PETICIÓN DE LA VICARÍA PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL DE MADRID PARA QUE EL CAPELLÁN DEL AEROPUERTO DE BARAJAS TENGA ACCESO A LAS SALAS DE INADMITIDOS Y SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL
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Categoría: Intervención sociopolítica
Cruz Roja renuncia a trabajar en las salas de asilo de Barajas
CRUZ ROJA RENUNCIA A TRABAJAR EN BARAJAS ANTE EL CAOS CON LOS SOLICITANTES DE ASILO
La retirada es “temporal”, “hasta que se solucione” la situación, según el director del Área de Migraciones de la organización
[María Martín para El País, 22.1.24; imagen El Confidencial]
La Cruz Roja ha renunciado a estar en el aeropuerto Madrid-Barajas para atender a solicitantes de asilo. La organización se marcha tras varias semanas en las que el alojamiento de cientos de personas que pidieron asilo en el aeródromo se ha convertido en un caos. El inusual volumen de peticiones de protección internacional que se vienen registrando en el aeropuerto no solo ha puesto en evidencia la falta de recursos para atenderlas, sino la incapacidad de ofrecer unas condiciones dignas de alojamiento. Desde octubre, se repiten las escenas de hacinamiento, suciedad, personas durmiendo en el suelo y chinches. “Las condiciones en las salas no nos permiten hacer nuestro trabajo. Hacemos asistencia psicosocial, identificamos perfiles vulnerables, y la cantidad de gente que hay no te permite saber ni cuántos son, mucho menos sus necesidades”, explica el director del Área de Migraciones de Cruz Roja, José Javier Sánchez Espinosa. “Venimos denunciando esta situación desde hace mucho tiempo. No nos vamos de un día para otro”, añade. La retirada de la organización será “temporal”, según Espinosa. Hasta que se solucione la situación.
Según fuentes presentes en el aeropuerto, este lunes había 400 personas en tres salas, con una capacidad total de unas 120 personas, esperando una respuesta a su solicitud.
La Cruz Roja, además de dedicar una primera atención a los que llegan, tenía subcontratado el servicio de limpieza. “Llegó un momento en el que no había espacio físico para hacer la limpieza”, mantiene Sánchez. La higiene ha sido uno de los problemas principales en Barajas, entre otras cosas porque los empleados se negaron a trabajar en la sala de la T4 cuando se supo que había chinches, a principios de diciembre.
La labor de la Cruz Roja en el aeropuerto está subvencionada por el Ministerio de Migraciones. “Es una retirada temporal hasta que se solucione”, mantiene Espinosa. Para Cruz Roja la solución a este problema es que se deje entrar en territorio a estas personas mientras se estudia su petición o que se habiliten otros espacios, pero “no se puede mantener unas salas habilitadas para un número limitado de personas para el volumen actual”, añade Sánchez.
El Ministerio del Interior no apoya la decisión de la organización. “El Ministerio del Interior respeta la decisión tomada por Cruz Roja en las responsabilidades que tiene atribuidas, pero no la compartimos. Desde el primer momento hemos defendido la colaboración institucional como la mejor forma de resolver las incidencias, que se afrontan con más garantías desde todos los planos y con el esfuerzo y la cooperación de todos los actores implicados”, ha explicado el ministerio a los medios en un comunicado.
El departamento de Grande-Marlaska mantiene que ha reforzado el número de efectivos de Policía Nacional y de funcionarios de la Oficina de Asilo y Refugio, aunque no ha concretado el número. “Ante el incremento puntual de solicitudes, se ha reforzado la limpieza de las instalaciones y, en las últimas semanas, se han habilitado dos nuevos despachos para la realización de entrevistas, que se suman a las tres ya existentes, y se ha abierto una tercera sala para atender a los solicitantes”, añade la nota. El ministerio busca nuevas fórmulas para agilizar los trámites.
Tres jueces requirieron el 22 de diciembre al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional que adoptaran “con carácter urgente” medidas que pusieran fin al “hacinamiento” que entonces sufrían 250 solicitantes de asilo ―entre ellos 19 menores― que se encontraban retenidos en diferentes salas del aeropuerto de Barajas. Hasta hace muy poco, esta vía para pedir protección en España que consiste en aprovechar una escala en Madrid para pedir asilo se usaba de forma marginal. Sin embargo, en pocos meses se ha incrementado notablemente. Del 1 de diciembre hasta el 15 de enero se tramitaron en el aeropuerto madrileño 847 solicitudes de protección internacional.
Para aliviar la congestión, el Ministerio del Interior pidió autorización a un juez para trasladar a medio centenar de los solicitantes de asilo al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), el lugar en el que se encierra a los inmigrantes antes de su devolución a sus países de origen. El juez aceptó el traslado el martes, pero la Fiscalía pidió la nulidad del auto judicial dos días después al entender que la condición de solicitantes de asilo no puede equipararse a la de extranjeros en situación irregular. El juez terminó revocando la decisión y se declaró sin competencias para decidir sobre las dependencias en las que deben de esperar los solicitantes de asilo hasta que se resuelve su solicitud.
Entre los solicitantes de asilo hay refugiados procedentes de países en descomposición, como Somalia, pero en las últimas semanas la brecha se ha abierto y han llegado decenas de marroquíes y senegaleses, cuyas situaciones no necesariamente cumplen las condiciones para recibir protección. En el caso de estas nacionalidades, la policía denuncia que habían destruido su documentación, lo que, por un lado, les permite simular otra nacionalidad con más posibilidades de recibir protección y, por otro, dificultan su expulsión una vez se rechace su petición. Al no tener pasaporte, las nacionalidades de los que están llegando son difíciles de confirmar. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha hablado de un “uso fraudulento de las escalas” aeroportuarias, mientras que fuentes policiales consideran que se está haciendo un “uso torticero del asilo”.
El Tribunal Supremo ve ilegal la devolución de 45 menores a Marruecos
EL TRIBUNAL SUPREMO CONFIRMA QUE FUE ILEGAL LA DEVOLUCIÓN A MARRUECOS DE 45 MENORES
– Sentencia completa –
[foto Antonio Sempere para Europa Press]
En mayo de 2021 se produjo una entrada masiva de inmigrantes marroquíes a Ceuta. Como describe El País (también Alfa y Omega), «la ciudad autónoma de Ceuta se encontró con que debía hacerse cargo de unos 700 menores que también habían traspasado la frontera. La atención a estos niños y adolescentes estuvo en entredicho desde el principio. Primero, pasaron días alojados en un polideportivo en condiciones indignas; y después, en varios centros que se fueron improvisando. Entre el 13 y el 15 de agosto, bajo la batuta de Interior, se organizó una operación para llevar a cabo lo que el ministro Fernando Grande-Marlaska renombró como “retornos asistidos concertados”, es decir, la expulsión de los menores. En una serie de comunicaciones sin firma, tanto el Ministerio —que había negociado con Marruecos previamente las devoluciones— como la Delegación del Gobierno en Ceuta y el Gobierno de la ciudad se coordinaron para llevar a cabo la operación. De manera sorpresiva, fueron apareciendo en los centros varias furgonetas para llevarse a los chavales elegidos al otro lado de la frontera. El criterio para aparecer en un documento de Excel ad hoc fue, principalmente, la edad. Se escogió a los más mayores, sin tener en cuenta ninguna otra circunstancia. Se hizo sin el conocimiento del fiscal de Ceuta y en contra del criterio de la jefa del Área de Menores de la ciudad. En esos viajes en furgoneta, que Interior defendió siempre que estaban amparados por la ley, se devolvió a al menos 45 menores marroquíes, unos 15 al día. En las sucesivas sentencias dictadas desde entonces, los jueces han pedido que se localice a los adolescentes que recurrieron su expulsión, pero seguir la pista a aquellos chicos a lo largo de estos dos años y medio ha sido complicado incluso para las ONG que los asistieron. Algunos, de hecho, volvieron a colarse en España poco después de que los mandasen de vuelta a su país».
La Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes y varios menores denunciaron aquella situación. Y el Tribunal Supremo ha confirmado que la devolución levada a cabo por las autoridades españolas en agosto de 2021 fue ilegal por la “absoluta inobservancia” de lo previsto en la Ley de Extranjería. Esa ley exige que, antes de proceder a una devolución, se abra un procedimiento administrativo individual a cada afectado, se recabe información sobre él, se celebre una audiencia con el menor si tiene madurez y se reclame la intervención de la Fiscalía. Nada de eso se respetó en aquella ocasión. El tribunal, de acuerdo con el ministerio público, considera por tanto que se vulneraron los derechos y la integridad física y moral de los menores devueltos a Marruecos. La Sala argumenta que dicho menoscabo de la integridad de los menores opera cuando se pone a una persona en serio peligro de sufrir un padecimiento corporal o psíquico. E incide en su pronunciamiento en que no puede negarse que algo así ocurriera en este caso, cuando la Administración no valoró el interés de los menores ni comprobó sus circunstancias individuales. El debate se centra en si el acuerdo entre España y Marruecos de cooperación para la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, del 6 de marzo de 2007, era suficiente por sí solo para fundamentar la decisión del retorno de los menores expulsados. O si, por el contrario, era preceptivo seguir los trámites establecidos en la Ley de Extranjería para estos casos. El Supremo concluye que el acuerdo no constituye por sí solo una razón legal suficiente para decidir el retorno de los menores. Tenían que haberse cumplido los requisitos y procedimientos previstos en la Ley de Extranjería, pero no se hizo, advierte el tribunal. Además, la resolución considera que la inobservancia de trámites procedimentales se refuerza por lo establecido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en cuyo artículo 4 del Protocolo cuarto dicta que “quedan prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros”.
Lea completa el desistimiento por parte del Tribunal Supremo del recurso de casación:
Véanse en El País las declaraciones del Ministro del Interior, Grande-Marlaska.
Petición de Respuesta de las Administraciones
[descarga el documento en PDF]
Audio de José L. Segovia -primer firmante- sobre esta petición:
Mesa por la Hospitalidad
de la Archidiócesis de Madrid.
PETICIÓN DE RESPUESTA DE LAS ADMINISTRACIONES.
La Mesa por la Hospitalidad, apelando a la Ley de Transparencia,
ha entregado el siguiente escrito el 8 de enero de 2024,
al Registro del Ministerio de Migraciones,
la Comunidad de Madrid,
y el Ayuntamiento de Madrid.
Al departamento correspondiente:
- MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES – Secretaría de Estado de Migraciones.
- COMUNIDAD DE MADRID – Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.
- AYUNTAMIENTO DE MADRID – Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad.
[Descarga la carta en PDF en este enlace]
Madrid, 8 de enero de 2024.
La Mesa por la Hospitalidad de la Archidiócesis de Madrid la componemos la Delegación de Migraciones, Cáritas Madrid, la Comisión de Justicia y Paz, CONFER Madrid, la Comunidad de Sant’Egidio, Pueblos Unidos, y la Asociación SERCADE. Estas entidades venimos gestionando numerosos programas de atención a personas en situación de exclusión socioresidencial desde hace décadas en la Comunidad de Madrid: programas de acogida desde el territorio, activación de la comunidad cristiana para el acompañamiento, centros y servicios especializados, propuestas para la integración y la inclusión social, etc.
En las últimas semanas, creemos que vinculado con el incremento de las entradas de personas desplazadas y por la dificultad de ser atendidas, hemos visto un aumento significativo de nuevos ingresos en nuestros recursos. Del goteo anterior de incorporaciones diarias hemos llegado, en algún caso, a quintuplicar dichos ingresos. Los recursos que gestionamos, así como los que gestionan entidades y redes hermanas en el ámbito de la exclusión socioresidencial, están completos, con listas de espera, y cada día con más y más personas desatendidas por la falta de respuesta.
El ya recurrente bloqueo al sistema de protección internacional y los recursos que podrían garantizar un cierto sustento -aunque temporal y limitado- a dichas personas sigue igual, dejando a miles de ellas sin alternativa. El Programa de Atención Humanitaria del Ministerio de Inclusión, garante de la primera acogida y primer rostro del marco estatal de protección social que las personas migradas obtienen, se vio reducido de tres meses de atención a uno solo desde el mes de junio pasado, lo que incrementa el número de personas que son arrojadas a la calle en situación de vulnerabilidad.
Las redes informales de apoyo ciudadano y eclesial que desde la Mesa por la Hospitalidad podemos activar están sobrepasadas.
Por todo ello, preguntamos a las tres administraciones implicadas: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid:
¿Cuál es el plan previsto por su administración a nivel político -y práctico, concreto- para resolver la situación actual de colapso de los servicios sociales de emergencia y de atención a personas migrantes en el ámbito de la Comunidad de Madrid y de la ciudad de Madrid en particular?
¿Cuáles están siendo las acciones que desde su administración se están haciendo para coordinar con el resto de las administraciones y con el tercer sector y la sociedad civil?
Rogamos que, en cumplimiento de la Ley de Transparencia 19/2013, de 9 de diciembre, de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid y de la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid, de 27 de julio de 2017, a la que están respectivamente sujetos, respondan con la mayor agilidad posible.
Atentamente,
Por la MESA POR LA HOSPITALIDAD DE LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID, José Luis Segovia Bernabé, Vicario episcopal, DNI —, C/. Bailén 8. 28013 Madrid.
• Asociación SERCADE.
• Cáritas diocesana de Madrid.
• Comisión diocesana de Justicia y Paz.
• Comunidad de Sant’Egidio – Madrid.
• CONFER Madrid.
• Delegación episcopal de Migraciones.
• Pueblos Unidos.
La vergüenza del Pacto Migratorio de la UE
LA VERGÜENZA DEL PACTO MIGRATORIO DE LA UE
[Entrada publicada el 20.12.23. Última actualización 12.1.24]
Ante el vergonzoso Pacto Migratorio acordado por la Unión Europea, reproducimos -de entre los muchos artículos de colectivos y ONG- el Decálogo publicado en almena, elaborado por: organizaciones contra el Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Tras él, ofrecemos una amplia selección de documentos que desarrollan igualmente el daño a los Derechos Humanos que supone este Pacto.
Decálogo: un Pacto contra los Derechos Humanos
La propuesta de Pacto Europeo de Migraciones y Asilo (PEMA) que la UE quiere anunciar en las próximas semanas es contraria a los Derechos Humanos porque incluye:
1. Fronteras como espacios en los que no aplica la legalidad. La propuesta de Pacto permitirá crear una ficción de no-entrada según la cual las personas que lleguen por vías irregulares a Europa no se considerarán en territorio europeo, a pesar de encontrarse en el territorio. El «procedimiento previo a la entrada» convertirá definitivamente las fronteras en limbo legal y normalizará una política de hotspots o puntos calientes, como los ya existentes en Lesbos o Canarias, que fuerzan a las personas que llegan a Europa a ingresar en centros aislados en zonas remotas, en condiciones similares a la detención y sin acceso a la necesaria asistencia jurídica, médica o psicosocial.
2. Mayor discriminación y menos garantías de acceso al asilo. La aplicación del «procedimiento en frontera» implicará que personas que necesiten y quieran pedir asilo deban hacerlo desde la frontera, en plazos acelerados y con menos garantías legales. Este procedimiento será obligatorio para nacionales de países con una tasa de reconocimiento baja y se aplicará, incluso, a personas en situación especialmente vulnerable, incluyendo a infancia y familias. Esta medida vulnera el principio de no discriminación y es contraria a la obligación legal de analizar individualmente cada solicitud de protección internacional.
3. Normalización de las detenciones masivas, incluso de menores. En la práctica, los nuevos procedimientos fronterizos obligarán a las personas migradas a permanecer en condiciones de privación de libertad durante un tiempo de hasta seis meses, en espacios fronterizos o zonas de tráfico y sin medidas de protección efectivas. La propuesta de Pacto promueve detenciones incluso, de familias y niños/as a partir de los 6 años durante largos períodos de tiempo, en dispositivos de detención sin especificar.
4. Un sistema indiscriminado de expulsiones exprés. La propuesta de Pacto utiliza los conceptos de «tercer país seguro» y de «país de origen seguro» para denegar solicitudes de protección internacional según nacionalidad y limitar el acceso a procedimientos de asilo justos. La definición de «tercer país seguro» queda diluida a discreción de cada Estado miembro sin garantías de que las personas sean protegidas, vulnerando así el principio de no devolución. En los casos de denegación, el Pacto activa la «directiva de retorno inmediato», que permitirá alargar la detención y acelerar la deportación, incluso de personas en proceso de apelación.
5. Más presión en los países de llegada a la Unión Europea que, como España, asumen ya un mayor esfuerzo del acogida. Lejos de crear un mecanismo de corresponsabilidad entre los 27 estados miembros para la reubicación de personas solicitantes de asilo, la propuesta del Pacto mantiene la obligatoriedad de pedir asilo sólo en el primer país de llegada y alarga la responsabilidad de estos estados. Esto obstaculiza la reunificación familiar y agrava la ineficiencia y la desigualdad entre los sistemas de asilo de los distintos estados de la UE.
6. Un sistema injusto de solidaridad a la carta. En lugar de establecer un sistema obligatorio que permita reubicar a las personas refugiadas en el conjunto del territorio europeo y repartir responsabilidades entre países para cumplir las obligaciones de acogida, el Pacto establece un sistema flexible que permite pagar por no acoger. Así, algunos países podrían evitar sus obligaciones de protección internacional y financiar a cambio, con 20.000 euros por persona rechazada, deportaciones y acciones de control fronterizo, incluso en terceros países.
7. Vía libre en los países de la Unión Europea para saltarse las obligaciones internacionales. Con la aplicación del ‘Reglamento de Crisis’, el Pacto permitirá a los estados alegar una situación de «crisis», «instrumentalización» o «fuerza mayor» para incumplir aún más sus obligaciones de acogida. Aunque no se define qué se entiende por situación de crisis, instrumentalización o fuerza mayor, este mecanismo amplía las derogaciones y excepciones al derecho de asilo, erosiona el ya precario sistema de asilo europeo y convierte la gestión migratoria en la gran excepción para los derechos humanos.
8. Mayor criminalización de las personas que migran. El Pacto consolida un enfoque securitario de las políticas migratorias de la Unión Europea. Fortalece el papel y los recursos de Frontex como agencia responsable del control fronterizo, persigue a aquellas personas u organizaciones que inciten, según la UE, a entrar en Europa sin autorización y aumenta las penas a personas acusadas de tráfico de seres humanos que a menudo son sólo un miembro más del grupo de personas en migración. Además, el Pacto contempla la posibilidad de reintroducir controles en las fronteras interiores de la UE.
9. Herramientas digitales para la vigilancia masiva de las personas migradas. Mediante la reforma del EURODAC (la base de datos europea de personas migradas y solicitantes de asilo), el Pacto permitirá diversificar y aumentar la recogida de datos especialmente sensibles y que deben estar absolutamente protegidos; como datos biométricos de la cara, incluso de niños de seis años. Además, el Pacto permitirá cruzar esta información con datos policiales, lo que promoverá el perfilamiento y discriminación racial.
10. Evita la aplicación de vías legales y seguras y delega la gestión migratoria en terceros países. El Pacto refuerza la tendencia europea de externalización de las fronteras, lo que implica delegar la gestión de las migraciones a otros países a cambio de beneficios comerciales y acuerdos de cooperación condicionada. La UE y sus miembros pactan con países como Libia, Túnez, Níger o Marruecos a cambio de evitar, cueste lo que cueste, las llegadas a Europa. Por el contrario, la aplicación de vías legales y seguras que posibiliten la migración regular y con garantías es una pieza inexistente en el Pacto, que no incluye ninguna medida para evitar las vulneraciones de derechos y muertes en las rutas migratorias de acceso a Europa, ni para erradicar la violencia institucional en las sus fronteras y una vez dentro.
— Más documentación — — —
- ACCEM,Preocupación por el Pacto europeo sobre migración y asilo y la falta de vías legales y seguras.
- AMNISTÍA INTERNACIONAL, El acuerdo sobre Pacto Migratorio provocará un aumento del sufrimiento.
- ANDREA RICCARDI, fundador de la Comunidad de Sant’Egidio, l’Unione Europea considera il migrante – anche il minore – come un «nemico».
- CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA – Subcomisión para las Migraciones y Movilidad Humana, Decepción ante una oportunidad perdida para mejorar políticas y leyes vigentes respecto a la acogida y protección de migrantes y refugiados en Europa.
- DELEGADO DE MIGRACIONES DE MADRID -Rufino García, audio: Sobre el Pacto de Migraciones y sobre el Comunicado de la Mesa por la Hospitalidad.
- EUROPA PRESS. Medio centenar de organizaciones condenan el Pacto Migratorio.
- JESUIT REFUGEES SERVICE, EU MIGRATION PACT: A historic low for the common EU Asylum System.
- JUSTICIA Y PAZ ESPAÑA, No pervertirás la justicia debida al forastero (Deuteronomio 24:17).
- MANUEL DE LA ROCHA RUBÍ (presidente del MPDL). [artículo en EL País bajo suscripción] El pacto europeo, una oportunidad perdida.
- MÉDICOS SIN FRONTERAS, El Pacto de la UE sobre Migración y Asilo no es una solución.
- OXFAM INTERMÓN, Un Pacto Migratorio a un alto precio.
- SAVE THE CHILDREN, La UE planea rebajar a los 6 años la edad de detención y deportación.