MADRID SUPERA EL MILLÓN DE LATINOAMERICANOS, UNO DE CADA SIETE HABITANTES Se acaba de producir un hito: según el censo, en la Comunidad residen 1.038.671 personas que han nacido en un país de América de habla española. Hace 25 años solo vivían aquí 81.552, lo que muestra la velocidad de una corriente que está transformando el rostro y el alma de la región
[Esta entrada de nuestra web es un resumen-selección del reportaje de Fernando Peinado y Daniele Grasso para El País de 20-12-24. El reportaje tiene varios gráficos que aquí no se ofrecen. Y, especialmente, un muy interesante mapa interactivo de Madrid, donde puede consultarse el número de latinoamericanos en cada zona de Madrid según padrón]
El número de nacidos en Latinoamérica que reside en la Comunidad de Madrid ha rebasado la cifra simbólica del millón, según el censo de población que ha publicado el pasado jueves 19 de diciembre el Instituto Nacional de Estadística, INE. Solo contando a los 18 países de América que hablan español son 1.038.671 a 1 de enero de 2024. Este es un hito asombroso cuando se pone en contexto. Los inmigrantes de esta comunidad que se autodefinen como latinos suponen ya uno de cada siete habitantes en la región de la capital. Si este grupo formara una ciudad por separado sería más grande que el área metropolitana de Santiago, la segunda ciudad de Cuba (707.000 habitantes), o Arequipa, la segunda ciudad de Perú (984.000), o Valparaíso, la segunda ciudad de Chile (1,02 millones), y estaría a punto de alcanzar a las capitales de Nicaragua y El Salvador, Managua y San Salvador (ambas con 1,1 millones). El tamaño de esta hipotética ciudad sería semejante al de la aglomeración urbana de Málaga, que con 1,03 millones de vecinos es la quinta de España, y superaría a Bilbao o Zaragoza.
En el mapa interactivo que puede verse en el artículo original, puede consultarse por sección censal dónde viven los latinos y cómo se reparten en toda la región de Madrid. Los venezolanos se reparten por toda la región; ecuatorianos, peruanos o colombianos destacan en barrios de fuera de la M-30; los dominicanos tienen su pequeño Santo Domingo en el distrito de Tetuán; y los argentinos sobresalen en la almendra central.
Cuando se compara la cifra del millón con los datos históricos surge otra revelación que merece detenimiento: hace solo un cuarto de siglo, en 1999, los nacidos en esos 18 países de América hispanohablante eran solo 81.552. Solo han pasado 25 años de aquello, y los expertos en demografía prevén que este fenómeno vaya a más. La inmigración hacia las grandes metrópolis del mundo rico se mueve a niveles de récord y la afinidad cultural es uno de los factores decisivos de estos flujos. Gracias a estos nuevos madrileños, la capital ha redescubierto su identidad americana.
1999 marcó un antes y un después. Ese año se aceleró la llegada a España de ecuatorianos que huían de la grave crisis económica en su país. Hasta entonces, los exiliados políticos de Argentina, Cuba, Chile o Uruguay habían sido protagonistas entre los pocos latinos de Madrid. Muchos eran blancos, integrantes de clases acomodadas que habían huido de un dictador. Los inmigrantes ecuatorianos escapaban de otro mal distinto: la pobreza. Comenzaron a llegar a Barajas vuelos cargados de familias de origen popular, que en poco tiempo transformaron el rostro de la capital. Venían a España porque la economía tenía una necesidad voraz de trabajadores: hombres para construir casas y mujeres para cuidar mayores.
A los ecuatorianos se les unieron decenas de miles de colombianos, peruanos, bolivianos y dominicanos, que escapaban de las crisis en sus propios países o buscaban un futuro mejor, alentados por la bonanza española. En 2009, al poco de reventar la burbuja de la construcción, vivían en Madrid casi 600.000 inmigrantes latinos.
Esa cifra permaneció estancada hasta 2017, cuando comienza una segunda ola, que continúa hoy. Los principales países de origen son ahora Venezuela, Colombia y Perú. Su perfil socioeconómico es más diverso. Aterrizan también grandes fortunas (el 17% de vecinos del distrito de Salamanca es latino, según el padrón municipal) y estudiantes (se matricularon 14.776 de Latinoamérica en las universidades madrileñas en el curso 2022-23, un 40% más que ocho años antes).
Los latinos también están transformando otras regiones españolas, aunque ninguna concentra tantos nacidos en Hispanoamérica como Madrid, donde son el 62% de los inmigrantes. Los siguientes destinos son Cataluña y Valencia, con 883.548 de ese origen (el 43% de los inmigrantes) y 446.453 (37%), respectivamente.
En Madrid, residían al empezar este 2024 un total de 1.668.418inmigrantes. Los primeros cuatro países de origen son Venezuela (184.387), Colombia (180.983), Perú (150.590) y Ecuador (136.309). Los únicos países no hispanoamericanos entre los primeros 10 son Rumania (115.911), Marruecos (98.360) y China (53.204). Brasil ocupa el puesto quince (29.865).
Esta nueva oleada es parte de una corriente migratoria sin precedentes hacia los países ricos. En 2023, muchos países de la OCDE batieron récords de inmigrantes permanentes (6,5 millones en total) a los que se sumó un récord de 2,7 millones solicitantes de asilo. Una de las claves, según Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, es la fuerte demanda de mano de obra, que coincide con el envejecimiento de esas sociedades. “El número creciente de inmigrantes por motivos laborales ha contribuido a un crecimiento económico sostenido”, ha dicho.
Los hijos de estos inmigrantes latinoamericanos que nacen en España no figuran en la estadística del INE como grupo separado, pero se suelen autopercibir como latinos, de modo que el peso cultural de esta nueva comunidad sería aún mayor de lo que sugieren las cifras del censo.
EL NUEVO REGLAMENTO DE LA LEY DE EXTRANJERÍA. REFLEXIONES Y PARECERES
[entrada publicada el 29.11.24; última actualización: 11.12.24]
A partir de un artículo central sobre la nueva Ley de Extranjería, tomado de «Alfa y Omega», ofrecemos luego otros artículos y reflexiones sobre ella. Cada quien tenemos la posibilidad y el deber de formar nuestra propia opinión. Eso sí, la Mesa comparte buena parte de las críticas que aquí se exponen (y también bastantes de las alabanzas).
El nuevo reglamento deja fuera a personas como Renzo y a al menos 75.000 indocumentados pero amplía los supuestos para acogerse al arraigo. Los expertos valoran los cambios, pero piden ir más allá
Renzo es de Perú y tiene 24 años. Llegó a España huyendo «de la inseguridad y de la corrupción» en su país. Pero desde que desembarcó en Madrid no ha podido más que sobrevivir con pequeños trabajos realizados sin contrato. «He sido ayudante obras, repartidor o limpiador de pisos», enumera. Otra cosa que también ha podido hacer es dejarse ayudar. «Estoy muy agradecido a Cáritas de Getafe», manifiesta. La entidad caritativa de la Iglesia no solo le ha pagado el alquiler de la habitación en la que vive en dos ocasiones, sino que también le ha ayudado con su formación. «Me estoy preparando para ser ayudante de almacén», explica con orgullo. Todo será en balde, sin embargo, si no consigue un permiso de residencia y trabajo. El problema es que con el nuevo reglamento de la ley de extranjería, según Cáritas, no puede regularizar su situación al no contar con el tiempo de permanencia necesario en España para hacerlo acogiéndose al arraigo. Pero no es el único. «Sigue habiendo personas en situación irregular que no entran bajo el paraguas del nuevo reglamento. Pensemos en el gran número de indocumentados. Solo Cáritas tiene constancia de unos 75.000 y no todo el mundo acude a esta entidad, con lo cual podemos suponer que el número es aún mayor», advierte el director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Redondo.
No es el único colectivo perjudicado. «A partir de ahora, el tiempo que una persona haya pasado como solicitante de protección internacional no contabilizará como tiempo de permanencia previa en España para la solicitud del arraigo», explica el responsable de Incidencia Política y Orientación Jurídica sobre Movilidad Humana en Cáritas Española, Diego Fernández-Maldonado. De esta forma, si la Administración deniega la protección el candidato deberá comenzar con el proceso de arraigo desde cero y esperar en situación irregular los años que marca la ley para poder acogerse a esta figura. Este cambio legal, según Fernández-Maldonado, «es un ataque frontal a la protección internacional». Quizá por ello, el punto no «estaba incluido en el borrador sobre el que trabajamos en la consulta que hizo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a las entidades del sector»; un proceso en el que Cáritas Española «participó de manera activa». Según el responsable, «hicimos un documento muy amplio de aportaciones, pero lamentablemente las que reivindicábamos con más fuerza no han sido recogidas en el texto definitivo».
En ese documento, por ejemplo, se advertía sobre el funcionamiento de las oficinas de extranjería y las vías de acceso a los expedientes. «Hay personas que aunque cumplen los requisitos para acceder al arraigo no pueden presentar su expediente porque no hay citas disponibles para ello», señala el responsable. Por otro lado, este reglamento consolida la presentación telemática de los expedientes, «que es muy cómoda, pero imposible para alguien en situación irregular porque no dispone de firma electrónica». Por último, Fernández-Maldonado lamenta que en el caso de que una persona haya podido presentar su solicitud hay un último obstáculo que es «el plazo excesivamente largo de resolución». Esto tiene un impacto directo para los arraigos relacionados con el trabajo, «porque supone que tienes que convencer al empleador de que contrate a una persona que no va a poder trabajar hasta que la resolución sea favorable, algo que puede tardar seis u ocho meses». Y aunque «uno de los objetivos que dice perseguir este nuevo reglamento es dar mayor agilidad a los procedimientos de regularización», la realidad es que «se quedará en agua de borrajas, si no se dota del personal y las estructuras necesarias para llevar a cabo esta gestión», añade el director de Migraciones de la CEE.
Nuevos arraigos
El Gobierno dio luz verde al reglamento el pasado 19 de noviembre, durante el Consejo de Ministros. A su conclusión, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, afirmó que con él «se simplifican procedimientos, se eliminan duplicidades y se dan mayores garantías y rigor jurídico». La principal novedad es la reducción del tiempo que una persona tiene que pasar en España —en situación irregular— para acceder a la regularización por arraigo: de tres a dos años. También se han modificado los tipos de arraigo. Antes había cuatro situaciones y se han ampliado a cinco: arraigo social, sociolaboral, socioformativo, familiar y de segunda oportunidad. Este último no figuraba en el anterior reglamento y permite regularizar a los extranjeros que han tenido una autorización previamente y por alguna razón no han podido renovarla. Asimismo, el nuevo texto modifica la situación de los visados y establece que todas las autorizaciones iniciales van a ser de un año.
Al final, «con todas estas luces y sombras», concluye Fernández-Maldonado, «no se trata de una norma que nos satisfaga al 100 %». Tampoco a Fernando Redondo, que, si bien valora los avances, sostiene que «la aprobación del nuevo reglamento no debe impedir que la iniciativa legislativa popular para regular a medio millón de migrantes siga adelante». Y concluye: «Reglamento e ILP serían dos vías complementarias para llevar a cabo una verdadera y efectiva regularización».
→ José Luis Palacios (para Noticias Obreras) 20.11.24. La Iglesia española ve “avances” en el Reglamento de Extranjería pero denuncia “insuficiencias”. «Migraciones de la Conferencia Episcopal y Cáritas celebran los “avances” registrados en el nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería, aunque denuncian “insuficiencias” y “obstáculos”, por lo que piden la aprobación de la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria».
→ Servicio Jesuita a Migrantes 25.11.24. Las entidades sociales ven luces y sombras en la reforma del Reglamento de Extranjería. «La alianza formada por seis organizaciones especializadas en el acompañamiento social y jurídico de personas migrantes y refugiadas considera que la nueva normativa establece mejoras pero no logra un cambio sustancial y definitivo, dejando atrás objetivos clave».
→Europa Press 8.12.24. Diferencias entre el nuevo Reglamento de Extranjería y la ILP de regularización. «La alianza formada por seis organizaciones especializadas en el acompañamiento social y jurídico de personas migrantes y refugiadas considera que la nueva normativa establece mejoras pero no logra un cambio sustancial y definitivo, dejando atrás objetivos clave».
Cáritas Española AVANCE DE LOS RESULTADOS DEL IX INFORME FOESSA La sociedad del riesgo: hacia un modelo de integración precaria [tomado de la web de Cáritas Española]
Cáritas presenta un avance de los resultados del IX Informe FOESSA, que saldrá a la luz pública en el último trimestre de 2025
Los hogares que sufrieron las consecuencias de la crisis financiera de 2007 y de la COVID 19 siguen sin recuperarse. Casi 20 años después de aquel crack económico, un importante sector de la población sigue sin ver aliviada su situación. Un total de 9,4 millones de personas (19,3%) están actualmente en situación de exclusión social en España, dos millones más que en 2007 (16,4%).
A la par, el número de personas en exclusión social severa continúa al alza, con un incremento del 28% respecto de 2007, hasta alcanzar a 4,3 millones de personas en nuestro país, 1,4 millones más que antes de la Gran Recesión.
Por el contrario, las situaciones de integración plena (22 millones de personas) han descendido un 8% (4 puntos porcentuales) y se encuentran ahora más lejos de llegar a la mitad de la población española (45%).
Así lo refleja el avance de los resultados de la sexta Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA (EINSFOESSA), realizada el pasado semestre a 12.500 hogares en todo el país y cuyos datos definitivos serán presentados en el IX Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, que saldrá a la luz pública en el último trimestre de 2025.
La difusión de esta foto fija de casi dos décadas de transformación de los procesos de exclusión de la sociedad española -bajo el título “La sociedad del riesgo, hacia un modelo de integración precaria”– tuvo lugar este martes en la sede de Cáritas Española en Madrid. La rueda de prensa contó con la presencia de Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, y de Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación FOESSA y coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas Española.
“Se hace necesario volver la vista a la situación anterior a la Gran Recesión de 2007, pues los efectos de las crisis del COVID y su recuperación no deben enmascarar que, como sociedad, hemos sido incapaces de superar las consecuencias que originó la crisis financiera que tuvo lugar hace más de una década y que, aun entonces, había familias y personas cuyas condiciones de vida no eran adecuadas. Estamos, por tanto, ante una dinámica que nos muestra un claro carácter estructural de la realidad de la exclusión social, preexistente a las crisis, y de la incapacidad de la economía y de las políticas para romper los ciclos de pobreza y exclusión social”, señaló Natalia Peiro.
Emergencia social de la vivienda
En los últimos años no todos los aspectos de la exclusión social han seguido la misma tendencia. La exclusión residencial ha sido uno de los que más ha empeorado. Los problemas relacionados con la vivienda afectan hoy de una forma u otra a 1 de cada 4 hogares en España, pero esa proporción se dispara a 9 de cada 10 si se analiza las personas en situación de exclusión social severa.
La encuesta revela que más de 4,6 millones de hogares sufren dificultades relacionadas con el acceso y el mantenimiento de la vivienda en 2024.
El sobreesfuerzo por los costes de la vivienda afecta ahora a 6,8 millones de personas (14,1% de la población), 1,7 puntos porcentuales más que en 2018 y 8,9 puntos porcentuales más que en 2007, momento en el que los gastos excesivos alcanzaban al 5,2% de las personas.
El 20% de los hogares con menor renta dedican hoy en día más del 70% de sus ingresos al pago del alquiler de su vivienda. “Si hacemos una mirada retrospectiva, el desembolso era del 48% en 2007, lo que significa que el esfuerzo en el pago de la vivienda de las familias con menos recursos se ha incrementado casi un 50% en este periodo”, destaca Raúl Flores.
El régimen de tenencia también se revela como un potencial factor protector frente a la exclusión social. Cuando se tiene la vivienda en propiedad (pagada o con pagos pendientes) el riesgo de exclusión cae al 8% de la población, pero aumenta hasta el 30% para las familias que pagan un alquiler y hasta el 59% en el caso de los hogares con tenencia en precario (cedida, realquilada, ocupada o con aviso de desahucio).
“Al profundizar en esta cuestión, se hace obvio que el esfuerzo que las familias realizan para el pago y mantenimiento de la vivienda como necesidad básica para la vida no ha dejado de incrementarse en los últimos años, como señalábamos en el anterior Análisis y Perspectivas, del año 2023. La proporción del presupuesto familiar dedicado a pagar la vivienda sigue creciendo, y es una realidad que afecta tanto a la compra como al alquiler, aunque con consecuencias especialmente más negativas para las personas que viven alquilando”, destaca Raúl Flores.
La encuesta evidencia además un fuerte proceso de descapitalización de los hogares excluidos desde la crisis financiera: si en 2013 el 57% de los hogares en exclusión tenía una vivienda en propiedad, aun con pagos pendientes, ahora esa proporción se ha reducido a 3 de cada 10. “Las familias en exclusión social, por tanto, tienen más difícil acceder o, en menor medida, mantener una vivienda en propiedad, y se exponen cada vez más a acceder a una vivienda en precario, lo que influye radicalmente en su inseguridad jurídica y vital”, añade Flores.
El empeoramiento de algunos indicadores de exclusión residencial ilustra las estrategias con las que los hogares intentan adaptarse al reciente contexto de inflación, aun conllevando consecuencias importantes para la calidad de vida:
Aproximadamente 3 millones de personas (6,3%) utiliza ya formas precarias de tenencia de la vivienda (facilitada gratuitamente por otras personas o instituciones, realquilada, ocupada ilegalmente o con aviso de desahucio).
Aproximadamente 3,4 millones de personas (7%) sufren condiciones de hacinamiento. Estos son los hogares que se ven forzados a compartir pisos con más personas, a volver a la casa de padres o familiares y convivir con ellos, a recurrir a los llamados “nanopisos” o que tienen incapacidad para buscar otra vivienda cuando aumenta la familia.
Desde el año 2018 ha aumentado la población expuesta a situaciones de vivienda inadecuada, entre las que destaca que 1,6 millones de personas residen en viviendas que carecen de algún equipamiento básico, o que 720.000 personas residen en barrios marginales con entornos degradados.
Por último, algo más de 1,5 millones de personas no tienen la posibilidad de adecuar la vivienda a las necesidades de las personas con movilidad reducida, y acceden o se mantienen en viviendas con barreras arquitectónicas.
“A diferencia de otras formas de exclusión residencial extrema, como el chabolismo o el sinhogarismo, que son mucho más visibles para la sociedad, los problemas que hemos señalado son en general muy poco visibles. Quizás por ello la sociedad española ha tardado tanto en reaccionar a la actual crisis de vivienda que, en realidad, se viene labrando desde hace ya tiempo”, explica Raúl Flores.
Crece el número de personas con empleos exclusógenos
El crecimiento económico de los últimos años ha funcionado como activador del empleo en dos vías. Por un lado, ha aumentado el empleo formal, estable e integrado, pero, por otro, también ha aumentado los empleos con menor potencial integrador o incluso con carácter exclusógeno.
El empleo ha dejado de ser un antídoto infalible frente a la exclusión social, ya que una de cada 10 personas ocupadas está en exclusión. En concreto, el número de hogares cuya persona sustentadora principal tiene un empleo de exclusión ha pasado del 1,1% en 2018 al 2,7% en 2024. El empleo de exclusión se refiere, por ejemplo, a la venta a domicilio, la venta ambulante, el empleo de hogar no cualificado, los peones agrícolas, los eventuales temporeros, los recogedores de cartón, reparto de propaganda, etc.
El porcentaje de hogares cuya persona sustentadora principal tiene un empleo irregular -sin contrato y sin cobertura en la seguridad social- ha pasado de 1,3% en 2018 a 2,2% en 2024, mientras que el número de hogares cuya persona sustentadora principal está en inestabilidad laboral grave (3 o más contratos; en 3 o más empresas o 3 o más meses en desempleo en un año) ha pasado del 4,8% al 5,9%.
La encuesta demuestra además que el desempleo está insuficientemente protegido y compensado, ya que expulsa de la sociedad con gran fuerza a buena parte de quien no ha conseguido una estabilidad laboral. Más de 8 de cada 10 hogares cuya persona sustentadora principal se encuentra en desempleo están en situación de exclusión social; y más de la mitad, en exclusión social severa en 2024.
“Una asociación tan directa entre la situación de desempleo y la exclusión social nos sugiere también que las actuaciones propias de las políticas activas de empleo (orientación, formación, empleo protegido, subvenciones a la contratación…) deberían ser complementadas en muchos casos con medidas de apoyo y acompañamiento social para superar las problemáticas del ámbito personal o familiar, que pueden suponer un auténtico hándicap para la (re)incorporación al mercado de trabajo si no se abordan. El trabajo conjunto de servicios sociales y de empleo con este grupo sigue siendo una asignatura pendiente que debería abordarse con urgencia”, subrayó Raúl Flores.
La salud no es igual para todos
Las listas de espera, la exclusión de determinados servicios del catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud y la dificultad de acceso para la asistencia a la salud mental son, entre otras, algunas de las dificultades que afectan directamente a la población y que están generando una desigualdad creciente.
La encuesta revela, por ejemplo, el destacable crecimiento de los casos de enfermedades graves y/o crónicas que no han recibido atención en el último año. En más de 600.000 familias alguien no ha recibido la atención que precisaba en el momento adecuado. Es reseñable también la persistencia de un nivel alto de familias, un 12%, con dificultades para comprar medicamentos y seguir tratamientos o dietas por problemas económicos.
“Ambas cuestiones están muy presentes en la percepción social como problemas importantes y tienen una especial incidencia en los sectores más excluidos”, indicó el secretario técnico de la Fundación FOESSA.
Los perfiles de la exclusión social
Jóvenes. Por grupos de edad, los más jóvenes son los que más han empeorado su situación al aumentar la incidencia de la exclusión social. En concreto, la infancia ha visto cómo la exclusión social severa le afecta más del doble ahora que en 2007. En concreto, es muy preocupante que la exclusión social severa en la infancia haya pasado del 7,2% en 2007 al 15,4% ahora, mientras que entre la juventud de 18 a 29 años ha pasado del 6,4% en 2007 al 11% en 2024.
Mujeres. En el conjunto del periodo puede apreciarse, una tendencia al aumento de las desigualdades de género. Aunque en el último periodo 2021-2023 puede verse una mejoría más rápida en los hogares encabezados por mujeres, la situación está lejos todavía de la igualdad y han aumentado claramente las diferencias respecto de los periodos anteriores de bonanza, en 2007 y 2018. La exclusión social en los hogares sustentados por mujeres alcanza el 21% frente al 16% de los hogares encabezados por hombres, lo que representa un 34% más de afectación en las familias con mujeres al frente.
Familias con menores a cargo. La mayor exposición a la exclusión social también se encuentra fuertemente asociada a determinados tipos de hogar, especialmente las familias monoparentales (29%), a las familias con menores de 24 años (24%), y a aquellas familias con alguna persona con discapacidad (24%). Por el contrario, en los hogares en los que hay personas mayores de 65 años la incidencia de la exclusión social es muchísimo menor (hasta 4 veces menos de incidencia de la exclusión social severa).
Las personas solas superaron razonablemente el impacto de la crisis financiera, pero no han superado apenas los efectos de las últimas crisis y tienen ahora 3 veces más incidencia de la exclusión social severa.
Inmigrantes. La exclusión social afecta tres veces más a la población extranjera que a la de nacionalidad española. Las personas migrantes de nacionalidad africana son las más perjudicadas por estos procesos de marginación, ya que 3 de cada 4 sufren las consecuencias de la exclusión social de una manera más acentuada que el resto de la población de nacionalidad extranjera.
La encuesta confirma que, pese a que las personas migrantes sufren una marcada brecha social y económica, tres de cada cuatro personas en exclusión social siguen siendo de nacionalidad española, y esto se debe a que los procesos de exclusión social no son de naturaleza exógena, sino que tienen su origen en nuestro propio modelo de sociedad.
“Junto a esta realidad, el avance del Informe FOESSA muestra cómo nos dirigimos a una sociedad del riesgo en la que pueden tambalear las vidas de distintos estratos de la sociedad, y no solo aquellos que ya vivían en la incertidumbre. Que, además, como veremos nos expone en diferentes aspectos de nuestra vida: el desgaste para tener y mantener una vivienda, la ineficacia del empleo para dar estabilidad a las familias, y la brecha generacional que amenaza el futuro de jóvenes, niñas y niños de hoy, y por tanto que amenaza el futuro de nuestra sociedad. Una sociedad del riesgo que dificulta las vidas de los más vulnerables, pero cada vez más las vidas de más familias en general”, señaló Raúl Flores
En esta línea, la secretaria general emplazó a las administraciones públicas, al sector empresarial y a toda la sociedad a tomar nota del primer resultado de este macro-diagnóstico. “Como sociedad nos enfrentamos a diferentes retos que deben ser abordados no solo pensando en las mayorías, sino poniendo también el foco en aquellas personas, colectivos y territorios que tienen mayores dificultades y que, en muchos casos, enfrentan una acumulación de problemas simultáneos que se retroalimentan entre sí. Estamos ante la gran oportunidad de construir un futuro y una sociedad que no prescinda de una buena parte de sí misma y en la que el principio del bien común sea la clave para el rediseño y desarrollo de un nuevo modelo de convivencia”, añadió.
Propuestas
Es necesario lograr que todas las personas tengan unas condiciones de vida dignas independientemente de su relación con el empleo. Para ello, es preciso atender las carencias de tipo material, bien complementando aquellos salarios que son insuficientes, o garantizando unos ingresos mínimos pero suficientes para la vida en sociedad. Esto implica seguir desarrollando el sistema de garantía de ingresos mínimos. Un terreno en el que todavía hay un amplio margen de mejora, ya que el gasto del estado español en el capítulo diverso de rentas de inserción es de un 30% respecto a los invertido de media por los países de la Unión Europea. (Datos ESSPROSS EUROSTAT 2022).
La integración social es más que lo monetario, por lo que es necesario pensar en reforzar paralelamente el sistema de protección social para garantizar también el derecho a la inclusión social, así como explorar otros espacios y tareas (porque el trabajo no es solo empleo) que faciliten la integración y participación social, generando además bienestar común.
Es preciso ampliar y reforzar las políticas públicas de vivienda para toda la sociedad y en especial para las familias más vulnerables. Para ello, conviene observar que el parque de vivienda pública en alquiler alcanza el 8% en la media de la Unión Europea, cifra que triplica el parque de vivienda pública en España que es del 2,5%. Por otro lado, la inversión que se realiza en generar prestaciones económicas para apoyar el alquiler supone apenas el 18% de lo invertido en la media de la Unión Europea. Por todo ello, es primordial generar un parque de vivienda público extenso, así como luchar contra las manifestaciones de exclusión residencial, tanto de vivienda inadecuada como vivienda insegura. (Datos ESSPROS EUROSTAT 2022 y Datos sobre vivienda accesible de la OCDE).
Es urgente afrontar las situaciones de pobreza y exclusión social que afectan a la infancia y, para lograrlo, tanto la cobertura como el impacto de las prestaciones monetarias dirigidas a familias e infancia deben alinearse a los modelos y cuantías de otros países de nuestro entorno. El déficit en inversión en infancia y en políticas orientadas a la familia son retos de primera magnitud en la construcción de una solidaridad intergeneracional efectiva. Un déficit al que en las prestaciones económica por tener hijos España dedica tan solo un 36% de inversión en comparación con la media de la UE. (Datos ESSPROS EUROSTAT 2022).
Un mayor nivel de estudios es un factor protector de la exclusión social. Por este motivo es preciso favorecer el acceso a la educación no obligatoria, en concreto a la formación profesional y universitaria, teniendo en cuenta que no todas las personas pueden afrontar las tasas de matriculación ni el mantenimiento durante los años de estudios. Desde el inicio, el sistema educativo debería ser un compensador real de las diferencias de partida para que podamos ciertamente hablar de igualdad de oportunidades.
Es necesario seguir invirtiendo en el Sistema Nacional de Salud para asegurar una atención universal, de calidad, y en plazos de tiempo adecuados a las necesidades de todas las personas. Resulta especialmente urgente la atención de la salud mental, para lo cual es necesario contar con profesionales suficientes para que la atención psicológica sea efectivamente parte del derecho a la salud.
Es urgente la puesta en marcha de políticas sólidas de equidad y solidaridad con estas poblaciones que se encuentran segregadas y marginadas, ocupando los niveles sociales más desfavorecidos y con graves dificultades para su plena aceptación e inclusión social, como son las personas de origen migrante.
Cáritas Madrid Curso «Desafíos de la Movilidad Humana desde la Lectura Creyente» 2 y 4 de diciembre de 2024
Cáritas diocesana de Madrid convoca el curso «DESAFÍOS DE LA MOVILIDAD HUMANA DESDE LA LECTURA CREYENTE». Será el 2 y 4 de diciembre, de 10:00 a 13:00/14:00. En el Centro de Estudios Sociales de Cáritas. Es gratuito pero hay que inscribirse en este enlace.
Lunes 2 de diciembre de 10.00 a 13.La Movilidad Humana desde el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia. Conocer la mirada a la movilidad humana desde el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia. Reflexionar sobre los prejuicios, las causas y circunstancias que concurren en este fenómeno. Sensibilizarnos para convertirnos en «agentes de sensibilización y comunicación».
Nuestra herencia migrante.
Jesús ¿un migrante?
¿Y qué dice la Doctrina Social de la Iglesia?
El arte de acoger.
Miércoles 4 de diciembre 10.00 a 14.00.El acompañamiento a personas migrantes y la respuesta desde nuestra diócesis. Conocer los elementos básicos en el acompañamiento social a las personas migrantes, incidiendo en las situaciones de irregularidad. Dotarnos de criterios y orientaciones para situarnos ante esta realidad desde nuestra identidad eclesial e institucional. Fomentar la escucha como una herramienta fundamental en el acompañamiento. Visibilizar la respuesta ofrecida desde nuestra Diócesis.
Desafíos de la movilidad humana hoy.
Cómo nos situamos ante la realidad de la movilidad humana.
Claves para el acompañamiento social a personas migrantes (incidiendo en el aspecto de la irregularidad).
La realidad de las personas migrantes en nuestros territorios (perfil, necesidades).
Importancia de la mirada y de la escucha.
Acogida y acompañamiento a personas migrantes por parte de la Iglesia de Madrid.
Exposición «HUIR CON LO PUESTO» 25.10.24 a 2.2.254
Organizan ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados) y Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico (dependiente del Ministerio de Culktura).
Comisariada por Victoria Calandra, Ana García, Cecilia López y Marta Sureda. Colaboran: La Videofactoria de la Universidad Complutense / Moda Re- / Formació i Treball
Acceso gratuito en Museo del Traje. CIPE (Av. Juan de Herrera, 2. 28040 Madrid). Tlf. 91 550 47 00
Visita martes a sábado de 9:30 a 19:00, y domingos de 10:00 a-15:00.
La muestra busca visibilizar y concienciar sobre la problemática que viven las personas refugiadas en la actualidad a través de un enfoque significativo, personal y simbólico: la indumentaria. Está basada en los testimonios de nueve personas refugiadas que actualmente residen en España y que tuvieron que “salir con lo puesto” de sus países de origen para salvar sus vidas. A las piezas de indumentaria aportadas se unen otros elementos como relatos personales, audiovisuales, infografías, gráficos y fotografías para crear un diálogo con el público.
[El texto que sigue es de Toni Portillo, tomado de El País de 26.10.25] [Foto de Francisco Javier Maza, cortesía del Museo del Traje] [Véase también esta entrada de la web de ACNUR]
Micheline Amboma tuvo que huir de la República Democrática del Congo hace 15 años después de que un grupo de milicianos asesinase a su esposo y la mantuviera secuestrada durante dos semanas. En aquel momento estaba embarazada. “Salí con lo puesto”, recuerda. Emprendió así una larga odisea de dos años, a lo largo de la cual nació su hija, hasta que por fin pudo instalarse en España. Durante su viaje usaba sábanas como ropa mientras lavaba la única prenda que llevaba. No pudo conservar ningún objeto o documento de su vida anterior: lo perdió todo en el mar. “Fue muy difícil —cuenta—. No tenía documentos y tuve que pagar para cruzar fronteras en países donde ni siquiera entendía el idioma. La gente se aprovechaba de mí por no tener papeles ni poder comunicarme. No me sentía humana”, rememora. A pesar de las dificultades, Micheline consiguió llegar a España, donde sigue viviendo con su hija, que ahora tiene 17 años.
Aquellas sábanas que Micheline usó en su viaje se exhiben ahora en el Museo del Traje de Madrid, como parte de la exposición Huir con lo puesto, que reconstruye historias de personas migrantes a través de indumentarias y objetos que llevaban cuando tuvieron que huir de sus países. Estas prendas cuentan mucho sobre el momento traumático que vivieron”, explica Ana García, comisaria de la muestra. Hay, por ejemplo, artículos utilizados en momentos críticos, como impermeables y chalecos salvavidas.
La exposición se enfoca en testimonios personales que recuerdan que todo el mundo, en cualquier parte, puede verse forzado a huir de su hogar en algún momento. Según datos de Acnur, al menos 117,3 millones de personas en el mundo han sido forzadas a abandonar su hogar. De esa cifra, cerca de 43,4 millones son refugiadas.
Sophie Muller, representante de Acnur en España, subraya que este tipo de exposiciones pretenden humanizar a las personas que hay detrás de las cifras sobre migraciones. “Estamos en un momento muy complejo, con un aumento significativo en las llegadas de migrantes”, advierte, una situación que requiere atención urgente y un enfoque centrado en los derechos humanos.
La indumentaria, en este contexto, se convierte en un reflejo de la identidad y del recorrido vital de quienes huyen. Para muchas personas, esos objetos son lo único que las conecta con su país de origen y con la vida que dejaron atrás. “La ropa que llevamos constantemente refleja las distintas etapas de nuestras vidas, y en el caso de estas personas, es un testimonio de las dificultades que enfrentaron en su desplazamiento”, concluye la comisaria.
