CRECER SIN PAPELES EN ESPAÑA
Cerca de 150.000 niños y adolescentes extranjeros en nuestro país ven vulnerados sus derechos fundamentales como consecuencia de la irregularidad administrativa
[Ilustración de Heidi, niña hondureña de ocho años sin papeles]
[Gonzalo Fanjul -director de investigaciones de Por Causa–
y Andrés Conde -director general de Save the Children España–
para El País de 6.3.21]
Ustedes no son conscientes, pero se han cruzado con ellos en muchas ocasiones. Puede incluso que les hayan invitado al cumpleaños de alguno de sus hijos o compartan las excursiones de su grupo scout. Se llaman Sady, Sheriff, Micaela, Daniel, Lamina, Ana. Les han visto de la mano de sus hermanos, entrando en el colegio. O sentados en el extremo del andén, esperando el metro. Su rutina está empapada por el miedo. El miedo a ser identificados en la puerta de un parque, a poner un pie en un ambulatorio, a despertar cualquier sospecha que atraiga la atención de las autoridades y destruya de un plumazo el camino recorrido y las esperanzas acumuladas durante años.
Olviden la propaganda alarmista que hayan escuchado sobre los menores extranjeros que viven en nuestro país. La realidad es infinitamente más pavorosa. Para uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes migrantes que forman parte de nuestra sociedad, la irregularidad administrativa supone lo más parecido a vivir en un régimen de apartheid.
Los próximos meses ofrecen la oportunidad de poner fin a esta injusticia insoportable.
Un estudio presentado esta semana por nuestras organizaciones —Save the Children y la fundación por Causa— ofrece una fotografía ajustada de la infancia sin papeles en España, marcada por el elevado riesgo de pobreza y la vulneración de derechos fundamentales. Para los chavales extranjeros, la ausencia de un permiso de residencia y un número de identificación personal obstaculiza la educación en todas sus fases, les enfrenta a la arbitrariedad de las instituciones sanitarias, les excluye del acceso efectivo a la protección y la justicia, multiplica su vulnerabilidad frente a la violencia, los abusos físicos y mentales, e incluso la explotación y la trata. En lugares como Melilla, esta situación alcanza niveles kafkianos, con la invisibilización de niños nacidos en la propia ciudad pero expulsados del sistema educativo por carecer de determinados papeles.
La magnitud de este desafío debería hacer saltar todas las alarmas de un Estado de derecho. De acuerdo con nuestras estimaciones, alrededor de 147.000 niñas y niños migrantes se encuentran hoy en esta situación (ver gráfico). Aproximadamente la mitad de esta población tiene menos de 10 años y la inmensa mayoría procede de América Latina, de donde miles de familias han llegado a España en los últimos años huyendo del derrumbe institucional y la violencia. Las comunidades autónomas más pobladas –Cataluña, Madrid, Valencia y Andalucía– presentan los números absolutos más altos de infancia sin papeles, pero es en otras comunidades donde la concentración es mayor. Asturias y Galicia, por ejemplo, tienen tasas de irregularidad en niños y niñas superiores al 35%.
El punto de partida de esta conversación debería ser simple: incluso en el intrincado y polarizado debate de las políticas migratorias es posible llegar al acuerdo de que un niño es, por encima de cualquier otra cosa, un niño. Las demás consideraciones administrativas y políticas acerca de su situación legal o la de sus padres quedan sujetas a esta idea principal. La protección y el bienestar de todos los menores de edad constituyen una obligación indiscutible de los Estados, además de un baremo de la dignidad de sus sociedades y la calidad de sus democracias.
No hay nada sencillo o rápido en la erradicación de la pobreza infantil, lo sabemos bien. Pero en este caso contamos con un as en la manga. La decisión política de regularizar a las familias inmigrantes con hijos resolvería automáticamente una parte considerable del problema al que hacemos frente. Como han hecho otros países comparables al nuestro por su contexto económico y político –desde Portugal, Italia y Francia hasta Canadá, Colombia y los Estados Unidos–, España puede aprovechar la situación abierta por la covid-19 para plantear medidas excepcionales que resuelvan problemas excepcionales. Una respuesta simple como la regularización puede ser determinante para reducir el sufrimiento de miles de niños y facilitar niveles mínimos de inclusión social, precisamente el compromiso firme que ha hecho este gobierno.
El tiempo corre en nuestra contra. De acuerdo con nuestras previsiones, la crisis derivada del coronavirus podría incrementar el número de personas inmigrantes en situación irregular en España en un número superior a los 160.000 trabajadores (un incremento del 42% sobre las cifras actuales). A eso hay que añadir la situación de irregularidad de los niños y las niñas derivada de los rechazos previstos a las peticiones de protección internacional, y que nuestro análisis ha estimado en unos 13.000 casos más.
La incorporación de los progenitores a la economía formal no solo reduciría de manera tangible la vulnerabilidad social de sus familias, sino que supondría un importante beneficio fiscal para el conjunto de la sociedad. De acuerdo con nuestros cálculos, los impuestos directos y contribuciones a la Seguridad Social de los trabajadores regularizados llegarían al punto de compensar casi de forma completa la inversión del Estado en la salud y educación de sus menores a cargo.
La pregunta no es si se debe regularizar a cerca de 147.000 niños inmigrantes en nuestro país, sino cuándo y cómo se va a hacer. Si les surge alguna duda, miren a los ojos de sus hijos y pónganse en la situación de Salka, de Mustafá, de Heidi y de Gabriel. Todo a partir de ahí es más simple.
Un año más, el Servicio Jesuita a Migrantes ha elaborado el Informe CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros). Este de 2020, el undécimo, lleva por título «Razón jurídica y sinrazón política». La mirada se dirige hacia el internamiento en tiempos de coronavirus, con especial atención a la insuficiente atención sanitaria, dando cuenta de la resolución de responsabilidad patrimonial del Estado en el caso Samba Martine. El informe aborda el diseño del proyecto de nueva construcción en Algeciras-Botafuegos y el plan de inversión en los CIE entre 2019 y 2024, ya que pocos indicadores de voluntad política hay tan fiables como el esfuerzo presupuestario en un modelo de internamiento tan problemático desde la perspectiva de los derechos humanos.
