cualquier otra emergencia que pueda ocurrir en una ciudad de 3,3 millones de habitantes”, añade. “Es terrible tener que elegir entre dar plazas a una familia desahuciada o a una solicitante de asilo, pero a esta situación nos ha abocado el Gobierno central”.

¿Podría el Ayuntamiento crear más plazas para estos perfiles, teniendo en cuenta que Madrid es la primera parada de la mayoría de ellos? Podría. Pero el portavoz advierte: “¿Cuántas plazas tendríamos que abrir? Desde mayo se han quedado sin atender 300 personas al mes. Esto serían 3.600 plazas al año, 12 caracolas. Y el año que viene otras 12. Es inviable. No es nuestra competencia. El Gobierno se comprometió a asumir su responsabilidad”. En el Ayuntamiento rechazan también que el bloqueo sea porque los acogidos no hayan formalizado sus trámites: de las 399 personas que aloja esta, 318 ya son formalmente solicitantes de asilo.

La última advertencia del Ayuntamiento fue en mayo, cuando el delegado del ramo, Pepe Aniorte, reiteró por carta al ministerio que cumpliese con su compromiso de derivar gente cada 15 días. Desde entonces, asegura el portavoz, apenas 86 personas han sido recolocadas. “Se han dejado de atender por falta de plazas a 1.414 personas”, afirma. Según el Ayuntamiento, los plazos no se incumplieron con los 900 refugiados ucranios que han pasado ya por Las Caracolas.

Buena parte del origen de este problema, sin embargo, no está ni en el Ayuntamiento ni en el Ministerio de Migraciones, sino en la calle Amador de los Ríos, sede del Ministerio del Interior. Es este departamento quien gestiona las citas para pedir asilo, hace las entrevistas con las que se estudiará cada caso y resuelve los expedientes. Como el resto, también está saturado. En España, ser oficialmente un solicitante de asilo y, adquirir determinados derechos como la acogida, puede llevar meses, dependiendo de la provincia.

En el caso de la resolución de los expedientes que determinará quién será reconocido como refugiado y quién no, la espera puede ser de años. La lentitud de Interior, que fue muy eficiente en el caso de los ucranios, distorsiona todo el sistema de acogida. Por un lado, los recién llegados se quedan fuera de la red hasta que la policía los registra y, por el otro, los que llevan meses acogidos, aunque no cumplan con los requisitos para ser refugiados, seguirán ocupando una plaza hasta que se dé por cerrado su expediente.

Este lunes, Aniorte se reúne con la nueva secretaria de Estado de Migraciones, Isabel Castro. Mientras, la mujer colombiana y sus dos hijos menores que protagonizan esta historia siguen durmiendo en el suelo de una iglesia. En esa misma parroquia, la San Carlos Borromeo del barrio de Entrevías, otra familia refugiada de siete miembros ―incluido un bebé de 15 meses― espera a que el sistema haga también un hueco para ellos.