MIGRANTE Y CON HIJOS, LA FÓRMULA PARA NO ENCONTRAR PISO EN MADRID
“Apenas dije ‘niños’, no volvió a contestar”
Los precios en alza y los requisitos imposibles marginan del mercado inmobiliario a hogares vulnerables con menores
[TEXTO Y FOTO («Wendy Rodríguez y su hijo Milán, después de recoger alimentos en una ONG de Madrid, en septiembre de 2025») de JUAN JOSÉ MARTÍNEZ para El País de 5.11.25]
Wendy Rodríguez (28 años, Colombia) paga 500 euros por una habitación subalquilada en Madrid, en donde se aprietan ella, sus dos hijos y su esposo, sin tratar de molestar a la casera —que vive en la habitación contigua con su familia y los ha expulsado varias veces—. Wendy describe una campaña de acoso contra los suyos: “Nos esconde la licuadora, los cuchillos, nos bota la comida […], nos desempadronó justo cuando estábamos haciendo los documentos del bebé y algunas noches pone el cerrojo con nosotros afuera”. No se van por razones similares a las de múltiples familias con niños entrevistadas por este diario: la oferta restringida, los precios desorbitados y las exigentes condiciones empujan a la infravivienda y hasta el sinhogarismo a cientos de familias en Madrid, especialmente migrantes, monoparentales o con integrantes con discapacidad.
“Es desesperante ver que a ti te piden la habitación sin ningún argumento, solo porque tienes dos hijos. Yo le decía una vez a mi esposo que esto me parece un tipo de discriminación”, comenta Wendy, con su hijo Milán, de 13 meses, en brazos.
El padre, Luis Alexander Rodríguez (30 años, Colombia), obtuvo el permiso legal de residencia hace cuatro meses, lo que le permite trabajar como camarero, con un salario que les permitiría alquilar un piso en el extrarradio de Madrid, si la posibilidad de pagarlo fuera garantía para ello. “Nos piden nómina, que llevemos en el trabajo dos años, y que tengamos ahorros”, explica la colombiana, cuya condición de migrante, sin historial crediticio ni laboral, la ha condenado a vivir en habitaciones de alquiler. “Los niños no son libres porque tenemos que estar guardados en la habitación, solo tienen libertad cuando salimos al parque”.
Hace unos días, Wendy contactó con un casero que ofertaba una habitación por 650 euros fuera de la M-30. “Apenas dije ‘niños’, no volvió a contestar”, narra, antes de mostrar en su teléfono otras conversaciones con respuestas como “no se aceptan niños, qué pena, lo siento”, o “niños, a partir de 10 años”.
Ahora mismo, solo le queda una opción: “Una habitación en Ciempozuelos en donde tendríamos que pagar 700. Me reciben con los niños, pero es un edificio de okupas. No tenemos la garantía de que nos vayan a empadronar y de que mi hija puede estudiar allá”.
La presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS), Carmen Flores Rodríguez, ha resaltado que el hecho de tener hijos “es para una inmobiliaria una situación de mayor riesgo”, por lo que “a quienes son más vulnerables y con menos capacidades económicas, incluso les piden mayores documentos y una mayor fianza”.
La activista, con más de tres décadas de movilización por la igualdad y la visibilización de la monoparentalidad, añade que desde la gestación emergen los obstáculos para encontrar un techo. “Al estar embarazada es más fácil que la mujer pierda el empleo”, lo que es un mal precedente ante propietarios e inmobiliarias.
Las familias monoparentales —más de 250.000 en la Comunidad de Madrid— o con miembros con discapacidad –cerca de 30.000, según la Administración regional– sufren “una capa más de vulnerabilidad”, en palabras de la portavoz de FAMS: “A la gente, en general, le asustan las situaciones que no son las más habituales: en cuanto hay algo diferente, ponen excusas para alquilar”.
Ana Lucía Ávila (28 años, Perú) sabe de lo que habla la presidenta de FAMS porque lo ha vivido en sus carnes. Narra haber sido estafada, rechazada por los servicios sociales, alquilada en un edificio okupado y finalmente inquilina por 800 euros la habitación. “Busqué mucho, pero cuando les decía que tenía cuatro hijos me decían que no”, narra esta madre que, tras meses de periplo, convenció a una señora en Parla de que le alquilara una habitación por 600 euros, eso sí, “con dos fianzas y un mes de alquiler por adelantado”.
Ana Milena Hernández (40 años, Perú) se une a la denuncia: “Nos alquilan por dos o cuatro meses, no nos permiten empadronarnos y no nos hacen contrato con la excusa de que viene un familiar… nos cierran la puerta porque tenemos una criatura, o sea, a mí se me caen las lágrimas“. Esta madre, su esposo y su hija de dos años viven en un piso de cuatro habitaciones, donde habitan cuatro familias distintas, la única con niños es la de ella. “Ya nos dijeron que hasta este fin de mes podemos quedarnos porque va a venir un familiar”.
Hernández tiene “un trabajito en negro, cuidando a una abuela”, que le da “prácticamente para pagar la habitación”. “Como usted ve, no nos podemos dar el lujo ni de comer carne ni de comer pescado”, asegura desde una de las filas de reparto de alimentos gratuitos en el distrito de Tetuán.
“Que los niños pintan las paredes”, o “que no nos pueden sacar del piso si somos okupas por tener menores de edad”, son dos temores que cree haber identificado Hernández en los propietarios que le han negado el alquiler de una vivienda.
Una de cada cuatro familias en España vive en alquiler. En 2010, era una de cada cinco, según cifras de Eurostat, citadas por el Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. El último boletín anual del Observatorio revela que la población en viviendas alquiladas o cedidas ha alcanzado el 26,3% en 2024, cada vez más cerca de la media de la UE, del 31,6%.
España, el segundo país con mayor número de propietarios de la UE, ha empezado a tender hacia el alquiler. La eclosión de las habitaciones en piso compartido bulle en los oráculos digitales de la vivienda, donde la oferta no es la misma para todos. En Idealista, se ofertan más de 6.000 habitaciones en la capital de Madrid, de las cuales solo quedan 137 al aplicar el filtro “admite menores de edad”. Incluso, muchas de las que sobreviven al tamizaje aclaran en la descripción que “solo se admiten chicas solas”.
“No encuentro un lugar donde estar con mi bebé”, asegura una madre soltera que habla bajo anonimato, por temor a ser expulsada del albergue municipal en el que se encuentra, después de que su primera casera le incrementará 100 euros al alquiler, tras el nacimiento de su hija A., de menos de un año. Se fue, pero el nuevo casero no tardó en comunicarle que “no quería nada de bebés”.
La migrante de 24 años relata que la trabajadora social del Ayuntamiento que la acompaña le dijo que “si no tenía a dónde ir, lo único que podían hacer era llamar a [centro de menores de] Hortaleza y que ellos se van a dedicar a mantener al niño”.
Los programas municipales dirigidos a familias en problemas para encontrar un techo suman cerca de 200 plazas para estancia temporales de entre tres y seis meses, repartidas en al menos cinco recursos. Destaca el centro de acogida municipal Mejía Lequerica, que ofrece 128 cupos temporales para familias migrantes en emergencia habitacional.
Flores manifiesta que los recursos públicos “evidentemente son insuficientes”, por lo que, remarca, “somos las entidades del tercer sector —entidades privadas sin ánimo de lucro— las que estamos dando soluciones a estas familias”.
Otros que no hallaron buen techo en la capital han apostado por buscar un futuro en el campo, como la familia López Zárate, que pasó de pagar 750 euros por una única cama en un piso compartido en Madrid a pagar 350 euros por una casa de 200 metros y jardín en Pesquera del Duero, un municipio vallisoletano de 423 habitantes.
“En Madrid tuvimos problemas con los niños porque nadie nos quería alquilar. Y lo poco que había era demasiado caro: 700, incluso 800 euros por habitaciones pequeñas”, señala la madre (30 años, Perú), hoy sorprendida al descubrir que sus hijos, “no quieren volver a Madrid”.
