Artículo de opinión de Soledad Gallego Díaz en esta entrada.
Vídeo del debate de hoy -12.3.24- en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso en este enlace. Pueden descargarse en video de forma separada las distintas intervenciones desde este enlace. [Fuente: Congreso de los Diputados 12.3.24].
Comunicado de entidades de Iglesia ante la llegada de la ILP al Parlamento en esta entrada.
Enterrada por el ruido de la amnistía y la corrupción, esta semana será discutida en el Congreso una propuesta que habrá cambiado nuestra sociedad para siempre. Se trata de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que solicita al Gobierno la regularización de cerca de medio millón de seres humanos que viven en nuestro país atrapados en una ciudadanía de tercera clase. La friolera de 611.821 españoles y españolas exigimos de la forma más solemne a nuestros representantes que corrijan esta anomalía democrática y social. Y lo hemos hecho espoleados por una coalición de más de 900 colectivos que abarca desde la Conferencia Episcopal al Soviet de Getafe, y que está liderada por los propios migrantes a través del movimiento Regularización Ya. Incluso antes de ser votada, esta iniciativa ya ha hecho historia.
El trámite parlamentario será rápido, con votación en pleno antes del verano. Todo está abierto, a expensas de la posición que tomen PSOE y PP, que en el pasado aprobaron 4 y 5 regularizaciones, respectivamente.
La movilización ciudadana por la ILP está fundamentada en razones sólidas. La primera de ellas se deriva de las magnitudes en juego. De acuerdo con las estimaciones más fiables y recientes, alrededor de 425.000 personas (el 12% del total de la población migrante en 2021) residen hoy en nuestro país en situación de irregularidad administrativa. La inmensa mayoría de esta población procede de América Latina, más de la mitad son mujeres y alrededor de 112.000 tienen menos de 16 años (según datos actualizados para la ONG Save the Children).
La condición de migrante irregular constituye uno de los determinantes más devastadores de vulnerabilidad social y legal. La irregularidad impide el adecuado acceso a la justicia para las víctimas, limita el derecho a la salud y la educación, multiplica las posibilidades de vivir en la pobreza y deja al trabajador desprotegido frente a la explotación. Una de cada tres personas extranjeras está en riesgo de exclusión social severa, una proporción tres veces más alta que la de los nacionales. La tasa de riesgo de pobreza en los hogares de migrantes con menores a cargo es del 60%; para los hogares españoles, esta tasa es del 20%.
Pero, si existen buenas razones éticas para la regularización, los argumentos prácticos no son menos contundentes. Los trabajadores y trabajadoras sin papeles cumplen un papel activo e irremplazable en la estructura económica de España. Su contribución se distribuye a lo largo de toda la escala de cualificación, pero resulta particularmente relevante en sectores como el de los cuidados, la agricultura o la industria manufacturera. La fuerza laboral de los migrantes irregulares fue determinante en los primeros meses de la respuesta a la pandemia, apuntalando la producción y distribución de alimentos o garantizando el cuidado de niños y mayores.
Si les dejasen, su contribución podría ser aún mayor. Un estudio de la Fundación porCausa demostraba al principio de estas movilizaciones que la regularización supondría un pingüe beneficio para las arcas públicas. En concreto, estimábamos en unos 3.400 euros por trabajador y año el aporte de la regularización para el Estado. Un beneficio acumulado neto de entre 790 y 950 millones de euros por año, suficiente, por ejemplo, para que estas familias aportasen al presupuesto del Ingreso Mínimo Vital 2,2 euros por cada euro recibido.
Ni el Gobierno ni los partidos que lo sostienen en el Parlamento ignoran estas cifras. Sin embargo, en vez de responder a ellas con una propuesta de normalización transparente y ambiciosa, sus representantes han optado por una vergonzante regularización encubierta que busca los mismos efectos sin declararlos públicamente. Las reformas del reglamento de extranjería –primero con la incorporación laboral de los jóvenes extutelados y después con la flexibilización y ampliación de las formas de arraigo– tienen el propósito mal disimulado de ordenar el mercado de trabajo e incrementar la base de una pirámide laboral y demográfica que se estrecha en España de forma peligrosa.
La sociedad española ha reclamado una regularización extraordinaria porque la gravedad de la situación es extraordinaria. Y lo ha hecho por encima de sus afinidades personales
Todo esto estaría muy bien si no fuese porque no está funcionando. Las cifras más recientes de autorizaciones de residencia sugieren un incremento llamativo de las regularizaciones excepcionales —por arraigo o por razones humanitarias—, pero en niveles muy por debajo de lo necesario: 92.000 regularizaciones por arraigo entre mediados de 2022 y mediados de 2023. El arraigo por formación, que prometía una vía generosa y acelerada de regularización, se ha convertido en un nuevo infierno burocrático que genera más úlceras que estudiantes. Por si fuera poco, estas medidas siguen ignorando a un grupo tan abultado y vulnerable como el de los niños, a los que ahora el Gobierno promete un apaño a través del proyecto de Ley de Familias. Y ni siquiera sabemos cuántos migrantes se han incorporado a la irregularidad en este mismo período, porque aún no tenemos cifras detalladas del padrón para 2022.
Demasiado poco, demasiado lento, demasiado cobarde. La sociedad española ha reclamado una regularización extraordinaria porque la gravedad de la situación es extraordinaria. Y lo ha hecho por encima de sus afinidades personales, como demuestran los datos de una encuesta realizada por la organización More in Common en febrero de este año. De acuerdo con sus resultados (ver gráfico arriba), la regularización no solo recibe el apoyo abrumador de los votantes de izquierda y centroizquierda, sino también de la mayoría de los votantes del Partido Popular. En todos los rangos de edad. Incluso uno de cada cinco simpatizantes de Vox apoya esta medida.
La regularización no es caridad, sino el imprescindible borrón y cuenta nueva para afrontar una reforma justa e inteligente de un modelo migratorio roto. Estudio tras estudio, expertos y empleadores recuerdan a las sociedades europeas el abismo demográfico al que nos asomamos. Uno de los más recientes, elaborado por Allianz Research, recuerda que España perderá hasta un 30% de su fuerza laboral en 2050 en ausencia de migraciones. Y estima en 338.000 el número de llegadas netas anuales necesario para sostener nuestro sistema de pensiones, casi el doble de los sugeridos por el informe España 2050 hace solo tres años. Mientras la UE pierde trabajadores y gana jubilados, las regiones de nuestro entorno se preparan para beneficiarse de una carrera por el talento global que nosotros ya estamos perdiendo. Para cuando hayamos decidido establecer vías legales y seguras de movilidad, tal vez sea demasiado tarde.
Podemos seguir cavando más hondo en el mismo agujero, convirtiendo nuestras fronteras en espacios aún más caóticos y salvajes, pulverizando el derecho de protección y bailando al ritmo político de los nacionalpopulistas. Pero también podemos intentar la alternativa de un modelo más flexible, ordenado y adaptado a los intereses de todos. Esta regularización es el primer paso en la dirección correcta.
Iniciativa Legislativa Popular para una REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA DE MIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR
Este es un documento formativo para una decisión responsable sobre la petición de firmas para que se presente una Iniciativa Legislativa Popular para una Regularización Extraordinaria de Migrantes en Situación Irregular.
– Entrada publicada el 5.11.22; actualizada el 11.5.22 –
Nota de la Mesa sobre más materiales acerca de la ILP en nuestra web
Vídeo del debate de 12.3.24 en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso en este enlace. Pueden descargarse en video de forma separada las distintas intervenciones desde este enlace. [Fuente: Congreso de los Diputados 12.3.24].
Comunicado de entidades de Iglesia ante la llegada de la ILP al Parlamento en esta entrada.
ACTUALIZACIÓN DEL 11.5.22
Hoy se ha presentado la Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sólo es un paso más del trámite Su objetivo es que el pleno del Congreso tome en consideración y vote sobre la medida antes de que finalice la legislatura, aunque los tiempos dependen de que esta comisión valore y eleve su informe preceptivo al pleno, y nadie se atreve a hablar de plazos.
En cualquier caso, la sesión ha dejado entrever apoyos parlamentarios insuficientes. Los portavoces de Vox, PP y PSOE han expresado ante los ponentes sus discrepancias y dudas sobre la iniciativa con argumentos diferentes, incluso algunos que ni siquiera tienen que ver con el asunto en cuestión.
Aquí el vídeo de la intervención. La exposición de motivos está desde el 20:54 hasta el 52:18 (Lamine Sarr y Edith Espínola, por parte de Regularización Ya, y Gonzalo Fanjul, de Por Causa), es más que interesante. El resto es la intervención de los grupos políticos:
No es nuevo, tristemente, el problema que sufren los y las migrantes que se encuentran en una situación administrativa irregular. Y a lo largo del tiempo han sido y son constantes los esfuerzos personales y colectivos -tanto del mundo eclesial como de la ciudadanía- por paliar los daños que tal situación produce y, a la vez, instar a las Administraciones (locales, autonómica, nacionales, europeas) para que la legislación evitara que esa irregularidad se convirtiera en un dolor más añadido a los ya existentes en toda persona que migra.
El asunto está actualmente de especial actualidad desde que el partido Por Un Mundo Más Justo promovió en diciembre pasado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) aque solicite una regularización extraordinaria. Esta ILP la gestiona una Comisión Promotora a la que se han sumado diversos colectivos y ONG a través de esta web.
Puede verse información sobre este mecanismo político en, por ejemplo, este enlace (la ley orgánica a que se refiere está aquí). Muy en resumen, se trata de «obligar» a que el Parlamento estudie una proposición de ley que hace el pueblo a través de, al menos, 500.000 firmas.
Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de todo esto?
QUÉ SIGNIFICA «PERSONAS MIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR»
Migrar no es una concesión benevolente que hagan los Estados, o una acción que sólo pueda realizarse si se dan determinadas condiciones en el país de origen. Migrar es un derecho. O, si se quiere ser híper exactos, la legislación internacional reconoce que “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”, y que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”, y esto independientemente de sus causas o motivaciones. Así aparece en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Los Estados no pueden anular ese derecho. Lo que sí pueden es regularlo: dictar qué requisitos debe cumplir quien quiera entrar, en nuestro caso, en España, sea para pasar unas vacaciones, para hacer un trabajo, para estudiar, para quedarse aquí, o lo que sea. Pero, repetimos, tales requisitos administrativos tienen que favorecer el derecho de quienes vienen a España, no pueden ser tan rígidos o tan imposibles de cumplir que, en la práctica, la inmigración sea imposible o tan costosa que conculque el resto de derechos de todo ser humano (ampliaremos esto al hablar de nuestro ser y hacer cristiano).
Un o una migrante en situación administrativa (nótese: situación administrativa) irregular es alguien que no cumple alguno/s de los requisitos que marca España. Le falta tal papel, está pendiente de que le den cita para cumplir determinado requisito, ha incumplido una norma administrativa de la legislación europea, estaba en situación legal y con todo cumplido, pero sin culpa suya ha pasado algo (por ejemplo, perder el trabajo) que le devuelve a la situación irregular (la llamada «irregularidad sobrevenida»)… Y así una larga lista de situaciones. De ellas, las que se refieren a la comisión de algún delito (lo que ya es un tema legal, no meramente administrativo) son absolutamente mínimas: no hay mayor delincuencia en los inmigrantes que en los españoles autóctonos, al contrario.
Es importante resaltar que el estar en una situación administrativa irregular no convierte a nadie en delincuente. No se es delincuente por tener caducado el DNI, por no haber presentado en fecha la Declaración de la Renta, por haber recibido una multa de aparcamiento… Administrativamente, se trata de situaciones irregulares, no de delitos penales. Una persona migrante que no ha solicitado aún refugio porque no le han dado la cita, o que tiene caducado su visado, o que no tiene donde empadronarse, o que ha recibido una orden de que sea devuelto a su país de origen y se le ha ingresado en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), o cualquier otro tema administrativo, no es un delincuente.
No es éste el lugar donde desarrollar el largo y complicado camino administrativo que deben seguir los/as migrantes -en su variada tipología- para regular su estancia en España. Aun siendo complejo, puede consultarse la pedagógica explicación que va haciendo de todo el Prontuario de Acogida de Inmigrantes que va actualizando Cáritas Madrid y la Mesa por la Hospitalidad de nuestra Iglesia en Madrid.
El problema, como veremos ahora, es cuando los requisitos para regularizar la propia estancia en España, son tan complejos de conseguir -por culpa del funcionamiento de las administraciones y de la misma legislación, no por culpa de las personas migrantes- que el número de quienes se encuentran en situación administrativa irregular crece y crece, y se hace casi imposible en la práctica conseguir la deseada regularización.
Dicho sin mayores tecnicismos, es un procedo dirigido por el Gobierno español. El Gobierno, atendiendo a las circunstancias extraordinarias que se dan en las personas inmigrantes en ese momento, deja a un lado el camino habitual de regularización, y la concede -de forma extraordinaria- a los inmigrantes que están en España: a todos o a gran parte, a los que cumplan unas u otras condiciones, etc. Para entendernos, de forma extraordinaria se conceden «papeles» a las personas «sin papeles».
En España, con la actual Constitución, ha habido varias regularizaciones extraordinarias, cada una con distinto alcance y condiciones. Las han realizado gobiernos apoyados tanto por el PP como por el PSOE. Y en la Unión Europea se han realizado más de 40 en 17 de sus Estados miembros, las más recientes -en Portugal y en Italia- en plena pandemia. Sin olvidar que las regularizaciones extraordinarias encajan perfectamente en acuerdos internacionales firmados por España: la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (véase el objetivo 10), el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular auspiciado por la ONU y por el que tanto trabajo Francisco, o el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, firmado en 2008.
¿ES NECESARIA AHORA UNA REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA?
A fecha de hoy, en España, prácticamente todas las entidades que acompañan a migrantes de una u otra forma defendemos que sólo la regularización extraordinaria puede solucionar la muy grave situación de los y las migrantes que sufren la irregularidad. Y esto se afirma desde el contacto diario con las personas migrantes y desde el intento, desde hace ya demasiados años, de seguir los cauces existentes para esa regularización sin que ésta termine de darse.
Puede debatirse teóricamente lo adecuado o no del proceso de regularización que marca actualmente la Ley de Extranjería vigente [Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Su actual reglamento de desarrollo fue aprobado por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre]. Pero el problema está en la práctica. Las condiciones que se ponen para obtener la residencia cada quien decidirá si están bien o mal. Pero, de hecho, son tan restrictivas que abocan a los migrantes a, literalmente, tener que sobrevivir mucho tiempo (en el mejor de los casos, meses; habitualmente, años) gracias a lo que les puedan dar graciosamente personas o entidades o a lo que puedan conseguir trabajando ilegalmente, sin seguros, sin sanidad completa, expuestos a cualquier injusticia laboral… Por si esto fuera poco, las administraciones siguen un proceso burocrático lentísimo, y desde hace unos años -ya desde antes de la pandemia- prácticamente imposible de seguir (la conocida imposibilidad de «conseguir cita»). Para remate, con frecuencia se deniega la solicitud de asilo internacional o su renovación por motivos más que discrecionales y carentes de sentido.
Actualmente, la regularización extraordinaria es el único camino para deshacer el gigantesco atasco en que están atrapados cerca de 400.000 migrantes en España, incluyendo, aproximadamente, a un tercio de menores.
Y nótese que ese atasco burocrático va mucho más allá de tener o no «papeles». Porque ese no tenerlos, afecta directamente a sus derechos humanos, y provoca situaciones de injusticia y sufrimiento. Hablamos de la vida cotidiana de tal o cual migrante, de tal familia, de tal varón o mujer que tiene a miles de kilómetros a los suyos. Hablamos de tener algo de dinero para comprar alimento o comida, de intentar conseguir una habitación, de querer trabajar y tenerlo prohibido, de no poder acceder a una sanidad que sea digna de tal nombre, de pedirles requisitos (estar empadronados, tener unos ingresos, no trabajar «en negro»…), de encontrar problemas para escolarizar a los hijos, de acudir una y otra vez a los servicios sociales de las administraciones y no conseguir nada, a la vez que no se les permite cumplirlos… Hablamos de un problema en la vida, en lo cotidiano, en los derechos humanos básicos de todo varón o mujer independientemente de su origen o su raza. Hablamos de que el o la «irregular» quiere dejar de serlo, pero termina siendo «más irregular» por la dificultad casi insalvable de cumplir lo que se pide para ser «regular».
Es desde ahí donde no se ve otro camino de solución que una regularización extraordinaria. Regularización que, por supuesto, ha de encuadrarse bien en nuestro marco jurídico, como se ha hecho en las ocasiones anteriores. Y, a la vez, regularización que atienda a la realidad actual de nuestra sociedad y de las personas migrantes que, con todo derecho, migran a España.
El Evangelio del Señor Jesús -por el que dio la vida y por el que Señor de la nueva vida encabeza la marcha de la Iglesia al servicio del Reino- es una afirmación constante de que no hay nada que se pueda poner por encima de la dignidad y los derechos del ser humano concreto. Absolutamente nada: ninguna ley, ninguna tradición, ningún interés económico, ningún miedo a hipotéticos futuros… nada. Y es que cada ser humano -independientemente de su edad, sexo, nacionalidad, raza, capacidades, ideologías, lo que sea- tiene una dignidad inalienable que le viene precisamente de «ser un ser humano» que, además, es «hijo/a del Buen Abba Padre Dios». Lo que significa que no existe ninguna justificación para vulnerar sus derechos, y, así, tenemos la obligación de intervenir cuando se produce esa vulneración: sea quien sea el causante, sea cual sea el derecho que se vulnere, se aporten las razones que se aporten para provocar ese daño. Como bien recuerda la CONFER en un comunicado sobre este tema [Comunicado sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una regularización extraordinaria de personas extranjeras, 15.2.22], el Papa Francisco era muy claro en su mensaje por la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2019: “En cada actividad política, en cada programa, en cada acción pastoral, debemos poner siempre en el centro a la persona, en sus múltiples dimensiones, incluida la espiritual. Y esto se aplica a todas las personas, a quienes debemos reconocer la igualdad fundamental. Por lo tanto, «el desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico, debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre» (Populorum progressio, 14)”.
Toda ley debe encaminarse a ser garante de esa dignidad y derechos. Pero cuando no ocurre así, al menos en su aplicación práctica, la Iglesia y cada uno de los discípulos del Señor no podemos ni callar ni no actuar.
Es sugerente discernir como cristianos esta situación desde el antiguo precepto -compartido por todas las creencias- de «tratad a los demás como queréis que ellos os traten» (Mt 7, 12). Recuérdese lo dicho arriba, y medítese personal o comunitariamente si podemos admitir que se la haga a un migrante -¡sólo por ser migrante!- lo que no admitiríamos que se nos hiciera a los que tenemos la nacionalidad española. Súmese a ese discernir la constante apelación al cuidado del extranjero tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento (de los muchos materiales posibles, véase, por ejemplo, el vídeo de esta página web de nuestra Vicaría). Y, si faltara algo, véase qué hace Jesús cuando acecha la muerte, la injusticia y la noche: extremar el amor de palabra y de obra, asombrosa obra (ver Jn 13, 1-15).
La mayoría de los argumentos “políticos” a favor de la regularización son de carácter utilitarista: escasez de mano de obra, posible reducción de los flujos migratorios, imposibilidad de expulsar o repatriar a los migrantes en situación irregular. Desde la perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia, el llamamiento en apoyo de la regularización se basa en la convicción de que «El primer compromiso de cada uno hacia el otro y, sobre todo de estas mismas instituciones [políticas y sociales], se debe situar en la promoción del desarrollo integral de la persona» (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 131). Este principio no sólo se aplica a los ciudadanos de una determinada comunidad política, sino también a todas las personas que viven en su territorio. Se deben eliminar todos aquellos comportamientos o condiciones que comprometan la realización del desarrollo humano integral de toda persona. La condición de irregularidad constituye una de estas condiciones, a la que se puede poner fácil remedio mediante un acto administrativo.
¿Y esto no tendrá consecuencias negativas para el país? Nuevamente, el Dicasterio es muy claro sobre esto: «Quienes se oponen a la regularización argumentan que este tipo de medidas puede acarrear diferentes consecuencias negativas. Sin embargo, la mayoría de estas consecuencias dependen de la forma en que se lleva a cabo la regularización, mientras que el resto constituiría, en cualquier caso, el “menor de los males” si se compara con la situación actual«.
El Dicasterio añade algo que no se puede olvidar: «La regularización no debe entenderse ni comunicarse como “la solución”, sino como una medida extraordinaria a adoptar para restaurar prontamente la dignidad personal de muchos seres humanos, creando al mismo tiempo un entorno favorable para el desarrollo de políticas de inmigración e integración coherentes con el modelo de gobernanza compartida, preconizado por el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.».
Nuestra Conferencia Episcopal, a través del director de su Departamento de Migraciones, Xabier Gómez, tampoco deja dudas sobre su posición en esta reflexión pública del 25.1.22:
La situación administrativa irregular o la irregularidad sobrevenida en la que se encuentran tantas familias no contribuye ni a su inclusión ni a su desarrollo integral. El Papa Francisco aboga por “establecer en nuestra sociedad el concepto de plena ciudadanía” (Fratelli Tutti, 131). Regularizar a las personas migradas contribuye precisamente a eso; es una continua y prioritaria demanda de nuestra Iglesia de cara a poder acoger, proteger, promover e integrar dignamente. Como recordaban nuestros obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad Humana en su Mensaje con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2021: “Tenemos la tarea de ayudar a recrear el modelo de ciudadanía que propicie una cultura de la integración que, además, aprenda a globalizar la responsabilidad de vivir juntos en esta casa común. La salida es incorporar aquello a lo que Fratelli Tutti invita: “una mejor política, política puesta al servicio del verdadero bien común” (FT 154)».
El1.6.20, Cáritas Española presentó en el Congreso de los Diputados sus Propuestas para la (re)construcción. En ese profundo documento que atiende a la realidad española del momento y al futuro a reconstruir pero, sobre todo, construir, se habla de la regularización extraordinaria. Cáritas señala que, tras la crisis anterior, la recuperación del mercado de trabajo se nutrió de incorporar a cada vez más trabajadores “atrapados” en condiciones de inseguridad. Se corre el riesgo de que una vez que la crisis actual se contenga, la “recuperación” se construya sobre el mismo modelo de crear empleos a cambio de avanzar en más precariedad. Añade que, a la vez, los servicios sociales tienen recursos menguantes, con deficiencias críticas infradesarrollados ante los nuevos riesgos sociales. Y, en fin, confirma que, una vez más, han sido las personas vulnerables las que más han sufrido el impacto de esta crisis, por lo que la reconstrucción debe darles la máxima prioridad a corto plazo. En sus propuestas concretas sobre diversos temas sociales, sobre las personas migrantes dice (resumimos): “Permitir el empadronamiento de personas extranjeras sin documentación en vigor para que el Padrón municipal refleje la realidad estadística de población de un municipio; flexibilizar las condiciones y criterios de renovación, modificación y prórroga de las autorizaciones de residencia y/o trabajo de la vigente legislación de extranjería para impedir la irregularidad sobrevenida; evitar la reapertura de los CIE; habilitar más espacios de acogida humanitaria y erradicar las condiciones inhumanas del CETI de Melilla; implementar los estándares de derechos humanos y de detección de solicitantes de protección internacional y perfiles vulnerables tanto en los procedimientos de control de fronteras exteriores como de devolución y expulsión de personas extranjeras; y abordar una regularización extraordinaria para incorporar a los migrantes en situación irregular a la sociedad española” (el subrayado es nuestro).
Desde lo dicho del mensaje del Señor Jesús y desde el sentir y la doctrina social de la Iglesia, en nuestra Iglesia diocesana de Madrid compartimos nuestro apoyo a una regularización extraordinaria en España de personas migrantes la Vicaría episcopal para el Desarrollo humano integral y la Innovación, Cáritas Madrid, y la Delegación episcopal para la Pastoral de la movilidad humana.
El apoyo a que se dé una regularización extraordinaria está, pues, avalado por la Doctrina Social de la Iglesia en estos momentos de la sociedad española. Que tal regularización sea a través de la ILP propuesta responde, en casa caso, al discernimiento personal o comunitario.
Pero no se olvide que esa regularización es un elemento más de un proceso de Acoger – Proteger – Promover – Integrar que es más amplio. Como bien recuerda el documento citado del Dicasterio, hacen falta programas orientados a la inclusión laboral y social de los beneficiarios. Programas que deben prestar una adecuada atención a la integridad familiar de los migrantes, así como a la formación y a la activación de las comunidades locales con vistas a un proceso efectivo de integración bidireccional. Junto a la regularización hacen falta iniciativas que prevengan que vuelva a haber en el futuro el problema de la irregularidad. Y, por supuesto, hay que favorecer caminos para la migración regular, desincentivando el uso de canales irregulares.
A. UN DAÑO PERSONAL Y SOCIAL INADMISIBLE. Es muy grave el problema que sufren los y las migrantes que se encuentran en una situación administrativa irregular. Supone un daño real para esas personas y familias en muchos aspectos de la vida cotidiana. Un daño que se alarga sin que desde las administraciones se ofrezcan caminos viables de solución.
B. LA DENUNCIA Y EL APOYO DE ENTIDADES CIVILES Y CRISTIANAS para paliar esta situación han sido y son constantes. Recientemente, un partido político está promoviendo una Iniciativa Legislativa Popular que solicite una regularización administrativa extraordinaria.
C. MIGRAR ES UN DERECHO, y toda legislación de extranjería tiene que favorecerlo, no impedirlo o hacerlo irrealizable en la práctica.
D. UN/A MIGRANTE EN SITUACIÓN ADMINISTRATIVA IRREGULAR NO ES UN DELINCUENTE. No tener “papeles” no es un delito, Máxime cuando, como es el caso en España, la mayoría de las veces no se tienen porque los requisitos que impone el Estado son innecesariamente difíciles de cumplir, totalmente inadaptados a la realidad actual de la sociedad española y de la inmigración, y bloqueados por una burocracia administrativa que hace casi imposible en la práctica conseguir la regularización.
E. UNA REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA ES UNA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO Y EL PARLAMENTO. Es acorde con la Constitución y con diversos acuerdos mundiales y europeos. Busca dar solución a las personas “sin papeles” ante una circunstancia muy específica que vulnera sus derechos y no puede resolverse por el procedimiento habitual y legislado. En España ha habido varias regularizaciones extraordinarias a lo largo de nuestra historia democrática.
F. LA NECESIDAD DE QUE SE AFRONTE YA UNA REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA ES APOYADA POR LAS ENTIDADES CIVILES Y CREYENTES QUE ACOMPAÑAN A MIGRANTES. No hay otra salida pero el inmenso atasco que están viviendo cerca de 400.000 hombres, mujeres, y menores. Están atrapados en el callejón sin salida que provoca nuestra incapacidad como Estado de posibilitar lo que el Estado mismo ha legislado. Y ese callejón no es teórico: afecta a la vida del día a día, a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, a la posibilidad de trabajo y, en suma, a los derechos más básicos de todo ser humano independientemente de su situación administrativa o su origen nacional.
G. EL EVANGELIO DE JESUCRISTO ES TAJANTE EN DEFENDER LA DIGNIDAD Y LOS DERECHOS DE CADA PERSONA POR ENCIMA DE TODO. Ninguna norma, tradición, ideología, o justificación puede validar que eso se quiebre. Jesús dio la vida, literalmente, por defender la dignidad inalienable de cada ser humano por serlo y por ser hijo o hija del Buen Padre Dios, especialmente de quienes son más vulnerables y sufren más. Como recuerda Francisco, no hay nada por encima de “promover a todos los hombres y a todo el hombre”.
H. CUANDO ESO NO OCURRE, ES IMPERATIVA LA ACTUACIÓN DEL CRISTIANO Y LA COMUNIDAD ECLESIAL. Se trata de hacer vida hoy y aquí «tratad a los demás como queréis que ellos os traten» (Mt 7, 12), la constante apelación al cuidado del extranjero en la Palabra de Dios, y el ser y el hacer de Jesús cuando acecha la muerte, la injusticia y la noche: extremar el amor de palabra y de obra.
I. MUY IMPORTANTES ENTIDADES DE LA IGLESIA UNIVERSAL Y LA IGLESIA ESPAÑOLA SE HAN MANIFESTADO A FAVOR DE ESA REGULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA, Y RAZONAN POR QUÉ Y QUÉ DEBE ACOMPAÑARLA. Así, la Sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio vaticano para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Lo mismo el Departamento de Migraciones de nuestra Conferencia Episcopal Española, Cáritas Española, la CONFER, y otras entidades y asociaciones cristianas.
J. EN NUESTRA IGLESIA DIOCESANA DE MADRID, EL APOYO INSTITUCIONAL A ESTA REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA VIENE DE LAS PRINCIPALES ENTIDADES IMPLICADAS: Vicaría episcopal para el Desarrollo humano integral y la Innovación, Cáritas Madrid, y la Delegación episcopal para la Pastoral de la movilidad humana. También las demás entidades de esta Mesa por la Hospitalidad: Comunidad de Sant’Egidio Madrid, Justicia y Paz Madrid, Pueblos Unidos, SERCADE.
K. EL APOYO A QUE SE DÉ UNA REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA ESTÁ, PUES, AVALADO POR EL EVANGELIO Y LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA. Que tal regularización sea a través de la ILP propuesta responde, en casa caso, al discernimiento personal o comunitario.
CÍRCULO DE SILENCIO en solidaridad con los inmigrantes – 1.3.24 en Callao (Madrid) de 20.30 a 21.30 –
Porque los delegados de migraciones de la Iglesia española acordaron que lo celebraran, en una u otra forma, todas las diócesis (más explicación y materialesen esta entrada).
Porque se está atentando contra la dignidad de las personas migrantes. Porque sigue habiendo muertes injustas, fronteras fortaleza. Porque los medios de comunicación y nuestros políticos manipulan el significado de nuestro vocabulario y de muchas conciencias. ¡Seguiremos denunciando toda ley y acto contra las personas migrantes!
¿Qué son los Círculos de Silencio?
Una acción NO VIOLENTA en solidaridad con las personas inmigrantes y de reivindicación de los derechos de todas las personas. Defendemos la noviolencia como el camino a seguir y a descubrir, que ponga siempre la conciencia por encima de la ley.
LAS PERSONAS INTERNAS EN EL CIE (Centro de internamiento de Extranjeros) DE MADRID DENUNCIAN AGRESIONES POLICIALES
En este momento, las únicas entidades a las que se les permite visitar el CIE son Pueblos Unidos -miembro de nuestra Mesa diocesana por la Hospitalidad- y el Observatorio Samba Martine. Desde el miércoles 14 de febrero, identificaron a internos con lesiones que denunciaban haber sido agredidos por la policía tras un registro por unos móviles. El viernes 15, pusieron una queja al juez desde lo que les habían trasladado los internos. Ambas entidades forman parte del Colectivo CIEs NO, que emitió ayer, día 16, la siguiente nota de prensa.
En este momento, las únicas entidades a las que se les permite visitar el CIE son Pueblos Unidos y el Observatorio Samba Martine. Desde el miércoles 14 de febrero, identificaron a internos con lesiones que denunciaban haber sido agredidos por la policía tras un registro por unos moviles. El viernes 15, pusieron una queja al juez desde lo que les habían trasladado los internos. Ambas entidades forman parte del Colevtivo CIEs NO, que emitió ayer, día 16, la siguiente nota de prensa.
Tan sólo dos meses y tres días después de la reapertura del centro de internamiento de extranjeros de Madrid, las personas internas denuncian haber sufrido agresiones por parte de varios agentes de la Policía Nacional.
En un escrito firmado por medio centenar de personas internas se relata cómo varios agentes de policía que parecían estar bajo los efectos del alcohol se adentraron en las celdas la pasada noche del 14 de febrero entre las 23:00 y las 24:00, propinaron varios golpes en forma de porrazos, patadas en la cabeza y puñetazos a varios compañeros y profirieron insultos en su contra. Según hacen constar en el escrito, un compañero que perdió la consciencia a causa de los golpes y sangraba mucho desapareció del centro y no se sabe dónde se encuentra desde entonces; según explican, la familia de este interno tampoco ha conseguido localizarile, a pesar de haberse puesto en contacto con varios hospitales de la capital. Asimismo, las personas internas afirman que los partes de lesiones emitidos por el servicio sanitario del CIE no reflejan adecuadamente las consecuencias físicas de las presuntas agresiones policiales y aportan varias imágenes que muestran las lesiones.
En el escrito también refieren que se han producido otros episodios de violencia policial en los últimos días, entre los que destaca el presunto estrangulamiento de una mujer en su celda hasta quedar inconsciente.
Por último, explican que existen otras deficiencias en el funcionamiento del centro como la escasez de comida o de mantas y hacen alusión a otras cuestiones que quisieran denunciar directamente en persona por temor a sufrir represalias.
Algunas personas internas y las entidades sociales que están acreditadas para la realización de visitas en el CIE han puesto estos hechos en conocimiento del juzgado de control y del Defensor del Pueblo a fin de que se investiguen y se esclarezca lo sucedido, de que se depuren las responsabilidades pertinentes y de que se proceda a adoptar medidas urgentes para garantizar la protección de los derechos de las personas internas.
A la luz de los hechos denunciados por las personas internas en el CIE de Aluche, desde CIEs NO Madrid exigimos que la justicia actúe en busca de la verdad: es inconcebible que, cada vez que el CIE está en funcionamiento, en distintos momentos, todos los años, diferentes personas internas, denuncien una y otra vez hechos muy similares y que jamás se deriven consecuencias jurídicas de estas denuncias, porque siempre terminan por archivarse. Un CIE en activo es sinónimo de violaciones impunes de los derechos de las personas internas, la historia lo demuestra. Ya está bien. Basta de ignorar las vulneraciones de derechos que comete el propio Estado. Basta de opacidad. Basta de impunidad. Basta de injusticia.
Por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones. CIEs NO Madrid
CÍRCULO DE SILENCIO en solidaridad con los inmigrantes – 2.2.24 en Callao (Madrid) de 20.30 a 21.30 –
Porque los delegados de migraciones de la Iglesia española acordaron que lo celebraran, en una u otra forma, todas las diócesis (más explicación y materialesen esta entrada).
Porque se está atentando contra la dignidad de las personas migrantes. Porque sigue habiendo muertes injustas, fronteras fortaleza. Porque los medios de comunicación y nuestros políticos manipulan el significado de nuestro vocabulario y de muchas conciencias. ¡Seguiremos denunciando toda ley y acto contra las personas migrantes!
¿Qué son los Círculos de Silencio?
Una acción NO VIOLENTA en solidaridad con las personas inmigrantes y de reivindicación de los derechos de todas las personas. Defendemos la noviolencia como el camino a seguir y a descubrir, que ponga siempre la conciencia por encima de la ley.
