Crónica y galería de fotos (by Sant’Egidio) en ESTA ENTRADA (pulsa) de la web de Sant’Egidio y a continuación:
Eucaristía «Morir de Esperanza» — Domingo 19 de octubre de 2025 — 19.00 en la iglesia Ntra. Sra. de las Maravillas (calle del Dos de Mayo, 11) — Preside el Vicario Pastoral José Luis Segovia, ‘Josito’ — Convoca la Comunidad de Sant’Egidio en Madrid.
La celebración cobra especial significado en este Año Jubilar de la Esperanza. En el corazón de esta eucaristía mantenemos viva la herida del terrible naufragio frente a las costas de Lampedusa en octubre de 2013, donde murieron casi 400 personas y que motivó al Papa Francisco a denunciar la “globalización de la indiferencia”. Hoy más que nunca, esta celebración es un clamor para romper con la indiferencia ante el dolor de tantos, el rechazo e incluso el odio que se propaga contra las personas migrantes.
Cada vela que se encenderá y cada historia que conoceremos nos plantean la pregunta de si hacemos lo suficiente para que nadie más tenga que morir en los viajes de la esperanza. Por eso, esta «liturgia del nombre» es a la vez una invitación a comprometernos con más determinación a la acogida e integración de nuestros hermanos migrantes, en un momento en que las guerras, el hambre y la desigualdad expulsan a millones de personas a buscar un futuro fuera de sus países.
Un año más acompañará la liturgia “Morir de Esperanza” el coro de la Asociación Karibu, cuyos cantos africanos nos recuerdan la vitalidad del continente de donde proceden gran parte de los migrantes que arriesgan su vida en estas rutas hacia la tierra prometida.
MENOS DEMAGOGIA CON LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS DELINCUENTES Margarita Martínez Escamilla La deportación penal ya está prevista en las leyes, pero un uso excesivo puede menoscabar funciones propias del derecho
[La publicación de este artículo no supone una u otra opinión de La Mesa por la Hospitalidad, pero se propone para la reflexión y el diálogo de todos]
+++ Margarita Martínez Escamilla es catedrática de Derecho penal desde 2008 en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente, su principal línea de investigación está relacionada con la criminalización de las personas migrantes y refugiadas y el uso del Derecho penal y sancionador en la gestión de la movilidad humana. Más, aquí.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, viene lanzando desde hace unos meses propuestas sobre un asunto que ha erigido en prioritario: la cuestión migratoria, muy focalizada en los extranjeros que cometen delitos. Son propuestas que sorprenden por su ligereza, como, por ejemplo, expulsar de forma inmediata a cualquier extranjero en situación irregular que cometa un delito o ampliar los delitos por los que pueden ser expulsados quienes tienen autorización de residencia; propuestas que ponen de manifiesto, además, un desconocimiento del marco normativo.
El pasado julio se cumplieron 40 años de nuestra primera ley de extranjería, de 1985. Desde entonces, está legalmente prevista la expulsión de extranjeros que cometen delitos. Su actual regulación se encuentra en el artículo 89 del Código Penal, que prevé que las penas de prisión superiores a un año impuestas a ciudadanos extranjeros sean sustituidas, en su integridad o en parte, por la expulsión del territorio nacional, más una prohibición de regreso de cinco a diez años. Este precepto ha sido reformado nada menos que en cinco ocasiones y su prolija redacción es producto —sin duda mejorable— de la enorme complejidad del tema.
La voluntad de incrementar las expulsiones, particularmente las que tienen que ver con la comisión de delitos —llamémoslas expulsiones penales—, es una constante de la política migratoria nacional y de la Unión Europea. En esta línea, las sucesivas reformas del mencionado artículo 89 han estado encaminadas a ensanchar su ámbito de aplicación. Así, por ejemplo, tras la reforma de 2015, estas expulsiones se aplican a cualquier extranjero, con independencia de su situación legal. Conviene aclarar que, en las expulsiones penales, el Estado renuncia a la pena de prisión impuesta en sentencia por la comisión del delito, sustituyéndola —en su integridad o en buena parte— por la expulsión; es decir, el extranjero no cumple la pena sustituida en el país al que es deportado. También es importante percatarse de su ambivalencia aflictiva: mientras en algunos casos la expulsión será algo terrible —pensemos en quienes han tenido que sortear graves dificultades y peligros en su periplo migratorio—, en otros su aplicación puede resultar un regalo, por ejemplo para aquellos que se encuentran en España ocasionalmente para delinquir.
Es fácil, por tanto, entender que las expulsiones penales han de ser administradas con prudencia, pues un dato —la extranjería— que no tiene que ver ni con la gravedad del ilícito cometido ni con el reproche al autor se convierte en elemento determinante de la respuesta al delito. Un uso excesivo de la expulsión penal puede menoscabar funciones propias del derecho penal, como la prevención de futuros delitos a través de la amenaza con una pena, la reafirmación de la vigencia de la norma o la función constitucionalizada de la resocialización. Las lógicas de la política migratoria a veces chocan con las de la política criminal.
Más allá de las necesidades político-criminales, existe otra perspectiva que no se puede ignorar: la de los derechos implicados, algunos inderogables como son el derecho a la vida y a la integridad física o moral y la correlativa prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, que impide la expulsión a un país donde se corra un riesgo real de sufrir tales vulneraciones. Hay otros derechos que se pueden excepcionar, como el derecho a la vida privada y familiar, pero siempre atendiendo al caso concreto, de tal manera que no se produzca un sacrificio innecesario o excesivo. Es lo que pretende el “principio de proporcionalidad”, recogido expresamente en el artículo 89 del Código Penal: “No procederá la expulsión cuando, a la vista de las circunstancias del hecho y personales del autor, en particular su arraigo en España, la expulsión resulte desproporcionada”. No todos los delitos son iguales y, junto a su gravedad o naturaleza, habrá que ponderar otros factores, como el tiempo de permanencia en nuestro país, la integración sociolaboral, la existencia de familia, la nacionalidad del cónyuge o hijos o sus posibilidades de integración en el país donde sería expulsado el infractor, tal y como viene haciendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No está de más recordar que el principio de proporcionalidad, que ya venía siendo aplicado por los tribunales, fue introducido en el artículo 89 a través de la Ley Orgánica 1/2015, cuando el Partido Popular tenía mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado.
En resumen, cualquier propuesta sobre la expulsión de extranjeros que cometen delitos ha de estar en condiciones de explicar su relación con las necesidades político-criminales y con el principio de proporcionalidad. Ignorar estas variables es ofrecer soluciones inconsistentes a problemas complejos, es decir, populismo.
Desde hace varios meses, la Red eclesial de hospitalidad atlántica [nota del webmaster: una red eclesial dedicada a la protección de los migrantes en varios países africanos y en España] es testigo directo de un drama humano de trágica magnitud, que afecta especialmente a Senegal y, más ampliamente, al conjunto de África Occidental. Esta red de diócesis católicas, presente en varios países africanos y en España, actúa con el apoyo del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, la Red África-Europa para la Movilidad Humana (RAEMH), acompañada por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
Cada día, miles de jóvenes, movidos por la desesperación, la falta de perspectivas o la presión social, se hacen a la mar a bordo de embarcaciones precarias con la esperanza de llegar a Europa. Con demasiada frecuencia, estas travesías se convierten en tragedias: cientos de muertos, desaparecidos, familias rotas y comunidades en duelo. Estas piraguas, cargadas de angustia y esperanza, se convierten en el símbolo de una juventud sacrificada.
Una crisis con múltiples rostros
Esta realidad no es nueva, pero ha alcanzado un nivel alarmante. La migración irregular por vía marítima es hoy una de las más mortíferas del mundo. Es el reflejo de una crisis más profunda y sistémica:
Una crisis de gobernanza, marcada por la corrupción, la falta de transparencia y la carencia de visión política.
Una crisis económica y social, en la que el desempleo, la precariedad y las desigualdades empujan a los jóvenes a buscar en otra parte lo que no encuentran en su propia casa.
Una crisis de confianza en el futuro, en la que la esperanza parece extinguirse ante la falta de alternativas viables.
Una crisis de las políticas migratorias, que con demasiada frecuencia son securitarias, represivas y ajenas a las realidades humanas. Estas políticas, en lugar de ofrecer vías legales y dignas, obligan a los candidatos al exilio a tomar rutas cada vez más peligrosas, alimentando las redes de traficantes y la trata de seres humanos.
Nuestra postura
Ante esta dramática situación, la Red eclesial de hospitalidad atlántica expresa su profunda preocupación y afirma con rotundidad:
Senegal y África no pueden seguir perdiendo a su juventud en las olas del océano.
El silencio y la inacción son cómplices de esta hecatombe. Callar es consentir la
La migración debe ser abordada como una cuestión humana, social y de desarrollo, y no únicamente como un asunto de control de seguridad o de intereses geopolíticos.
Nuestros llamamientos a la acción
Lanzamos un llamamiento urgente a todos los actores implicados:
A las autoridades senegalesas y de África Occidental:
Poner en marcha políticas ambiciosas para ofrecer a los jóvenes perspectivas reales en sus países.
Invertir en educación, formación profesional, emprendimiento y acceso al
Promover la buena gobernanza, luchar contra la corrupción y fortalecer las instituciones democráticas.
A los socios regionales, a la Unión Africana y a la CEDEAO:
Reforzar los mecanismos de cooperación y de solidaridad
Elaborar estrategias concertadas para prevenir las migraciones forzadas y proteger los derechos de los migrantes.
A la Unión Europea y a la comunidad internacional:
Asumir su parte de responsabilidad histórica y actual en los desequilibrios que alimentan la migración.
Adoptar políticas migratorias justas, humanas y respetuosas de los derechos
Apoyar proyectos de desarrollo sostenible en los países de origen, en colaboración con las comunidades locales.
A la sociedad civil, a las familias y a los ciudadanos:
Movilizarse para sensibilizar, informar y denunciar las prácticas que ponen en peligro la vida de los jóvenes migrantes.
Crear espacios de diálogo, escucha y acompañamiento para los jóvenes en busca de sentido y de perspectivas.
A los jóvenes africanos:
Armarse de valor, de resiliencia y de creatividad.
Negarse a ceder al fatalismo e invertir sus energías en proyectos que den sentido a sus vidas.
Convertirse en los constructores de un futuro mejor, aquí y
El compromiso de la Iglesia
La Iglesia, a través de la Red eclesial de hospitalidad atlántica, reafirma su compromiso de:
Ser una voz profética frente a la injusticia y la
Continuar su labor de vigilancia, sensibilización e incidencia política.
Trabajar con las comunidades locales, las autoridades y los socios para desarrollar iniciativas concretas de prevención, acompañamiento y solidaridad.
Nos negamos a desviar la mirada ante las piraguas que parten cada noche, cargadas de vidas y sueños. Nos negamos a permanecer indiferentes ante los cementerios marinos del Atlántico. África necesita a su juventud, no engullida por las olas, sino en pie, creativa y protagonista de su desarrollo.
Juntos, hagamos resonar un llamamiento urgente a la responsabilidad, a la solidaridad y a la acción.
Hecho en Dakar, a 21 de septiembre de 2025.
YoussouphStev YOUM, SM. Coordinador para África de la Red eclesial de hospitalidad atlántica
Desde 2014, Regnum Christi entrega los “Galardones Alter Christus”, valorando a los sacerdotes y su aportación a la sociedad, especialmente en la Pastoral Familiar, la Pastoral Social, la Nueva Evangelización y la atención al Clero y a la Vida Consagrada.
Rufino García Antón, sacerdote diocesano de Madrid, delegado episcopal para la Pastoral de la Movilidad Humana (Migraciones) en nuestra archidiócesis y uno de los capellanes del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, ha sido galardonado este año en el campo de la Pastoral Social por su incansable labor en esa pastoral con los más desfavorecidos y los marginados, en su caso los migrantes. Junto a él, también ha sido galardonado Miguel David Pozo León, sacerdote diocesano de Córdoba, por su misma entrega pastoral a los gitanos (el resto de galardonados, junto a los de ediciones anteriores, pueden verse pulsando este enlace). El acto de entrega de los Galardones Alter Christus 2025 tendrá lugar el lunes 3 de noviembre en una de las parroquias afectadas por la DANA. Podrá seguirse además a través del canal de YouTube de Regnum Christi.
—¿Qué supone para usted recibir este premio, tanto a nivel personal como para toda el área de pastoral social en la que lleva años implicado? —Lo vivo como un reconocimiento compartido. Siempre digo que este premio no es solo mío, también es de Alfa y Omega y de todas las personas que estamos implicadas en la tarea de acoger, proteger, promover e integrar a las personas migrantes. Estos galardones, más allá de la gratitud personal, son importantes porque visibilizan la causa de los migrantes y refugiados.
—En la Iglesia y en la sociedad, ¿ha crecido la sensibilidad hacia los migrantes, o aún quedan áreas dormidas? —Hay sectores eclesiales y sociales donde sí se percibe una mayor sensibilidad y se reconoce la aportación de los migrantes como algo positivo y necesario, tanto para la sociedad como para la Iglesia. Sin embargo, también es verdad que están penetrando actitudes xenófobas y racistas. Por eso, diría que hay una de cal y otra de arena: todavía queda mucho camino para que la aportación de los migrantes sea reconocida no solo de hecho, sino también de derecho.
—Si pudiera fijar una prioridad, ¿qué sería lo más urgente a nivel social y eclesial? —En el ámbito social, me parece fundamental que se apruebe la iniciativa legislativa popular respaldada por centenares de entidades sociales y eclesiales, y aún más, que se logre un pacto de Estado por las migraciones. Sería decisivo que todas las administraciones y entidades trabajaran juntas para garantizar derechos y deberes reconocidos a las personas migrantes. En el ámbito eclesial, el reto principal es que los migrantes sean acogidos e integrados en la pastoral como sujetos activos de evangelización. No se trata de hacer cosas para ellos, sino más bien con ellos.
—¿Qué diría a quienes ven a los migrantes como una amenaza o los juzgan por los problemas que dan unos pocos? —Les diría que lean y vivan el Evangelio. Mateo 25 o la Carta a los Hebreos recuerdan la importancia de la hospitalidad, porque «algunos, sin saberlo, acogieron ángeles». Además, les invitaría a conocer de cerca a las personas migrantes, escuchar sus relatos y mirarlas a la cara. Se darían cuenta de que lo que buscan, como todos nosotros, es una vida más digna. Ese encuentro personal ayuda a cambiar la mirada.
—No es usted el primer sacerdote del clero madrileño reconocido en estos premios que otorga Regnum Christi. —Creo que eso muestra la sensibilidad social de la diócesis. Reconoce también que la dimensión social de la fe no es un apéndice, sino un elemento constitutivo de la misma. En ese sentido, este premio también pertenece a toda la archidiócesis de Madrid.
[entrada publicada: 2.10.25; 2ª actualización: 7.10.25]
Este evento en línea, abierto al público, reunirá a representantes de la Iglesia Católica, organizaciones basadas en la fe, organizaciones de la sociedad civil de base y agencias vinculadas a las Naciones Unidas, para reflexionar sobre el mensaje del Jubileo de los Migrantes. Se prestará especial atención a los desafíos actuales que enfrentan los migrantes, refugiados, sobrevivientes de la trata de personas y quienes los ayudan.
Inspirados por las palabras del Papa León XIV, los ponentes principales compartirán sus perspectivas orientadas al futuro sobre cómo las comunidades de fe, la sociedad civil y las instituciones multilaterales pueden defender la dignidad humana, los derechos humanos y el derecho internacional en las políticas y prácticas relacionadas con la migración y el desplazamiento forzado, especialmente en vista del actual contexto de rápidos cambios.
Entre los ponentes del evento se encuentran:
El Cardenal Fabio Baggio, CS, Subsecretario del DSDHI.
El Obispo Mark Seitz, Obispo de El Paso y Presidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB).
El Arzobispo Ettore Balestrero, Observador Permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas y otras Instituciones Especializadas en Ginebra.
La Sra. Elizabeth Tan, Directora de la División de Protección Internacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
La Hna. Olivia Umoh, DC, Directora de Defensa de la Infancia Segura y Coordinadora de Talitha Kum Ghana.
El Sr. Davide Bernocchi, Secretario General de la Comisión Católica Internacional de Migración.
La Sra. Hala Alkayal, activista de la sociedad civil siria y ex refugiada.
El moderador del seminario web será el Sr. Victor Genina, director de Desarrollo Humano Integral de Caritas Internationalis.
